Cumplido el tercer año de gobierno de Enrique Peña Nieto, en materia laboral el balance es desolador. Vivimos en el país del outsourcing, dicen abogados laboralistas consultados por Proceso, al tiempo que desmienten al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alfonso Navarrete Prida: “la paz laboral que tanto pregona no existe”. Para Arturo Alcalde y Alfonso Bouzas, las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo de 2012 sólo precarizaron las condiciones laborales. Hoy, dicen, los trabajadores gozan de menos prestaciones y su salario se depreció. Desde su primer año de gestión, Navarrete Prida ha presumido que no ha habido huelgas en el país, lo cual es sinónimo de la “paz laboral”. Ve un saldo en ceros en cuanto a conflictos laborales y obrero-patronales. Pero la realidad es distinta, sostiene Alcalde. “La ausencia de huelgas no significa paz laboral: si no hay huelgas, es por la extrema debilidad sindical y el temor de los trabajadores a perder el empleo si se atreven a ejercer sus derechos colectivos. En México –dice–, uno de cada 100 trabajadores está afiliado a un sindicato real.” En materia laboral, el escenario es peor que antes de la aprobación de la reforma de 2012, secunda Bouzas. El desempleo es significativo, el empleo sólo crece en el sector informal, mientras la caída salarial es demostrativa: “Esto quiere decir que la pobreza se apodera de nuestro país. Es grave que 11 millones de personas vivan sólo con dos salarios mínimos”. Los entrevistados aclaran, sin embargo, que sí ha habido huelgas: en marzo hubo una de campesinos en Baja California; en junio lo hicieron los maestros disidentes; en julio, los trabajadores administrativos y académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y el jueves 27 tocó el turno al Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez. Van ocho años de huelgas mineras en las secciones 17, de Taxco, Guerrero; 65, de Cananea, Sonora, y 201, de San Martín, Sombrerete, Zacatecas, por citar unos ejemplos. El 25 de enero pasado, la STPS informó que en 2014 colocó a 1 millón 557 mil 350 personas “en un trabajo o actividad productiva”, aunque omitió en qué sectores. Las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de 2012 a 2015 son desalentadoras. En 2012, según Bouzas, había 33 millones 272 mil 12 asalariados; hoy son 34 millones 196 mil 141, alrededor de 1 millón más, aunque se incluyen los trabajadores que laboran por su cuenta. En cuanto al monto de los emolumentos, se necesitan más de tres salarios mínimos para vivir. Según los datos oficiales, en 2012 había 7 millones 408 mil 615 trabajadores; hoy son sólo 7 millones 141 mil 682. Según Alcalde, el decrecimiento del empleo se debe a que la contratación colectiva de trabajo está “secuestrada” por los patrones, pues son ellos quienes deciden la firma de los contratos colectivos: la mayoría de las veces lo hacen con sindicatos blancos. En noviembre de 2012, el senador Manuel Bartlett Díaz acusó al entonces presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, porque, dijo, un año antes pactó con el entonces jefe del Ejecutivo, Felipe Calderón, la presentación de iniciativas de ley preferentes para ser aprobadas en 30 días. Desde 2000 con Vicente Fox, los panistas no habían podido avalar la reforma laboral calificada como patronal. Lo hicieron al final del sexenio calderonista. La iniciativa fue elaborada por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). Al principio de su gestión, Calderón se autodenominó “presidente del empleo”. Dos años después, en 2008, era el “presidente del subempleo” por la proliferación de las empresas outsourcing que realizan contratos individuales que no sólo violaban la ley, sino que precarizaron el empleo (Proceso 1747). Las outsourcing de recursos humanos –las llamadas empresas de servicios– son un fenómeno mundial, dicen los entrevistados. Sólo que en México “venden carne humana barata” a los empresarios, pues ofrecen empleos temporales, constriñen los salarios, merman los derechos de los trabajadores, controlan la seguridad social, e imponen los llamados sindicatos de protección. “Estas reglas de outsourcing son totalmente ignoradas por la autoridad, que renunció a aplicarlas porque esto no le gustó al sector empresarial y logró una negociación con las autoridades para que ‘se hicieran de la vista gorda’”, destaca Alcalde. Este esquema se observa en todas las ramas de la industria, los bancos, aseguradoras, servicios y en miles de empresas. Trabajadores indefensos Un ejemplo emblemático de lo que permite la reforma laboral es el caso de la automotriz BMW que llegará a San Luis Potosí en 2016, donde se construye la planta. Sin embargo, desde 2014 la compañía firmó un contrato colectivo con un sindicato de la Confederación de Trabajadores de México. El documento es un fraude, sostiene Bouzas, pues no hay trabajadores. El 5 de septiembre de 2012, el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz, Similares y Conexos Volkswagen de México firmó un contrato colectivo de trabajo con los directivos de Audi de México, desconocido para los trabajadores de la planta en el municipio San José Chiapa, Puebla. En ese momento se estaba cocinando la reforma laboral para legalizar la flexibilización del empleo y la subcontratación, pero el contenido del documento signado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) ya preveía las nuevas regulaciones para los futuros trabajadores, porque en él se indicaba que devengarían salarios por cuota diaria que sólo podrán modificar los patrones y el sindicato. El miércoles 26, el diario Cambio de Puebla informó que 2 mil trabajadores de origen alemán, argentino y brasileño arribaron a San José Chiapa para incorporarse como empleados de planta de la armadora Audi en las áreas de pintura y ensamblaje. Hay casos más extremos. El más reciente es la aprehensión de Gustavo Labastida, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Calzado Sandak, el lunes 17. Su falta fue plantarse afuera de esa empresa trasnacional, filial de Bata Internacional, en Tlaxcala hace tres años, para exigir la reapertura de la empresa. En esa ocasión salió tras el pago de una fianza de 44 millones de pesos. Alcalde y Bouzas aseguran que el outsourcing es el cáncer para el empleo y ha sido “el hijo predilecto” de la política laboral del gobierno federal en los últimos años.