MÉXICO, D.F. (Proceso).- En un esfuerzo por hacer de la debilidad virtud, el presidente Enrique Peña Nieto inicia la segunda mitad de su gobierno sumido en una paradoja. Por un lado, en su mensaje con motivo de su Tercer Informe de Gobierno presenta un panorama optimista acompañado por un decálogo de buenos deseos y, por el otro, realiza cambios en su gabinete basados más en un criterio de lealtad, no de capacidad y méritos, como lo exige la grave situación que enfrenta el país en materia económica, de inseguridad y de descontento social. A ello se agrega el gran estigma –¿indeleble?– de su gobierno: la deplorable mezcla de corrupción, impunidad y simulación. El simulador, escribe Octavio Paz en El laberinto de la soledad, está condenado a representar toda su vida porque entre su personaje y él se establece una complicidad que nada puede romper. La mentira se instala en su ser y se convierte en el fondo último de su personalidad. Al pretender engañar a los demás, el falsario se engaña a sí mismo. En política, la simulación resulta especialmente ofensiva cuando trata de encubrir actos de corrupción de la casta gobernante. Es el caso de la inverosímil e incompleta investigación acerca del conflicto de interés en que incurrieron el presidente y el secretario de Hacienda en su oscura relación con el Grupo Higa, realizada por el titular de la Función Pública. La estrategia gubernamental para ocultar el uso ilegítimo del poder público en beneficio privado (que es la definición más concisa de corrupción) significó un agravio adicional a la ciudadanía y tuvo un efecto opuesto al buscado: la condena social fue casi unánime. Se confirmó que Virgilio Andrade cumplió con la orden presidencial de eximirlo a él y a Luis Videgaray de toda responsabilidad mediante un montaje jurídico tan voluminoso como inútil. Una burla, una farsa. El conocido apotegma fundacional del Grupo Atlacomulco, “Un político pobre es un pobre político”, de la autoría del profesor Carlos Hank González, parece haberse convertido en precepto prioritario del gobierno actual. Dechado de cinismo, la frase del multimillonario político-empresario mexiquense es un llamado implícito a la corrupción, ejercida con sigilo y disimulo para evitar ser descubierto y, sobre todo, sancionado. Esa perversión de la moral pública reafirma su vigencia a pesar de los avances de la legislación y de las instituciones relacionadas con la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Se sabe que la ley puede ser violada, ignorada o manipulada. La única norma inamovible es la impunidad en las altas esferas del poder político. Lejos de ser un asunto cerrado como lo pretende el gobierno, quedan muchas interrogantes sin resolver acerca de la opaca relación entre el presidente y Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño del Grupo Higa, lo cual ha puesto en duda la honradez del mandatario dentro y fuera del país, aparte de erosionar aún más la tambaleante confianza en las instituciones del Estado. En un discurso, Peña Nieto admite: “la confianza no la vamos a recuperar con discursos”. También reconoce que “además de estar apegada a derecho, la conducta del presidente de la República debe ser tal que nuestras acciones no generen desconfianza entre la población”. Asimismo, es consciente de su obligación de “actuar de tal manera que nuestras acciones no provoquen ni sospechas ni malinterpretaciones”. En congruencia con esas declaraciones, el jefe del Estado mexicano tiene el deber político y moral de aclarar todas las justificadas dudas sobre la relación de su gobierno con el consorcio de Hinojosa Cantú, expresadas por periodistas independientes del país, por medios internacionales de gran prestigio y credibilidad –The New York Times, The Financial Times y The Economist, por mencionar sólo tres–, y presentes en la percepción de amplios sectores de la sociedad mexicana. Hasta ahora, el mandatario no lo ha hecho, a pesar de que ello propicia desconfianza y sospechas acerca de una posible liga del mandatario con dicho contratista en calidad de socio o beneficiario anónimo de su emporio. En un reportaje de The New York Times sobre el tema, se habla del “presidente y sus socios corporativos”. El diario neoyorquino estima que las empresas de Hinojosa Cantú han obtenido más de 80 contratos gubernamentales por un monto total de por lo menos 2 mil 800 millones de dólares. (Deals Flow to Contractor Tied to Mexican President, julio 30, 2015). Más allá del conflicto de interés por la Casa Blanca –que no es sino la punta del iceberg–, la sociedad mexicana tiene derecho a conocer la verdad acerca de la cantidad y monto de los contratos de las empresas del Grupo Higa durante la gestión de Peña Nieto como gobernador del Estado de México (2005-2011) y a partir de su toma de posesión como jefe del Ejecutivo federal. Además, debiera firmarse el compromiso de transparentar todos los contratos del Grupo Higa y sus filiales en lo que resta de la presente administración. Sólo así se acabaría con las suspicacias que tanto dañan al presidente y al país. (Pedirle una investigación a Virgilio Andrade no sería una buena idea.) Del enigmático señor Hinojosa Cantú sabemos que durante el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México, sus empresas recibieron múltiples contratos por adjudicación directa, sin licitación, a través del Fideicomiso C3, creado por la consultora financiera Protego, donde trabajó Luis Videgaray. A partir de 2012, el corporativo del contratista favorito del presidente ha sido favorecido con contratos multimillonarios, muchos de ellos por adjudicación directa, como el remozamiento del hangar presidencial. Junto con otras empresas, Grupo Higa ganó la licitación del acueducto VI en Monterrey, que fue promesa de campaña del candidato Peña Nieto en 2012 y ha sido cancelado por el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez. Otra licitación ganada por Higa fue la del tren rápido México-Querétaro, intempestivamente cancelada por razones que se mantienen en secreto. Bienvenida la oferta presidencial de fortalecer el estado de derecho e impulsar la legislación en materia de transparencia y combate a la corrupción, pero ningún avance jurídico o institucional funcionará si prevalece la impunidad. El presidente lo sabe.