VALPARAÍSO (apro).- Una protesta de dueños de camiones dirigida contra activistas mapuches, a quienes señalan como responsables de la quema de sus vehículos, sacudió al país y reflotó el centenario conflicto entre el Estado chileno y los mapuches. El 19 de agosto, al solicitar autorización en la Intendencia de la Región Metropolitana para marchar con camiones por el centro de Santiago, el vocero de la Confederación de Nacional del Transporte de Carga de Chile (CNTC), José Villagrán, explicó que hasta la fecha son 132 los camiones quemados sólo en la región de La Araucanía y afirmó “que cada día nos roban tres camiones y medio de mercadería”. En esa ocasión Villagrán anunció que el jueves 27 llegarían a La Moneda: “Vamos a llevar varios camiones quemados para que la presidenta (Michelle) Bachelet de una vez por todas sepa que en la región de La Araucanía hay terrorismo”, dijo. A esta iniciativa de los camioneros se sumaron diversos empresarios del rubro agrícola y forestal, agrupados en la Multigremial de La Araucanía. El viernes 21, luego de reunirse con choferes de camiones que se oponían a la protesta patronal, el viceministro de Interior, Mahmud Aleuy, salió al paso de los dueños de camiones. “Nosotros no vamos a permitir movilizaciones que (los camioneros) generen impacto en la vida de los ciudadanos y, por lo tanto, yo me imagino que no va a haber autorización para que ingresen a la región metropolitana”. Pese a estas declaraciones, la presión empresarial surtía importantes efectos. El martes 25, el ministro del Interior Jorge Burgos despidió al intendente (gobernador) de la Araucanía, Francisco Huenchumilla, quien es un militante de la Democracia Cristiana que ha sido parlamentario, ministro y alcalde de Temuco, siendo el mapuche que más altos cargos ha ocupado en toda la historia de Chile. Según reveló Huenchumilla en el programa Tolerancia Cero, de Chilevisión (domingo 30), él fue destituido el mismo día que le entregaría a Burgos una propuesta de solución al conflicto chileno-mapuche. En su reemplazo asumió el asesor de Burgos y cientista político Andrés Jouannet. En su propuesta política, Huenchumilla apuntó a las grandes empresas forestales como las grandes responsables del problema de tierras y de carencia de agua que afecta a las comunidades mapuches. De esta manera tocaba un aspecto sensible del poder, dado que los dos grupos económicos que controlan la actividad forestal en el país, los Matte y los Angelini, tienen férreos lazos con el poder y financian campañas políticas de políticos de derecha e izquierda. Sicosis El desfile de camiones partió a mediodía del lunes 24, desde la plaza Pinto, de Temuco, capital de la sureña región de La Araucanía, con destino a Santiago, distante 700 kilómetros. Allí se congregaron unas doscientas personas que dieron la despedida a la caravana de camiones y esqueletos de maquinas siniestradas. Encabezaba la marcha una manta que rezaba: “Indignados por la delincuencia y el terrorismo”. La caravana pretendía hacer ingreso por el centro de las principales ciudades que cursaría en su camino a Santiago, pero el gobierno se opuso inicialmente a este objetivo, como denunció la CNTC en comunicado de miércoles 26: "Desde el lunes (24) en la noche hemos debido enfrentar acciones arbitrarias del gobierno”, detallando que en el trayecto entre Talca y Curicó “personal de Carabineros impidió en dos oportunidades que ingresáramos a las estaciones de servicio a cargar combustible”. La noche del miércoles 26 la CNTC advirtió al gobierno que si no permitía el paso de su comitiva a la capital, ellos radicalizarían su protesta y bloquearían todos los accesos a Santiago, hasta conseguir ser recibidos en La Moneda por el ministro de Interior. Al mediodía del jueves 27, en consideración que el gobierno no autorizaba el paso de camiones por la alameda, los choferes de los 13 camiones que partieron de Temuco, junto a decenas de otros vehículos mayores que se fueron sumando a su protesta, bloquearon el acceso sur a Santiago a la altura de Angostura de Paine, donde se encontraban retenidos. Medio centenar de camioneros hizo lo mismo en la Ruta 68, que une la capital con el puerto de Valparaíso. La irrupción de los camioneros y el bloqueo de carreteras generó un clima de tensión en todo el país, que fue potenciado por los medios de información, que prácticamente no hablaban de otra cosa y casi no hacían mención que ese mismo día unos 80 mil estudiantes marchaban, por enésima vez, por la democratización de la educación. Este ambiente se nutrió del recuerdo del prolongado paro de camioneros que, a fines de 1972, sacudió al país generando un gran desabasto. Esta huelga, que recibió financiamiento de la CIA, buscaba el derrocamiento del presidente Salvador Allende. Aquel jueves 27 se produjeron, en los alrededores de La Moneda, incidentes entre derechistas, que querían dar la bienvenida a los camioneros, y grupos de mapuches y de izquierda, que querían expresarles su repudio. A media mañana y en medio de la presión, el ministro Burgos lanzó un guiño a los camioneros desde La Moneda (palacio de gobierno): “Reconozco que hay una situación de fracaso del Estado cuando hechos (como la quema de camiones) han quedado impunes y, por eso, tenemos que trabajar en conjunto”. A las 18:00 horas, el ministro Burgos se reunió con el presidente de la CNTC, Sergio Pérez, a quien comunicó que el gobierno autorizaba el paso de seis camiones por la alameda y que recibiría a sus dirigentes. Pasadas las 20:00 horas, los camiones hicieron ingreso a la alameda –principal avenida de Santiago-- y cruzaron frente a La Moneda. Pese a la fuerte protección policial, no pudieron evitar ser apedreados por cientos de manifestantes. Miles de otros manifestantes se congregaron en la céntrica Plaza Italia para expresar su solidarizad con el pueblo mapuche. Estos fueron disueltos por fuerzas especiales de Carabineros que emplearon carros lanzaguas y arrojaron gases tóxicos. En la reunión entre Burgos y los camioneros, estos últimos exigieron volver a aplicar la Ley Antiterrorista a los mapuches y pidieron entregar mayores facultades a Carabineros. En la cita obtuvieron el compromiso del gobierno de subsidiar la contratación de seguros contra atentados y robos de camiones. Coincidencia o no, en los días sucesivos el Parlamento ha sancionado medidas que van en la línea de lo solicitado por los camioneros. El miércoles 2, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó reponer la medida de Control Preventivo de Identidad, que permite detener por horas a personas sin cargo alguno. Un día después, esa misma Comisión aprobó una indicación legislativa que agrava las penas a quienes agredan a policías. La embestida de los camioneros ha ocasionado numerosas críticas al gobierno. Mientras algunos –fundamentalmente desde la izquierda-- cuestionan su debilidad frente a estos, otros –más a la derecha-- han considerado un error la negativa inicial al paso de estos por La Moneda. Entre estos últimos destaca el rector de la Universidad Diego Portales, abogado Carlos Peña, quien en su columna “El trauma de los camiones” –publicada el domingo 30 en El Mercurio-- expresa que “la evidencia de esos camiones desguazados parecía merecer atención”. Destaca que el gobierno “reaccionó cercando la ciudad. Y los partidos de la Nueva Mayoría (oficialista coalición de centroizquierda) emitieron una solemne declaración denunciando que la protesta lesionaba el estado de derecho”. El rector Peña dice que esta reacción “es resultado de un recuerdo traumático”. En este sentido, aseveró que el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet se asume como “el continuador del mandato de Salvador Allende”. Y concluyó: “Esa autoconciencia tiene adherida la idea, obviamente errónea, de que si hay continuidad en los anhelos del 70’ y los de ahora, entonces los enemigos fácticos y las circunstancias son también los mismos”. Un día después que se publicara esta columna, el periodista y analista político Víctor Herrero la refutaba en un artículo titulado “El falso retorno del fantasma de la Unidad Popular”. Allí sostuvo que la derecha, comandada por El Mercurio, está intentando hacer creer que en Chile se vive un escenario muy similar al vivido en tiempos de la Unidad Popular (1970-1973). Pero aclara: “Lo que estamos viviendo hoy es una farsa histórica: La agenda de reformas del gobierno está lejos de la radicalidad del programa de la Unidad Popular”. La protesta mapuche Pese a la embestida de los camioneros, la tranquilidad no ha llegado a La Araucanía. A las 21 horas del miércoles pasado un camión que viajaba del centro del país hacia Puerto Montt, con alimento para salmones, fue interceptado y quemado por un grupo de encapuchados que hicieron uso de armas de fuego. Esto ocurrió en la comuna de Ercilla, en la zona roja del conflicto chileno-mapuche. Pero esta es sólo una de muchas acciones de boicot y resistencia. El 7 de agosto, dentro de la hacienda Santa Cruz, de Collipulli (La Araucanía) fueron quemados seis camiones pertenecientes a la Forestal Arauco, del poderoso grupo Angelini. El atentado fue reivindicado por activistas mapuches, según consignó el informativo digital mapuche Werken ese mismo día. “El hecho que el Estado chileno se niegue a hacer abandonar las fuerzas policiales, las forestales y a los colonos que ocupan a la fuerza los territorios en conflicto en Wallmapu (País Mapuche) y que busquen como única solución las acciones judiciales, va a hacer que las movilizaciones utilizando la violencia política sigan siendo portada en los distintos medios informativos y que los tribunales se llenen de querellas”. Sin embargo, la resistencia mapuche se nutre mayoritariamente de protestas pacíficas. Comuneros mapuches de Ercilla tienen tomada la sede municipal desde el lunes 31. Esto forma parte de una ofensiva que incluye la toma de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), verificada el 15 de agosto, y la ocupación de las alcaldías de Collipulli y Cunco, entre otras oficinas públicas. Con estas actuaciones los mapuches buscan que se escuche su reclamo de restitución de tierras y en pos de la salida de las forestales del histórico territorio mapuche. El martes anterior una delegación mapuche encabezada por Aucán Huilcamán, werken (mensajero) del Consejo de Todas las Tierras, arribó a La Moneda portando una propuesta de solución al conflicto. Pretendían reunirse con el ministro Burgos, tal como habían hecho los dueños de camiones. Pero éste no los recibió. En entrevista con Apro el periodista y director del periódico mapuche Azkintuwe, Pedro Cayuqueo, expresó que la salida de Huenchumilla evidencia “la renuncia del actual gobierno a tomar en serio las reivindicaciones mapuches y, por añadidura, a explorar una salida política al conflicto que persiste en la zona sur del país”. Destaca que “la propuesta del exintendente apuntaba a explorar un abordaje político, desechando el camino de la represión o de la mera asistencia social, que han caracterizado el actuar de todos los gobiernos post-dictadura”. También abundó que Huenchumilla realizó como intendente un acertado diagnóstico del problema en cuestión “y cuando se aprestaba a presentar su propuesta de solución, minutos antes, fue sorpresivamente destituido por el gobierno”. Cayuqueo --que en el 2013 recibió el Premio al Periodismo Iberoamericano otorgado por el North American Congress on Latin America y la Universidad de Nueva York-- estima que la señal política es clara: “Bachelet ha renunciado a avanzar en soluciones de fondo y apuesta a seguir administrando el conflicto, tal como en su primer mandato presidencial (2006-2010), donde se vivieron graves episodios de represión y el crimen de dos jóvenes activistas mapuche”. Se refiere a los asesinatos de Matías Catrileo (3 de enero de 2008) y de Jaime Mendoza Collío (12 de agosto de 2009), cometidos por efectivos de Carabineros. Este periodista opinó que la “opción criminalizadora” se ve reforzadaal considerar que el jueves 3 el ministro Burgos decidió aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado a los últimos actos de protesta violenta y nombrar un fiscal especial para investigar causas relacionadas al conflicto. “Es el viejo camino de la judicialización y la criminalización que regresa y que sólo implicará una agudización del conflicto, tal como advirtió el relator de la ONU, Ben Emmerson, tras su visita a Chile en 2013”, aseguró Cayuqueo.