BUENOS AIRES (apro).- Carlos Menem asusta desde el silencio. La defensa del expresidente argentino solicitó al tribunal que lo juzga por encubrir a los autores del atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que lo releve del secreto de Estado. Advirtió, sin embargo, que si Menem finalmente declara, sus dichos podrían “afectar los intereses de la Nación” y la “convivencia pacífica con otros países”. El exmandatario, que el 13 de agosto había alegado problemas de salud a fin de no comparecer ante el Tribunal Oral Federal N° 2, tampoco se prestó a la indagatoria por videoconferencia, el 20 de agosto, tal como estaba previsto. La voladura de la AMIA tuvo lugar el 18 de julio de 1994, durante la primera presidencia de Menem (1989-1995). Dejó un saldo de 85 muertos y 300 heridos. El exmandatario tiene 85 años y en la actualidad se desempeña como senador nacional. La justicia no puede obligarlo a comparecer debido a sus fueros. Menem comparte el banquillo con otros 12 acusados. La gigantesca trama de encubrimiento que se les imputa incluye el desvío intencional de la investigación del atentado, la destrucción de evidencias para proteger a sospechosos, la construcción de pruebas y el pago de sobornos para propagar acusaciones falsas, la apropiación y el uso indebido de fondos públicos. Entre los acusados figura el primer juez de la causa, Juan José Galeano, el entonces jefe de Inteligencia, Hugo Anzorreguy, los exfiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, el excomisario Jorge Palacios, el máximo dirigente de la comunidad judía argentina en ese entonces, Rubén Beraja. Horas después del atentado, el gobierno de Carlos Menem pactó con el israelí de Isaac Rabin una interpretación conjunta de lo sucedido. La investigación se centró desde un primer momento en la “pista iraní”, en consonancia con los intereses de Israel y Estados Unidos. Esta línea de investigación achaca el atentado a un grupo comando de Hezbolá organizado y apoyado por Teherán. El juicio oral que comenzó el 6 de agosto en Buenos Aires intentará desentrañar las maniobras que se urdieron para desestimar la “pista siria”. Un ciudadano sirio y dos empresarios argentinos de ese origen cayeron en la mira de los investigadores en los días posteriores al atentado. Desde el entorno presidencial se intercedió para cortar de cuajo con estas pesquisas. El propio Menem es hijo de inmigrantes sirios. Recibió dinero del entonces presidente Hafez al Assad para la campaña electoral que lo llevó a la presidencia en 1989. Nombró a ciudadanos sirios en altos puestos de su gobierno. El tribunal investigará también el pago irregular de 400 mil dólares a Carlos Telleldín. Este “reducidor” de autos robados, para su reventa como vehículos o en autopartes, fue acusado tras la voladura de la AMIA de haber armado el coche-bomba que supuestamente se utilizó en el ataque. En junio de 1996, Telleldín aceptó la oferta del juez interviniente en la causa, Juan José Galeano. Modificó su declaración inicial a cambio del dinero. En su nuevo testimonio involucró a cuatro policías de la provincia de Buenos Aires que pasaron ocho años en la cárcel. De la negociación con Telleldin participó también el banquero Rubén Beraja, por entonces titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA). La causa por encubrimiento se inició luego de que la justicia absolviera en 2003 a todos los procesados por el atentado. El tribunal determinó en su fallo que los tres poderes del Estado se habían confabulado para encontrar culpables falsos. En mayo de 2009, la Corte Suprema de la Nación ordenó reabrir la causa que investiga el ataque contra la mutual judía. El “reducidor” de autos Carlos Telleldín es hasta ahora el único imputado. Cabe recordar que el exfiscal Alberto Nisman –cuya muerte dudosa es investigada– había imputado a seis exfuncionarios iraníes por la supuesta autoría intelectual del atentado. Nisman dijo haber identificado al conductor suicida: el libanés Ibrahim Hussein Berro. La mayoría de los periodistas que investigaron el atentado no cree en la teoría del coche bomba. Este es el sustento principal de la “pista iraní”. El imaginario popular asocia al suicida que se inmola al estallar junto a su objetivo con un atentado islámico. La hipótesis que vincula a Hezbolá e Irán con la voladura de la AMIA ha recibido objeciones. El subsecretario de Asuntos Latinoamericanos de la Cancillería de Israel, Dov Schmorak, quien había sido embajador en la Argentina entre 1980 y 1985, voló a Buenos Aires un día después del atentado, consensuando con el gobierno de Menem una interpretación conjunta de lo sucedido. Así lo consignó el diario Página 12 al cumplirse diez años del ataque, el 18 de julio de 2004, citando cables de la embajada argentina en Tel Aviv. El block del motor de la supuesta camioneta bomba fue encontrado entre los escombros de la AMIA por militares israelíes, según declararon los propios investigadores. El “reducidor” de autos robados Carlos Telleldín había olvidado limarle el número. Otras dos hipótesis que se han manejado en estos años se vinculan con las tareas de remodelación que por esos días se efectuaban en la AMIA. En la mañana del atentado se bajaron bolsas de cemento y cal en la mutual judía. Minutos antes de la explosión, un camión dejó un volquete (contenedor) de recolección de escombros frente a la puerta del edificio. Olvido intencional El ciudadano argentino Alberto Kanoore Edul estuvo desde el primer momento en la mira de los investigadores de la causa AMIA. Hijo del empresario textil sirio del mismo nombre, Kanoore Edul llamó a Carlos Telleldín el 10 de julio de 1994, ocho días antes del atentado. Por otra parte, el camión que dejó una caja de volteo frente al edificio de la AMIA, minutos antes de la explosión, dejó a continuación otra caja de volteo a metros de una propiedad de Kanoore Edul en Buenos Aires. La empresa Santa Rita, a cargo del servicio, era propiedad de Nassib Haddad, un ciudadano argentino nacido en Líbano. Haddad era también titular de una empresa de minería. Tres meses antes de la explosión, había adquirido 9 mil 146 kilos de amonal. El explosivo estaba destinado a la construcción de un dique en la provincia de La Pampa. Un remito de la empresa Santa Rita acredita la recepción de la caja de volteo en la AMIA. Pero la firma del arquitecto Andrés Malamud –quien dirigía las obras de remodelación del edificio y hoy se cuenta entre las víctimas del atentado– es falsa. Kanoore Edul tenía en su lista de contactos a Moshen Rabbani, el agregado cultural de la embajada de Irán en Buenos Aires. Rabbani encabeza hasta el día de hoy las sospechas de quienes ven a ese país detrás del atentado. El 26 de julio de 1994, ocho días después del atentado, el juez Juan José Galeano intervino los teléfonos de Kanoore Edul. Ordenó tres allanamientos a propiedades de la familia. El 1 de agosto de 1994, Alberto Kanoore Edul padre, empresario textil, amigo de Carlos Menem, se reunió en Casa de Gobierno con Munir Menem, hermano y asesor del presidente. El juez Galeano recibió en el acto una llamada desde Presidencia. Abandonó para siempre esa pista. De los tres allanamientos ordenados sólo se realizó uno. Kanoore Edul recibió de todas formas un aviso previo de la policía. La grabación y transcripción de las escuchas telefónicas que podían incriminarlo desaparecieron. La empresa Santa Rita dejó una caja de volteo en la puerta de la AMIA minutos antes de la explosión. Tres meses antes, había comprado diez toneladas de amonal, el explosivo que se usó en el atentado. Su titular, Nassib Haddad, y su hijo, Jorge Haddad, fueron detenidos. El juez Galeano ordenó su libertad horas más tarde, luego de entrevistarse con el entonces ministro del Interior, Carlos Ruckauf. También el presidente Menem intercedió de manera directa ante el juez. Forzó así la liberación de un primo del presidente sirio Hafez Al Assad y de dos personas que lo acompañaban. Los tres habían sido detenidos en Buenos Aires días después del atentado. Por el abandono de la investigación de la “pista siria” llegan a juicio el expresidente Carlos Menem, el entonces jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Hugo Anzorreguy; el subsecretario en dicho organismo, Juan Carlos Anchezar; y los excomisarios de la Policía Federal Jorge Palacios y Carlos Castañeda. Se les acusa de encubrimiento, abuso de autoridad, peculado, falsedad ideológica y violación de medios de prueba. El destituido juez Galeano suma a los delitos anteriores el de prevaricato, es decir, el dictado de resoluciones arbitrarias. Se lo acusa de instruir expedientes paralelos, coaccionar testigos, falsear actas de declaraciones, manipular pruebas telefónicas. Pero también del desvío de fondos públicos, al organizar el pago de 400 mil dólares a Carlos Telleldín para que involucrara a cuatro policías con denuncias falsas. Como el dinero provino de los fondos reservados de la SIDE, los exfuncionarios de Inteligencia Hugo Anzorreguy, Patricio Finnen y Juan Carlos Anchezar deberán responder también por este caso. Los exfiscales de la causa Eamon Mullen y José Barbaccia enfrentarán cargos por privación abusiva de la libertad agravada, peculado y coacción. El extitular de la DAIA, Rubén Beraja, por peculado. Carlos Telleldín será juzgado por fraguar evidencias para inculpar a los policías. Su pareja de entonces, Ana Boragni, como partícipe necesaria de la maniobra, al haberse encargado de cobrar los 400 mil dólares. El exabogado de Telleldín, Víctor Stinfale, está acusado de peculado. Perspectivas A 21 años del atentado, lo único que no está en duda es la trama de encubrimiento. Los escombros de la AMIA, convertidos en fango, por ahora sólo dejan ver el aceitado oficio de quiénes no desean que se esclarezca el hecho. Desde el Ministerio de Justicia se espera que el juicio en marcha arroje luz sobre los responsables y la ejecución del ataque. “Han pasado más de 20 años y casi no hay evidencias de que el llamado fundamentalismo islámico haya estado involucrado en esta masacre y, en cambio, hay centenares de pruebas que apuntan al aparato represivo y al terrorismo de Estado argentinos, tanto por participación como por encubrimiento, desde la policía hasta los servicios de inteligencia”, sostuvo el periodista Herman Schiller en una mesa redonda que se llevó a cabo en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el pasado 26 de febrero. Apuntó, de este modo, a la conexión local, indispensable para la realización del atentado. Se estima que el juicio oral se extenderá a lo largo de dos años. La querella está representada por las agrupaciones de familiares de las víctimas Memoria Activa, 18J y APEMIA, las organizaciones de la colectividad judía AMIA y DAIA, el Ministerio de Justicia de la Nación, los policías incriminados con declaraciones falsas. Entre los 181 testigos figura la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el exjefe operativo de la Secretaría de Inteligencia, Antonio Stiuso, hoy considerado un enemigo del gobierno. Stiuso proveía a Alberto Nisman de la información que éste intentaba luego convertir en material de prueba. Su paradero se volvió incierto después de que el fiscal fue encontrado con un tiro en la cabeza el 18 de enero. “¿Quién atentó contra la AMIA?”, le preguntó la revista Noticias, sobre el final de una entrevista telefónica, publicada el 16 de diciembre de 2014. El hombre fuerte de la Inteligencia argentina entre diciembre de 2001 y diciembre de 2014 fue lacónico y claro en su respuesta: “Esos temas son secretos de Estado”.