MÉXICO, D.F. (Proceso).- Será porque el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes me parece uno de los documentos más valiosos que ha aparecido en México en mucho tiempo. Será porque conozco la trayectoria profesional –impecable y prominente– de quienes lo elaboraron. Será porque vi la reacción de los padres de 43 hijos desaparecidos cuando escucharon la explicación provista y tuvieron confianza en ella. Será porque entrevistaron a decenas de testigos y sobrevivientes, revisaron 115 volúmenes de documentos del caso, y llevaron a cabo peritajes que ni la propia PGR había pedido. Será porque evidenciaron una investigación oficial tan viciada, tan fallida, tan incompleta. Por todo ello, agradezco al GIEI su presencia y su profesionalismo. Y también por ello me parece tan importante combatir el esfuerzo de algunos por desacreditar lo que han hecho con argumentos espurios. Con argumentos tramposos. Con argumentos de mala fe cuyo único objetivo es apuntalar la “verdad histórica” que se ha vuelto indefendible. Argumentos como que el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza, tiene un conflicto de interés y por ello el trabajo del GIEI debe ser desechado. O que el informe contiene errores que lo desacreditan. O que el Grupo debe salir del país y ser reemplazado por alguna otra instancia nacional o internacional. O que las instituciones mexicanas son lo suficientemente sólidas para lidiar con Ayotzinapa por sí mismas. O que el caso de los normalistas debe ser visto como uno de secuestro y no desaparición forzada. Uno por uno, estos argumentos tramposos no resisten el escrutinio. Para empezar, Emilio Álvarez Icaza no ha incurrido en conflicto de interés alguno. Tiene un papel administrativo en un organismo internacional desde el cual no se involucra en cuestiones políticas ni tiene voz ni voto. Por su trayectoria en el ámbito de los derechos humanos, conoce y ha tratado a personas y a organizaciones a lo largo del país. Eso no significa que él haya ordenado las medidas cautelares de la CIDH ni que haya nombrado a los miembros del GIEI ni que tenga una agenda política vinculada a la del PRD. Como señala el artículo de la académica del CIDE, Ximena Medellín Urquiaga, en el artículo “¿Cúal es, en realidad, la naturaleza jurídica del GIEI-Ayotzinapa?”, el diálogo entre el Estado mexicano, los representantes de las víctimas y la CIDH condujo a la adopción de un acuerdo de “asistencia técnica internacional” como parte de las medidas cautelares dictadas ante la desaparición de los muchachos. No fue una ocurrencia o una imposición de Álvarez Icaza como algunos –de mala fe– han argumentado. Las partes convinieron en la creación del famoso GIEI cuyo mandato era y sigue siendo: 1) la búsqueda con vida de las personas desaparecidas; 2) el análisis de las líneas de investigación criminal; 3) el análisis técnico del Plan de Atención Integral a Víctimas. El propio Estado mexicano solicitó la ayuda, pero al GIEI se le dotó de autonomía técnica y de gestión de las partes, incluyendo vis a vis la propia Comisión Interamericana. No es un grupo que haya sido nombrado por Álvarez Icaza ni esté bajo sus órdenes. Sugerirlo es demeritar la trayectoria destacada y admirable de cada uno de sus miembros, incluyendo Claudia Paz –exfiscal guatemalteca– que ya no puede vivir en su propio país por el trabajo contra la corrupción que llevó a cabo allí. Ninguno de los miembros del Grupo ha recibido pagos de ONG mexicanas, como ha sido sugerido, y su independencia es incuestionable. Llegaron a México con la sola agenda de encontrar la verdad y proveer de reparación a las víctimas. En segundo lugar, se afirma que el trabajo del GIEI no ha sido hecho con bases científicas. Quien dice eso no ha leído con cuidado el informe ni reconoce las credenciales profesionales del perito José Torero ni ha visitado el basurero de Cocula. Y sí, en México hay excelentes peritos pero quienes fueron contratados por la PGR para hacer los estudios sobre la supuesta incineración de los 43 o se equivocaron o mintieron. Si permanecen dudas sobre qué ocurrió en el basurero, Torero y otros de talla internacional e independencia probada deben estar presentes. El tema de la incineración –reforzado por confesiones contradictorias o extraídas bajo tortura– es el que ha sido utilizado con mayor frecuencia para poner en tela de juicio el resto del informe. Y la politización ha sido generada por aliados del gobierno. ya sea por parte de ONG que reciben financiameinto público o por medios que hace tiempo renunciaron a su independencia. En tercer lugar se dice que el GIEI no es el grupo indicado para llevar el caso desde el punto de vista de la investigación, que no cuenta con las facultades para llevar a cabo indagaciones de índole penal. Quien afirma eso no conoce su mandato ni cómo se inserta en la normatividad internacional en torno a los derechos humanos. Al Grupo se le dio la facultad para “actuar como coadyuvante en las investigaciones, así como para presentar las denuncias penales para la persecución del delito que corresponda ante las autoridades competentes (…).” Y así lo ha hecho. ¿Qué descubrieron en su investigación? Una PGR que no siguió líneas de investigación que debió haber abierto. Una PGR que manejó mal la evidencia y la cadena de custodia con restos, huesos, cenizas, ropa, balas. Una PGR que en la versión de la “verdad histórica” negó el involucramiento o la presencia de la Policía Federal y el Ejército en Iguala esa noche. Una PGR que negó la existencia del quinto autobús, que sugiere hipótesis alternativas sobre las razones detrás de la desaparición de los normalistas. Una PGR que basó sus conclusiones en confesiones hechas con base en tortura. Una PGR que intentó darle carpetazo al caso a pesar de las múltiples incongruencias en los expedientes. Una PGR que –además– siembra armas. Preocupa entonces el esfuerzo por poner en tela de juicio un informe sobre Ayotzinapa riguroso, sistemático, imparcial y profesional. Preocupa que se intente tumbar una versión que esclarece y busca llegar a una hipótesis compartida en un país polarizado. En lugar de rechazar al GIEI deberíamos arroparlo y apoyarlo para que pueda continuar lo que comenzó. Deberíamos fortalecer su mandato, reorientar la investigación, allanarle el camino y exigir un nuevo grupo de investigación dentro de la PGR. Porque si el Estado mexicano tuviera la fortaleza institucional para lidiar con Ayotzinapa, no se habría producido una “verdad histórica” que resultó ser una mentira monumental. Ahora habrá que erradicarla y eso sólo se logrará echando a andar una maquinaria moral colectiva, oxidada y en desuso. En el país de la duda permanente, puede y debe existir la verdad. A encontrarla, pues.