MÉXICO, DF, (apro).- En un boletín de apenas cuatro líneas, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) --ahora a cargo de la exsecretaria de Turismo Claudia Ruiz Massieu-- informó que “el gobierno de México ha seguido con atención la coyuntura política en Guatemala, en particular la renuncia del presidente Otto Pérez Molina”, y destacó que “México confía en que las instituciones de este país vecino y hermano harán frente a la situación con apego al orden constitucional y al estado de derecho”. Señalado como la cabeza de “La Línea”, una red de evasión de aduanas que involucró a varios altos funcionarios de su gabinete, Pérez Molina tuvo que renunciar hoy ante el histórico movimiento de repudio ciudadano y el abandono de los legisladores, que le quitaron ayer su inmunidad política. El 27 de agosto, decenas de miles de manifestantes se reunieron en la Plaza de la Constitución y exigieron la renuncia de Pérez Molina. Ante lo inédito y lo masivo del acontecimiento, analistas del país vecino evocaron una “primavera guatemalteca” y saludaron la ruptura con la inercia de la ciudadanía. En su “posicionamiento sobre la situación en Guatemala”, la Cancillería llamó a los guatemaltecos a decidir de su futuro “a través del cauce democrático” durante las elecciones programadas el próximo 6 de septiembre y que renovarán el presidente, la Cámara de Diputados y los presidentes municipales del país. El escueto boletín de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no hizo mención alguna de la investigación que llevaron a cabo el Ministerio Público (MP) guatemalteco y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y que desembocó sobre el desmantelamiento de “La Línea” en abril pasado. De hecho, fueron el MP y la CICIG los que señalaron el 22 de agosto a Pérez Molina como parte del liderazgo de la red, con base en escuchas telefónicas de integrantes de la organización que se referían a él como “el mero mero”, “el dueño de la finca” o “el presidente”. Las indagaciones del MP y la CICIG llevaron a la detención de la exvicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, así como el jefe y el exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Álvaro Omar Franco Chacón y Carlos Enrique Muñoz Roldán. La CICIG es un órgano independiente de las Naciones Unidas cuya misión en el país centroamericano consiste en asistir a las autoridades guatemaltecas en su combate contra la impunidad “en un número limitado de casos difíciles y sensibles”, lo anterior bajo el marco jurídico de Guatemala. En otras palabras: ayuda a la justicia guatemalteca a aplicar sus propias leyes en los casos que salpican a integrantes del poder. Las cuatro líneas que emitió el gobierno mexicano conforman su primer “posicionamiento” oficial sobre uno de los mayores casos de corrupción que se haya destapado en Guatemala y que fue ampliamente comentado en el plano internacional.