ALMOLOYA DE JUÁREZ, Edomex., (apro).- El juez de control con sede en el penal de Santiaguito dictó un nuevo auto de vinculación a proceso contra David Sánchez Guevara, exalcalde priista de Naucalpan, por su probable responsabilidad en el delito de peculado, ahora por nueve millones de pesos. Según la imputación, esa cantidad fue autorizada para la compra de uniformes al personal del ayuntamiento, pero la adquisición no se realizó. Peor aún, esos nueve millones de pesos se suman a los 408 mil que presuntamente liberó el edil para la construcción de un andador que no fue edificado. Por esa razón, el exfuncionario también fue sujeto a un primero proceso por el delito de peculado. De acuerdo con el nuevo sistema de justicia adversarial, acusatorio y oral, como se trata del mismo ilícito, ambos procesos se aglutinarán en uno solo contra Sánchez Guevara. Héctor Gonzalo Marduño, defensor del priista, denunció que en este nuevo proceso no se respetó la garantía de audiencia de las empresas involucradas. “Eso nos hace ruido”, dijo. Desde su punto de vista, habría resultado conveniente que la Fiscalía recabara todos los datos posibles de prueba, pues considera que “faltó exhaustividad” al no haber equidad para escuchar a todas las partes antes de fincar responsabilidad en un sujeto. En el nuevo proceso, la Fiscalía citó a comparecer en calidad de testigos a los representantes legales de las empresas presuntamente involucradas, así como al representante en la demarcación del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios. Sin embargo, ninguno llegó. No obstante, Marduño Ritz insistió en que “David Ricardo Sánchez Guevara no tenía control sobre los bienes del municipio. Por tanto, no pudo disponer de ellos”. El abogado del exfuncionario aseguró que como presidente municipal, Sánchez Guevara fue el representante legal del ayuntamiento y tuvo entre sus atribuciones la de firmar los contratos, igual que presidir las sesiones de cabildo. “Pero él no tenía facultades para disponer de los recursos”, insistió. De acuerdo con la defensa, la firma de los cheques “era sólo un requisito del banco, porque es cuenta mancomunada y se requieren tres firmas, además la del tesorero y del titular del área involucrada”. Mi cliente, dijo, nunca firmó un cheque sin verificar el expediente de respaldo y sin que antes estuviera suscrito por el tesorero y por el titular del área correspondiente, para llevar un control. “Pero ahora no aparecen”, afirmó. Héctor Gonzalo Marduño afirmó que resulta válido que un expediente se pierda y que existen procedimientos para reponerlos. En tal virtud, cuestionó las razones por la cuales el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) y el Ministerio Público (MP) no llamaron a las empresas para acceder a estos documentos y verificar que no existen faltantes ni incumplimiento de los proveedores. El abogado se negó a opinar sobre si este asunto pudiera tener carácter político: “No puedo señalar nada, desconozco cuestiones de carácter político, incluso en nuestras pláticas no tocamos temas políticos, seguimos los trámites institucionales con base en argumentos jurídicos. No me consta, mi trabajo es legal, sobre las oportunidades que le puedo ofrecer a mi cliente para representarlo”, agregó.