MÉXICO, D.F., (apro).- La organización internacional Artículo 19 evaluó hoy la gestión del presidente Enrique Peña Nieto y aseguró que la protesta social es vista en Los Pinos como un lastre con el que hay que lidiar. En su análisis, Leopoldo Maldonado, responsable del Programa Legal, dijo que la vida democrática demanda una ciudadanía activa que ocupe las calles y remueva a las instituciones cooptadas por intereses particulares. Maldonado destacó que si bien Peña Nieto prometió como candidato “proteger el ejercicio de ese derecho en todos los espacios públicos del territorio nacional y fomentar una cultura de respeto y tolerancia a todas las expresiones políticas”, en la práctica –subrayó--, no ha sido así. Atenco, dijo, fue “piedra de toque” del gobierno de Peña en el Estado de México y su campaña presidencial. “Y sigue siendo una reverberación del pasado que se acumula a los nuevos hechos que ponen en tela duda su vocación democrática”. Su visión de la protesta social, añadió, permea más allá de un suceso cuyas consecuencias siguen padeciendo los pobladores de San Salvador Atenco y que desembocó en dos personas muertas, cientos de detenidos y al menos 26 mujeres víctimas de tortura sexual. “Fue y es un discurso que cristaliza una forma de ejercer el poder, subrayó. Recordó que el 1 de diciembre de 2012, durante la ceremonia de transmisión del poder presidencial, las policías federal y capitalina exhibieron lo que se sería un actuar sistemático en manifestaciones subsecuentes: “la mano dura contra manifestantes y quienes documentan la protesta”. Los resultados fueron fatales y se tradujeron en cientos de detenciones arbitrarias, tortura y las lesiones graves que acarrearían la muerte del activista Francisco Kuykendall un año después. “Sin ambages, el nuevo presidente detonó la persecución de quienes se articularon en contra de su candidatura; aquellos a quienes entre dientes reconoció su ‘valor como movimiento’ (#Yosoy132)”. El oficial del Programa Legal de Artículo 19 sostuvo que a partir de ese hecho, “la élite política en connivencia con un gobierno federal mudo, pero condescendiente, optó por recrudecer los controles sobre el espacio público, ya no solamente contra estudiantes, sino contra otros sujetos y actores disidentes. “La receta ha sido desde ese momento leyes más restrictivas, mayores detenciones, ataques a la integridad personal, menos rendición de cuentas de los elementos policiales y sus mandos”. Manifestantes, periodistas y hasta transeúntes, agregó, han padecido la regresión autoritaria en la Ciudad de México, Puebla, Quintana Roo, Veracruz, Chiapas, Guerrero. En Iguala, Guerrero, la noche del 26 de septiembre y madrugada del 27 derivó en uno de los hechos que quedarán “en el memorial de la infamia”: 43 estudiantes normalistas desaparecidos, seis muertos y 27 heridos. A raíz de ello, apuntó, más protestas se detonaron, miles de personas que habían desistido de ocupar las calles desde hace años, salieron de nuevo. Son “desestabilizadores, violentos, bravucones”, atajó el gobierno de Peña Nieto. Según Maldonado, la acción jurídica de represión y criminalización alcanzó su cenit el 20 de noviembre del 2014 con 11 personas detenidas, llevadas a la Secretaría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y trasladadas a un penal de máxima seguridad en Veracruz, acusadas de asociación delictuosa, motín y otros delitos. “La protesta no es bienvenida para el actual habitante de Lo Pinos, su círculo cercano y aliados políticos en distintas regiones del país. Es vista como un lastre con el cual hay que lidiar, como una distorsión de la vida política; es exceso y sinónimo de caos”, soltó. Concluyó: “A mitad del gobierno peñanietista urge un viraje que garantice efectivamente el derecho de todas y todos a ocupar el espacio público para verter sus demandas e inquietudes. Menuda tarea para quienes con sus actos abjuran de los valores democráticos”.