MÉXICO, D.F. (apro).- Un joven, detenido el 2 de octubre de 2013, acaba de ser sentenciado a 8 años, 10 meses y 14 días de prisión, por provocar disturbios en la marcha conmemorativa de la matanza de Tlatelolco y vandalizar comercios y confrontar a la policía. Se llama Andrés Pérez Rosales, pero su nombre jamás apareció como uno de los “presos políticos” encarcelados ese día, cuando decenas de jóvenes fueron detenidos, algunos sujetos a proceso penal sin libertad posible, hasta que la fabricación de pruebas y los vicios en que incurrió el sistema de justicia capitalino, terminaron evidenciados por la justicia federal. No hubo organización, colectivo, escuela ni grupo de abogados que hablara por él. Tan es así que hasta ahora los listados de “presos políticos” detenidos en marchas, sólo mencionan por los de esa fecha a Abraham Cortés, un artesano oaxaqueño al que se le imputa haber incendiado a un granadero durante aquella jornada. Aunque los abogados del joven, hoy de 24 años, presentaron videos exculpatorios en su favor, enfrenta una sentencia de 13 años y cuatro meses en el Reclusorio Norte. De Andrés Pérez Rosales, sólo es posible identificar en los archivos periodísticos que fue uno de los detenidos aquella tarde y que, la mañana del pasado lunes 28, fue sentenciado por los delitos de robo agravado calificado en pandilla, ataques a la paz pública y ultrajes a la autoridad. El parte oficial establece que en su mochila llevaba una cadena, cajetillas de cigarros y cohetes, entre otros objetos. La tarde del 2 de octubre de 2013, un domicilio cobró notoriedad: Reforma 93. Ahí fueron encapsulados decenas de jóvenes, entre ellos los que por selección de aspecto y edad, enfrentaron cargos penales y fueron a parar a la cárcel. Las sentencias y los cargos se desvanecieron en los meses siguientes, debido a que las propias cámaras de vigilancia de la ciudad, evidenciaron que eran inocentes. En días pasados, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, emitió una recomendación precisamente por la forma en que procedieron policías, fiscales y jueces con los detenidos de esa fecha. Tras el encapsulamiento de Reforma 93, cuando los detenidos eran llevados a la caja de una patrulla, el defensor de derechos humanos, Gerardo Espino, captó en video la operación. Los jóvenes, conducidos por policías, dieron a la cámara de Espino, su nombre, su procedencia y en algunos casos hasta una proclama política. Menos uno. Era un joven moreno, de cabello largo, playera roja sin mangas que dijo llamarse Andrés Pérez Rosales, vendedor ambulante y con una sonrisa se dirige a los policías: --¿No le va a pasar nada mi mochila? --¿Qué traes en tu mochila, ¿cigarros? – --Cigarros y dulces –responde. Al ver la cámara de Gerardo Espino, Andrés Pérez se puso a explicar –buscando su credencial de vendedor ambulante-- que compraba su mercancía en La Merced y que lo habían detenido injustamente.