MÉXICO, D.F. (Proceso).- ¿Cómo ser mujer y no pensar en los derechos reproductivos? ¿Cómo vivir en un país donde no están asegurados? Allí siguen los debates, las cifras, la guerra en torno al aborto y los anticonceptivos y la criminalización. Debates, casi todos, encabezados por hombres que tienen el lujo y el tiempo para dedicarse a ellos. No así en el caso de las mujeres expuestas en informe de GIRE, el Grupo de Información en Reproducción Elegida: mujeres y niñas sin justicia porque sus derechos reproductivos –derechos humanos– no son respetados. Mujeres encarceladas por abortar, mujeres maltratadas en las clínicas de salud obstétrica, mujeres discriminadas en el ámbito laboral por estar embarazadas. Muestra de que en México los derechos reproductivos son negociables, alienables. Son derechos que el gobierno cree que puede quitar u otorgar en vez de simplemente reconocer o proteger. Como en el caso de Rosa María, obligada a aceptar la anticoncepción forzada. O los 17 estados que no consideran la esterilización forzada como delito. O que persista una seria demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos en los estados de Chiapas, Michoacán y Oaxaca. O que México tiene la tasa de natalidad más alta entre mujeres adolescentes, de 15 a 19 años. O que estos problemas son sistemáticamente peores entre mujeres indígenas que sufren esterilizaciones forzadas, malos tratos en los servicios de salud y falta de acceso a información en su idioma. Caso tras caso de mujeres a lo largo del país cuyo cuerpo es un tema legislativo o un botín político. La ley –o la ausencia de ella– legisla el tamaño, los lineamientos y las fronteras del cuerpo femenino. Como argumenta Roxane Gay en el libro Bad Feminist, demasiados políticos y moralistas están tratando de definir lo que debe ocurrir con el cuerpo de la mujer, cuando ella debería tener la capacidad de decidir por sí misma. Margaret Sanger, pionera en temas de derechos reproductivos, estaría horrorizada hoy al ver que casi un siglo después de que abrió su primera clínica seguimos peleando la misma batalla. El reporte de GIRE lo revela. El acceso a anticonceptivos no está disponible para una gran parte de la población. Sanger y tantas más han luchado por los derechos reproductivos porque sabían –como lo sabe GIRE– que la calidad de vida de una mujer sólo mejora cuando tiene acceso a anticonceptivos. Cuando no tiene que arriesgarse a un aborto inseguro en un sitio insalubre. Cuando ella puede asumir la responsabilidad de prevenir un embarazo indeseado porque con demasiada frecuencia los hombres no quieren hacerlo. Cuando sus derechos son reconocidos como inalienables. Estamos lejos de ese lugar. En Aguascalientes, Diana intentó terminar su embarazo dados los riesgos de salud que implicaba. Le informaron que la legislación del estado no lo permite. Que el delito de aborto no es punible sólo en caso de grave peligro de muerte o cuando el embarazo haya sido producto de una violación. Tuvo que trasladarse al DF. Como tantas otras mujeres que viven en estados con causales de aborto restrictivas y enfrentan obstáculos casi insuperables para terminar su embarazo, aun en casos de violación. Como Rosa en el estado de México. Como Carmen y Carlota en Hidalgo. Como una de cada cuatro niñas en México que sufre abuso sexual antes de cumplir 18 años y seis de cada 10 abusos sexuales son cometidos en el hogar, por familiares cercanos. Y la lucha de siempre –la despenalización del aborto– no avanza como debería por motivos políticos. Por motivos electorales. Por dinámicas partidistas. Por gobernadores que ofrecen la despenalización pero después no se comprometen con ella. Condenando así a mujeres como Hilda en San Luis Potosí a un año de prisión por el delito de aborto. Convirtiendo así a quienes abortan en delincuentes, en 17 estados que han reformado sus constituciones para proteger la vida desde la concepción. Limitando así los derechos reproductivos de las mujeres. Encarcelando a quienes buscan ejercerlos. Enviando así el mensaje de que hay una manera “correcta” de ser mujer, y que tener hijos en cualquier circunstancia forma parte de esa definición. Una mujer “buena” es encantadora, educada, poco protagónica. Una “buena” mujer se contenta con ganar 77% de lo que gana un hombre. Una mujer “buena” es modesta, casta, devota, sumisa. Y quienes no se adhieren a estos estándares son indeseables, caídas, malas. Son objeto de maltrato legítimo por las instituciones de salud pública, por hospitales privados, por médicos responsables de violencia obstétrica, de muerte materna. Todo lo que GIRE reporta, documenta, presenta. El retrato doloroso de un país donde la mitad de la población todavía no tiene o ejerce sus derechos plenamente. El retrato desgarrador de un país discriminador con sus mujeres debido a la misoginia o el sexismo institucional o la inequidad en el salario o los ataques a los derechos reproductivos. Vivimos en tiempos extraños y a veces terribles para las mujeres, porque el progreso que hubiéramos querido ver tarda en venir. Anestesiados ante la violencia que padece el país, trivializamos los hechos que GIRE expone. Las violaciones. Las muertes. La discriminación. La pobreza. El feminicidio. La violencia sexual. Pero persiste y hay un gran valor en darle palabras y voz. Una voz colectiva que se alce para que los derechos reproductivos sean una realidad y no una recomendación para las mujeres de México. Una voz común para exigir la igualdad de oportunidades y el acceso irrestricto a los servicios de salud. Una voz compartida en favor de la justicia y la igualdad. Una voz capaz de demostrar todas las formas en las cuales podemos aspirar a más para nuestras mujeres. Y sus derechos inalienables.