BUENOS AIRES (apro).- La jurisdicción universal, que hoy se aplica frente a crímenes de lesa humanidad impunes, debe extenderse también a los delitos económicos, financieros, ambientales, el saqueo de recursos naturales, la trata de personas o el cibercrimen. La apertura de un debate en todo el mundo con el fin de tipificar estos delitos es lo que se ha propuesto el Congreso sobre Nuevos Principios de Jurisdicción Universal en el Siglo XXI. El evento, organizado por la Fundación Internacional Baltasar Garzón, se llevó a cabo en Buenos Aires el 9 y 10 de septiembre. “¿Cómo podemos avanzar en la definición de nuevos crímenes? ¿Cómo podemos dar ese paso adelante que haga más factible la protección de los ciudadanos y ciudadanas sin distinción de su nacionalidad o del lugar donde se produzca la víctima o el hecho?”, desafió Baltasar Garzón durante el acto inaugural. “Estamos hablando de víctimas universales, de los propios derechos de la naturaleza, de mecanismos a través de los cuales podemos contribuir a que esos ataques sistemáticos y atroces sean cada vez menores”, dijo el juez español que en 1998 hizo detener en Londres al dictador chileno Augusto Pinochet. “Porque estas iniciativas tienen también un efecto de prevención, de aprendizaje, de pedagogía, de saber que el lenguaje común de toda la humanidad es el de los derechos humanos”, sostuvo. El congreso se ha propuesto actualizar los principios de jurisdicción universal, que hoy están en retroceso en algunas partes del mundo. El debate pretende fijar las líneas a seguir en la persecución y juzgamiento de crímenes de lesa humanidad, la protección de víctimas y testigos y en “la definición de nuevos delitos, como los medioambientales o económicos que, por la gravedad de su impacto negativo en los derechos fundamentales de amplios sectores de la población mundial, deben ser incluidos en el ‘catálogo’ de crímenes perseguibles bajo el criterio de jurisdicción universal”, según anuncia el texto de presentación del evento. “Lo que nosotros entendemos hoy como un crimen de lesa humanidad no es lo que entendíamos hace diez años, en diez años más va a ser otra cosa, y es muy posible que el derecho se siga desarrollando para contemplar este tipo de crímenes corporativos, los crímenes económicos y medioambientales, tal como es el enfoque de muchos de los participantes aquí”, dice a Apro la escocesa Helen Duffy, directora de la organización no gubernamental Human Rights in Practice y catedrática de la Universidad de Leiden en Holanda. “Es un desafío en el que estamos. Una realidad que no podemos negar es el impacto que tienen estas corporaciones en las violaciones a los derechos humanos. Yo creo que hay crímenes económicos que pueden caer bajo la definición de crímenes de lesa humanidad”, sostiene. El último reducto Cuando un sospechoso de haber cometido un delito de lesa humanidad es requerido por un juez de otro país, invocando los principios de jurisdiccion universal, es porque el país donde tuvo lugar el delito –o aquel donde el sospechoso reside– no quiere o no puede juzgarlo. La jurisdicción universal es el último reducto para prevenir la impunidad. Las víctimas apelan a esta vía cuando ya han agotado las posibilidades de obtener justicia. Los juicios en España y otros países europeos contra mandos militares de las dictaduras argentina y chilena mantuvieron vivo el reclamo durante la década de los noventa. En ambos países sudamericanos existía entonces la decisión política de no investigar el pasado. El proceso se revirtió de modo ejemplar en Argentina a partir de 2003. En la actualidad también en Chile hay procesos por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante ese periodo. De la misma manera, ante la negativa absoluta de la justicia española a investigar los crímenes del franquismo, es la justicia argentina la que lleva adelante una investigación, al dar curso a una querella presentada en abril de 2010 por familiares de las víctimas. “La jurisdicción universal se aplica frente a delitos de lesa humanidad, contra delitos contra el derecho internacional, es una jurisdicción complementaria, y siempre entendiendo que es en defecto de la jurisdicción territorial, en este caso la española”, dice a Apro el abogado español Joan Garcés, quien dirigió en 1998 el proceso judicial que se siguió en Madrid contra Augusto Pinochet. “En el ‘caso Scilingo’, por ejemplo, se aplicó la ley española bajo los principios de la jurisdicción universal para juzgarlo en España por crímenes cometidos en Argentina”, explica. El exmarino Adolfo Scilingo participó de los “vuelos de la muerte”, desde los que se arrojaban prisioneros con vida al mar. En 2005 fue condenado a 640 años de prisión por la justicia española. “En España rige una norma de la dictadura, la ley de amnistía de 1977, para proteger a los responsables de los crímenes del franquismo –dice Garcés–. Que se derrumbe el muro de la impunidad depende de la evolución de las instituciones judiciales y de que cambie o no la situación política a partir de las elecciones generales de diciembre”, explica. Los expedientes abiertos en tribunales europeos por violaciones a los derechos humanos cometidas en países de Sudamérica y África abonaron el terreno para la firma del Estatuto de Roma en 1998. La Corte Penal Internacional (CPI), que se deriva del estatuto, entró en vigor en 2002. La CPI es competente para la investigación de los crímenes de lesa humanidad en los países que han ratificado el estatuto. La jurisdicción universal recae sobre todos los casos que quedan fuera. Cada intento de aplicación de la jurisdicción universal revela la tensión que existe entre estos principios y los de soberanía nacional y territorialidad. En el caso de las víctimas que representa Raji Sourani la situación es todavía más compleja. “Durante décadas hemos documentado los crímenes de guerra israelíes y nos enfrentamos al sistema legal israelí para conseguir justicia para nuestras víctimas”, dice a Apro este abogado nacido en Gaza, fundador del Centro Palestino para los Derechos Humanos. “Antes de acudir a la jurisdicción universal se deben agotar las instancias nacionales, que en este caso son las instancias legales de la ocupación –explica Sourani–. Ahí nosotros presentamos durante años miles de casos, incluyendo los de la más reciente ofensiva criminal en Gaza el último verano. No conseguimos nada. El sistema legal israelí ha sancionado una nueva ley que boicotea a las víctimas y nos impide incluso representarlas”. Raji Sourani presentó demandas por crímenes de guerra contra militares israelíes en Suiza, Reino Unido y España. Obtuvo fallos favorables. A continuación estos países modificaron las leyes, obligando a que el acusado esté presente durante el juicio y a que la víctima sea ciudadana o tenga familiares en el país donde se presenta la demanda. “Quieren que abandonemos, que dejemos de luchar contra la impunidad –dice Sourani–. Pero nosotros no tenemos derecho a rendirnos, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir creyendo como revolucionarios románticos en el imperio de la ley”. Nuevos delitos En Buenos Aires se discutió la posibilidad de extender los principios de jurisdicción universal a otros delitos y también a otros autores. Entre estos últimos figuran las empresas transnacionales e incluso los fondos de inversión especulativa conocidos como “fondos buitres”. La oposición de Estados Unidos y la Unión Europea a la responsabilidad penal de las corporaciones se da por descontada. El pasado 4 de septiembre la Corte Suprema de Canadá dictaminó que las víctimas de la contaminación causada en la Amazonia ecuatoriana por la petrolera Texaco (hoy Chevron) pueden ejecutar la sentencia de la Corte Nacional de Ecuador. A finales de 2013 este tribunal condenó a la compañía estadunidense a pagar una indemnización de 9 mil 500 millones de dólares a los pueblos originarios damnificados. “Es un gran avance”, dice a Apro el fiscal general del Estado de Ecuador, Galo Alfredo Chiriboga Zambrano. La Corte canadiense viene a revertir otro fallo (de la justicia estadunidense) y reconoce el derecho de esos pueblos ancestrales a haber presentado esa demanda y las consecuencias de esa demanda. Creo que los temas medioambientales deben tener una trayectoria bajo los principios de la jurisdicción universal”. Chiriboga Zambrano propone la creación de una Corte de la Unasur “para que los países miembros puedan enfrentar al crimen organizado, que es el causante de la trata de personas, el lavado de activos, los delitos cibernéticos, la contaminación, es decir, para los temas de la agenda del siglo XXI”, sostiene. En el congreso internacional se evaluó también la posibilidad de que las actividades de los “fondos buitres” sean perseguidas por tribunales internacionales. Varios de los disertantes elogiaron la iniciativa argentina en la Asamblea General de la ONU para establecer un marco legal multilateral sobre la reestructuración de las deudas soberanas. La propuesta fue aprobada el 10 de septiembre con 136 votos a favor y seis en contra. El juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), Raúl Zaffaroni, aclaró que estaba a favor de extender el concepto de jurisdicción universal, pero que también había que ser muy cuidadoso al ceder soberanía judicial. Puso como ejemplo los juicios que los fondos especulativos siguen contra Argentina en los tribunales de Nueva York, posibilidad que le brindan los bonos de deuda soberana de Argentina, emitidos durante los “rescates” financieros previos al derrumbe económico de diciembre de 2001. En su disertación, Helen Duffy dijo que el concepto de jurisdicción universal vive en Europa un momento de transición. Mencionó investigaciones de tribunales europeos contra acusados de haber cometido crímenes de lesa humanidad fuera de Europa. El caso opuesto es hasta ahora una excepción. “El hecho de que la justicia argentina investigue los crímenes del franquismo me parece un signo de madurez de la jurisdicción universal”, dice la abogada y catedrática. Sin embargo, la justicia española aún no ha respondido los exhortos enviados por la justicia argentina. La investigación de ciudadanos estadunidenses en tribunales europeos también enfrenta dificultades. Helen Duffy ha investigado los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por agentes de la CIA en los centros de detención ilegales en diferentes países de Europa. “Estados Unidos está sometiendo a varios países a enormes presiones para que no se llegue a la verdad ni se divulgue información de lo que ha pasado, incluso información que ya es pública, que no se repita ninguna información sobre estos hechos y que no se investiguen, que las causas se mueran y queden impunes –sostiene Duffy–. Se trata de información de las atrocidades pero también del involucramiento de muchos países europeos, algunos de los cuales se esconden detrás de la falta de cooperación de Estados Unidos para no investigar lo que pasó en sus territorios”. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, considera que Washington todavía va más lejos. “Estados Unidos ha generado un sistema unilateral de jurisdicción universal, podríamos decir que se aplica desde su país hacia otras naciones”, dijo desde la embajada de Ecuador en Londres a los asistentes del congreso, en una entrevista que se le hizo por videoconferencia. “Y esto es lo que sucede conmigo”, sostuvo, refiriéndose al proceso que enfrenta en ese país por los cargos de espionaje, conspiración general, abuso, piratería informática y robo de documentos. “Esto es interesante desde el punto de vista de la jurisdicción universal, porque yo no soy ciudadano estadunidense –sostuvo Assange–, Wikileaks no está registrada en Estados Unidos, y no tenemos ninguna publicación allí ni la hemos tenido en aquel momento, pero el gobierno de Estados Unidos reclama la jurisdicción universal en relación con todo lo que tenga que ver con el gobierno de Estados Unidos o información pertinente al aparato de defensa –dijo el activista–. El gobierno reclama jurisdicción universal completa, y es por eso que ha podido perseguir este caso contra mi persona y contra mi organización por tanto tiempo.”