MÉXICO, D.F. (Proceso).- El gobierno federal, un día sí y otro también, sigue despeñándose en una espiral de corrupción e ilegitimidad, y ya descendió a un nivel al que ningún gobierno en el México contemporáneo había llegado. Veamos. Primero. Son bien conocidos los actos de ilegalidad en los que presuntamente incurrió la empresa española OHL en México, algo que ya le generó un alto costo accionario, precisamente por practicar lo contrario a lo que señalan sus valores: “Lealtad y honradez, lealtad y transparencia”. OHL se dedica a la infraestructura carretera y, en el caso de México, se ha encargado de siete grandes proyectos, entre ellos el Circuito Exterior Mexiquense y el Circuito Bicentenario, en los que intervino de manera significativa el gobierno del Estado de México. En todos ha sido señalado por supuestos casos de corrupción. Segundo. Hoy es la primera vez que se tiene evidencia de que efectivamente la corrupción existe entre la compañía española y las autoridades mexicanas. Las grabaciones que Proceso difundió en su portal web revelan, de entrada, tres elementos gravísimos para el país: a) La existencia de sobreprecios para servir a intereses ajenos a la sociedad, en 400% más de su valor real; b) La intervención como gestor y consejero del secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal, Gerardo Ruiz Esparza, como subordinado de una empresa extranjera y “gestor” empresarial ante las autoridades mexiquenses, y c) La injerencia de la federación en asuntos que formalmente son competencia de una entidad federativa soberana, el Estado de México. En esas grabaciones se alude también al presidente Enrique Peña Nieto, pero en su descargo hay que decir que no hay evidencias o indicios de que el mandatario sea responsable de algún delito relacionado con el caso. Por lo menos hasta ahora. Tercero. Se presume que el contenido de las grabaciones es cierto, toda vez que el abogado de la empresa afectada –Infraiber, que tiene un permiso para medir el flujo vehicular en las autopistas mexiquenses en cuestión– fue detenido por los presuntos delitos de intervención telefónica y portación de arma de fuego sin el permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional. El litigante fue liberado 48 horas después, tras demostrarse que se violó de principio a fin el debido proceso en su perjuicio, según dio cuenta el diario El País en su edición del 10 de agosto de 2015. Más allá de los intereses de Infraiber, que denunció las irregularidades de este caso, es importante decir que la medición del flujo vehicular es un requisito esencial para saber los ingresos generados por esas vías e identificar el retorno de la inversión. Como si no fuera suficiente el irregular asunto de las casas de Peña Nieto, Luis Videgaray y Angélica Rivera, el caso OHL viene a reforzar, por si hubiera duda, un clarísimo caso de corrupción dentro del primer círculo del presidente, no sólo por los ilícitos administrativos previstos en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos, sino de diversos tipos penales previstos en el artículo 225 del Código Penal Federal en que podría incurrir el secretario Ruiz Esparza, que tienen pena privativa de la libertad sin derecho a fianza, así como destitución e inhabilitación del servicio público. En un Estado de derecho, Ruiz Esparza ya habría pedido retirarse del cargo y las intervenciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Procuraduría General de la República (PGR), con el objetivo de que deslinde las responsabilidades a que hubiera lugar. De hecho, el titular del Ejecutivo federal debería de ordenar esas acciones para salvar –es un decir– a su gobierno de un caso más que no necesita. Eso seguramente no va a pasar, porque por problemas de disfunción del sistema institucional mexicano, ambas instituciones –SFP y PGR– dependen del titular del Ejecutivo federal y carecen de independencia de criterio. Este caso es un llamado urgente para resolver el problema de fondo, que exige emprender una cirugía mayor a las leyes referentes al esquema de pesos y contrapesos y que hoy es sólo una caricatura en perjuicio de la sociedad mexicana. En esa reforma se debería hacer un cambio al modelo jurídico para que las inversiones público-privadas o privadas de interés público sean hechas a imagen y semejanza de las mejores expresiones de la experiencia comparada. En los países democráticos este tipo de compañías son contratadas por el gobierno para concretar iniciativas que, en principio, debería llevar a cabo el Estado. Así, por ejemplo, en Estados Unidos se han edificado autopistas de cuota, y desde el inicio se establece que, una vez que la empresa constructora obtenga las ganancias proyectadas, se eliminará el cobro del peaje. En México eso no sucede. De entrada, todas las autopistas de cobro siguen cobrando –desde hace más de 20 o 30 años–, sin que se sepa si algún día volverán a ser parte de los contribuyentes, que las han pagado con creces una y otra vez. De facto, esas concesiones no tienen fin. l @evillanuevamx ernestovillanueva@hushmail.com ernestovillanueva.blogspot.com