MÉXICO, D.F. (apro).- La muerte por armas de fuego entre niños en Estados Unidos ha generado una nueva polémica sobre el sentido de la segunda enmienda de ese país. Hay quienes están a favor y, por el contrario, aquellos que piensan que es un derecho constitucional que no debe modificarse, entre los que me incluyo. En México el tema de la posesión y portación de armas de fuego enfrenta viejos mitos, provocados por una buena política de pánico moral mediático generada por el gobierno federal, que ha influido en lo que piensa una parte significativa de la población. En mi obra Seguridad, armas de fuego y transparencia. Mito y realidad sobre el derecho de posesión y portación de armas de fuego en México (que se encuentra a disposición gratuita en http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3097) abordo en extenso lo que aquí expongo en forma sintética por la discusión de coyuntura. Veamos. Primero. En México la posesión de armas de fuego es un derecho humano conforme a lo previsto en el artículo 10 constitucional. La portación, por ende, es una extensión de esta prerrogativa de las personas. La postura gubernamental sobre la tenencia de las armas de fuego se centra en los siguientes elementos discursivos: a) La posesión de armas de fuego incentiva la violencia; por el contrario, la portación bastante restringida de armas de fuego representa un instrumento para la paz y la convivencia pacífica y armónica de los seres humanos en sociedad; b) La sociedad mexicana no tiene educación para tratar racionalmente con armas de fuego, razón por la cual aunque no haya el ánimo de afectar a otra persona hace que los accidentes muchas veces fatales generen pérdida de vidas humanas o afectaciones graves a la integridad personal, lo que repercute en mayores gastos médicos para las personas y el Estado, y c) Las armas de fuego son negativas porque fuerzas sobrenaturales como “el diablo” permiten la comisión voluntaria o involuntaria de delitos, lastimando el monopolio de la fuerza pública que tiene el Estado. Y así se podrían enumerar otros sofismas que justifican las campañas de desarme voluntario, por ejemplo, donde se convoca a la población para que entregue armas de fuego a cambio de despensas o dinero. En realidad se trata de una estrategia muy bien aceitada y reproducida por todos los mecanismos posibles para generar disuasivos a la posesión y portación de armas de fuego. Segundo. La verdad de las cosas es muy distinta. En efecto, aquí planteo en forma sintética lo que sostengo de la postura oficial sobre el tema: a) Las armas de fuego no son sinónimo de violencia. No hay estudio científico que avale semejante afirmación. Puede ser paradójicamente al revés. La teoría del desplazamiento señala que los delincuentes buscarán cometer delitos en las zonas donde tienen la convicción de que no hay armas de fuego que en aquellas donde viven personas con armas de fuego y entrenamiento para su uso por razones de seguridad a su integridad, la de los suyos y su patrimonio como lo establece el derecho humano que se encuentra en el citado artículo 10 de la Constitución; b) La educación de los mexicanos es mucho más alta hoy en el 2015 que la habida en Estados Unidos en 1791, cuando todavía el país no era ni independiente. Si en estos cuatro siglos en Estados Unidos no ha habido una desarticulación del Estado por la segunda enmienda, menos podrían justificarse las inconstitucionales restricciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para que los mexicanos puedan defenderse de manera legítima y efectiva. Más todavía. En la lógica del absurdo, con la ley reglamentaria del artículo 10 constitucional se otorga, en los hechos, carta blanca para que los delincuentes, muchos surgidos de las fuerzas del orden, otros que siguen en activo, y unos más, entrenados precisamente por miembros del Ejército, la Marina o las fuerzas policiales usen todo tipo de armas de fuego para fines ilegales; c) La invocación a fuerzas sobrenaturales sobre las armas de fuego son propias de una sociedad iletrada, que no es el caso de México, al menos en los mínimos de instrucción, muchísimos mayores que los habidos en los Estados Unidos de 1791. Sobra decir que los accidentes en Estados Unidos habidos en la semana pasada son excepciones, sino no hubieran sido nota periodística. Tercero. Debe haber una reforma sustantiva a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, de suerte que: a) Se permita (ojo, no afirmo que sea una obligación tener un arma de fuego, sino que si alguien lo desea lo pueda hacer) que todo mexicano mayor de edad pueda acceder a armas de fuego para su seguridad personal y su patrimonio. Hoy, las políticas del Estado generan que los delincuentes no tengan resistencias para cometer delitos, casi todos en la impunidad. Ello genera, en la realidad, que el monopolio de la violencia formal del Estado se haya convertido en el monopolio de la violencia para delinquir por miembros del Estado o en colusión con él y en perjuicio de la mayor parte de las personas; b) Las licencias para posesión y portación de armas de fuego deben estar en manos de una autoridad civil y sujetas a la aprobación de exámenes de conocimiento para su buen uso, permaneciendo, como hasta ahora existen, los controles psiquiátricos para quienes quieren tener un arma de fuego. Hoy no existe ninguna escuela que ofrezca cursos para manejo de armas de fuego a pesar de tratarse de un derecho humano, como sí lo hay en Estados Unidos o en distintos países europeos. Esta falta de acceso a conocimiento especializado es lo que genera accidentes, no las armas por sí solas, que son instrumentos que requieren de la voluntad humana para funcionar; c) Si la razón de las restricciones existentes al margen de la Constitución fuera un tema de estadísticas de privación de la vida o de afectaciones a la integridad, se deberían restringir los automóviles, las motocicletas, las albercas, los alimentos embotellados para bebés, pues que cada uno genera mayores tragedias que las armas de fuego. Para nadie es un secreto que lo que no haga el ciudadano por sí mismo, jamás lo hará la policía cuyos agentes, en grandes proporciones, garantizan la inseguridad, la corrupción y el miedo entre los mexicanos. 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