OAXACA, Oax. (apro).- El gobierno de Enrique Peña Nieto debe fincarle responsabilidades penales al extitular de la PGR, Jesús Murillo Karam, y a todos los que obstruyeron los procesos de justicia, alertó el padre Alejandro Solalinde. Luego de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) echó abajo la “versión histórica” al rechazar que los normalistas fueron calcinados en el basurero de Cocula y corroborar la existencia de un quinto autobús que la PGR no reportó en sus indagatorias, Solalinde calificó este hecho como un “crimen de Estado”. “Es un crimen de Estado y eso nadie se lo va a quitar al gobierno de Peña Nieto, es un crimen de Estado que lo va a marcar toda su vida y para toda la eternidad”, sostuvo el fundador del albergue Hermanos en el Camino. Y todavía fue más allá al pedir que se le finquen responsabilidades penales a Murillo Karam y a quienes ocultaron esta información, incluido el propio Peña Nieto, debido a que estuvo informado de todo. “Imagínense en dónde dejaron los equipos de inteligencia de la Sedena, Policía Federal, Gobernación, Cisen, pues sabían todo eso. Sabían lo del quinto camión y saben perfectamente cuál es el paradero de los 43 estudiantes, que no se hagan. Ellos saben en dónde están y cómo están”. El religioso reconoció que la “verdad histórica” de Murillo Karam fue desechada desde antes por científicos de la UNAM, quienes habían confirmado con estudios que era imposible que en los basureros de Cocula hubieran sido cremados los normalistas. Sin embargo, estas nuevas aportaciones de nuevas vías de investigación, entre ellas el quinto camión aparentemente cargado con droga, apuntan a que “estamos frente a un narco Estado”. El reporte del GIEI detalló que los hechos de septiembre de 2014 dejaron 180 víctimas directas, seis ejecuciones, 40 heridos, 43 desaparecidos y 700 víctimas indirectas. Y en los nueve escenarios en los que ocurrieron los hechos de violencia estuvieron presentes elementos del 27 Batallón, de la Policía Federal (PF), Policía Ministerial, Policía Estatal y agentes municipales de Iguala y Cocula. Una de las integrantes del GIEI, la abogada Claudia Paz y Paz, dio indicios sobre la existencia de un autobús Estrella Roja, con número económico 3278, que fue “desaparecido” en las indagatorias oficiales y que había sido mencionado inicialmente por los estudiantes como uno de los cinco vehículos que tomaron el 26 de septiembre. La guatemalteca contó que el grupo de expertos del GIEI consideró sospechoso que al inicio de la averiguación se mencionara el vehículo y que en las últimas actuaciones no se hablara más de él, aun cuando en un video de la central camionera de Iguala se observa que fue abordado por los jóvenes. Los normalistas, expuso, contaron al GIEI que fueron bajados del vehículo y atacados por policías estatales y federales a balazos, y que diez jóvenes fueron refugiados por una familia en tanto que otros cuatro huyeron al cerro. Al pedir la declaración del chofer, agregó, éste negó los hechos al asegurar que el camión se descompuso y que los jóvenes abandonaron el vehículo. Sin embargo, “después localizaron un escrito en la indagatoria, al parecer narrado por la misma persona, en el que se confirman los dichos de los estudiantes”. Al respecto, Solalinde Guerra dijo que “al parecer esos camiones llevaban droga y los muchachos al tomar los camiones no se percataron de ello, es más bien la responsabilidad de la colusión de las autoridades de todos los niveles, ahí está el Estado, ahí está el Ejercito, la Policía Federal y las estatales. Los tres órdenes de gobierno y los servicios de inteligencia que no reportaron nada”. Entonces, “el gobierno ya entró en un callejón sin salida, se les cayó su verdad histórica y ahora tiene que responder, investigar para conocer el paradero de los normalistas. “Lamentablemente tenía que venir un grupo de expertos del extranjero para que pudieran hacer una investigación objetiva y abrir puertas que estaban totalmente cerradas, como las del Ejército y la PF, y ese quinto camión que nunca reportaron y resulta que ahí está. Y al Estado no le queda de otra más que aceptar esto y no meter reversa”, puntualizó. Ahora tienen que fincarle responsabilidad a los que obstruyeron los procesos de justicia, aunque lo que se advierte es que van a aparecer “chivos expiatorios porque van a buscar salvar a los que tengan que salvar, porque aquí va a haber grandes daños políticos y van a procurar que haya los menores daños políticos para liberar y exonerar a las personas y al Ejército, que lo cuidarán más, a y la Policía Federal, aunque ésta ya no puede estar más desprestigiada”. Por último, dijo que hay que poner especial atención en la “cadena de mandos”, ya que serán ellos los principales sacrificados.