TIANJIN (apro).- Los vecinos de este puerto asistieron al Armagedón. Explosiones con la fuerza de más de 20 toneladas de dinamita iluminaron el cielo nocturno, calcinaron miles de automóviles, arruinaron bloques de viviendas y retorcieron recios contenedores. La voladura de tres mil toneladas de materiales químicos peligrosos plantó un paisaje postnuclear en un coqueto barrio portuario aquella medianoche del pasado 12 de agosto. El cúmulo de ilegalidades conocido después y tres nuevos accidentes en las siguientes semanas han puesto el foco sobre la seguridad laboral en general y el turbio sector químico en concreto. El gobierno ha prometido una limpieza después de lo que calificó como una “lección pagada con sangre”. En la catástrofe murieron 164 personas, 97 de ellos bomberos. Las investigaciones periodísticas han perfilado la crónica de un accidente anunciado. La compañía Ruihai, que gestionaba el almacén, había operado ocho meses sin licencia antes de que la obtuviera en junio. Sólo podía gestionar 22 toneladas de cianuro sódico en lugar de las 700 que disponía; las instalaciones estaban apenas a 500 metros de un núcleo de viviendas cuando la ley habla de un kilómetro; ni los trabajadores ni los bomberos que fueron a apagar el incendio habían recibido la formación necesaria… La hipótesis más factible es que fueran los bomberos quienes provocaran la explosión al aplicar agua a sustancias altamente volátiles que requerían un apagado en seco. En el almacén se juntaban decenas de materiales químicos diferentes, lo que plantea un problema insalvable en caso de incendio porque requieren operaciones opuestas. Parece sorprendente que no hubiera ocurrido antes. Una mentalidad empresarial que prioriza los beneficios frente a las engorrosas medidas de seguridad laboral y ese clásico ovillo de intereses de empresarios y políticos en el que se extravía el cumplimiento de la ley acaban de dibujar el cuadro. Los accidentes no escasean en China, pero ninguno ha alcanzado la repercusión de éste. Contribuyó la espectacularidad de las imágenes, la alta mortalidad y la escasa media hora en tren que separa Tianjin de Beijing. La ciudad costera, de más siete millones de habitantes, es una de las más ricas del país y está en las antípodas de esa China rural donde los accidentes pasan más desapercibidos. Las explosiones afectaron al nuevo distrito portuario, una aseada zona de amplias avenidas y edificaciones de calidad que había atraído a la pujante clase media. Es más difícil de callar, conoce sus derechos y los resortes para defenderlos. Ninguno quiere regresar a sus viviendas por el miedo a las estructuras dañadas y la contaminación química y, tras varias protestas, el gobierno local ha accedido a comprárselas por un precio mayor del que habían pagado. “Tengo un niño, no quiero que crezca ahí”, señalaba a Apro una profesora de inglés que había gastado 1.3 millones de yuanes (203 mil dólares) en la compra de su departamento cuatro años atrás. Como el resto de vecinos, siempre pensó que aquellos contenedores que veía desde su ventana sólo guardaban automóviles u otros productos para exportar. Así que el gobierno de Beijing ha reaccionado con tanta prestancia como rotundidad. Ofendido porque las autoridades locales taparan durante las primeras horas la gravedad del accidente, pidió a los principales medios de comunicación que investigasen las conexiones entre el gobierno municipal y la empresa. Medios privados tan prestigiosos como Caijing o la agencia de noticias oficial Xinhua se han lanzado con ímpetu al escándalo. Sorprendió que la aséptica y propagandística Xinhua publicase un reportaje con fuentes anónimas en la mejor tradición del periodismo de investigación. Las detenciones no han escaseado. Ha caído una decena de empleados de la compañía, entre ellos sus dos propietarios. Uno es Yu Xuewei, antiguo directivo de una compañía estatal química. El otro, Dong Shexuan, es hijo del antiguo jefe policial del puerto. Fue atraído por el primero para que sus conexiones aceitasen la obtención de la licencia después de que fuese denegada en un principio por incumplir los requisitos legales. Y después cayeron los funcionarios. El primero fue Yang Dongliang, director del órgano nacional de seguridad laboral y antes vicealcalde de Tianjin. Yang había aprobado que las compañías que gestionaban materiales peligrosos sólo necesitasen la licencia de las autoridades portuarias. Esa descentralización facilita que los gobiernos locales, siempre necesitados de fondos, miren hacia otro lado. Y después fueron detenidos otras 12 autoridades de la municipalidad, el puerto y el sector de transportes, acusados de otorgar permisos indebidos o de incumplir su deber de control. Los expertos subrayan que Tianjin no es una excepción. Greenpeace tiene documentados 13 accidentes similares en la primera mitad de este año. Semanas después de esa tragedia, una explosión en unas instalaciones químicas dejó 13 muertos en la provincia de Shandong. La organización ecologista denuncia que las leyes chinas sobre transporte, almacenamiento, producción e importación/ exportación de materiales peligrosos son confusas, tienen lagunas y su incumplimiento es un problema a escala nacional. La rigurosa investigación posterior sobre el sector ha mostrado que la compañía Ruihai no era la única manzana podrida. Más de dos tercios de las empresas examinadas en la región de la capital cometían irregularidades que suponían riesgos para la seguridad de la población. Son 85 de 124, según la prensa oficial. La campaña de alcance nacional ha cerrado o suspendido temporalmente la actividad de más de un centenar de compañías del sector en siete provincias. Pero el principal problema, añade Greenpeace, es un sector que se ha desarrollado muy rápido. China ha pasado de importador a principal productor y exportador. “Las regulaciones, las capacidades, el conocimiento y el cumplimiento de la ley se han quedado muy atrás para enfrentarse a los riesgos que suponen las materias químicas peligrosas. Es hora de que China revise su sistema de gestión para evitar que otro desastre masivo como Tianjin vuelva a ocurrir”, señala por correo electrónico Wu Yixiu, experto en sustancias tóxicas de la organización en Asia Pacífico. Tianjin es el mayor puerto del norte de China y la tercera región del país en crecimiento económico con 9.4 %, dos puntos por encima de la media nacional. El sector petroquímico aporta casi la tercera parte de su Producto Interno Bruto y se teme el impacto del accidente en las finanzas municipales. Este puerto también ha colocado el foco en la seguridad laboral. Basta un paseo por obras en China para ver escenas que escandalizarían a sindicatos en Occidente. Pero este, a pesar de las mediáticas ciudades del este, es todavía un país en vías de desarrollo. Sirve aquello de “mucho hecho, mucho por hacer”, como en tantos otros aspectos en los que China salva siglos de retraso en décadas. Los logros no son escasos: del millón de accidentes y 140 mil muertos en 2002 a los 290 mil accidentes y 66 mil muertes del pasado año. El lugar de trabajo en China es “peligroso”, señala Labour Bulletin, la organización que desde Hong Kong monitoriza los derechos laborales en el país. Las “ligeras” mejoras se explican menos por la actuación gubernamental que por el final de los días de la producción salvaje y la estabilización económica, añade. “La peligrosidad se debe a una combinación de factores, pero el fundamental es la falta de cultura de seguridad laboral en muchas empresas. La seguridad está subordinada a la alta productividad y los beneficios. Y hasta que gobierno, empresarios y trabajadores no la prioricen, la situación no mejorará. Será un proceso largo, como lo fue en Estados Unidos y Europa” señala por teléfono Geoffrey Crothall. La organización traza paralelismos entre las condiciones laborales actuales en China con las que sufrían los trabajadores en Occidente durante la Revolución Industrial, aunque con la diferencia de que aquí la intervención del gobierno es mucho más potente. Para muchos trabajadores de las fábricas de la costa oriental, llegados en masa de las provincias rurales, un sueldo decente es aún su único desvelo. Los sindicatos que tradicionalmente se ocupan de denunciar la falta de seguridad en otros lugares del mundo son ineficaces aquí. Están formados por burócratas y funcionarios del partido que ni representan ni protegen a los trabajadores. Otro problema es la dificultad de los gobiernos locales para financiarse. Los impuestos de las empresas son una de sus escasas vías, así que en el mejor de los casos prefieren que produzcan sin freno a cerrarlas por incumplimientos legales. Y en el peor, aceptan sobornos para mirar hacia otro lado. El crecimiento económico que lustra sus credenciales es prioritario, por lo que en la práctica faltan incentivos para fiscalizar la seguridad laboral y sobran para obviarla. China cuenta con suficientes leyes. La última, aprobada en diciembre, prevé multas de hasta 20 millones de yuanes (más de tres millones de dólares). El problema es que son regateadas fácilmente. El optimismo radica en que Beijing ya ha demostrado con la minería que puede embridar un sector desbocado. A principios de siglo morían entre seis mil y siete mil trabajadores al año y los accidentes no salían en la prensa por rutinarios si no contaban con centenares de víctimas. En el cuadro abundaba la corrupción impune y la ignorancia de leyes en pequeñas explotaciones regidas por facinerosos que imponían condiciones semiesclavistas. Muchos empresarios acabaron entre rejas y aquella atomización acabó en la consolidación de grandes compañías. Hoy mueren menos de mil mineros al año. Aquellas masacres periódicas en las minas de carbón avergonzaban al gobierno de la segunda economía del mundo tanto como ver las explosiones de Tianjin en todas las portadas globales. Su voluntad parece firme y hoy incluso la policía controla por carretera el transporte de materiales químicos. La duda es si el ímpetu durará lo suficiente. Crothall es escéptico. “Hemos escuchado promesas rotundas de nuevas medidas para mejorar la seguridad después de cada tragedia masiva. Se arresta a algunos, se encuentran chivos expiatorios y un año o dos después vuelve a ocurrir lo mismo. No soy muy optimista de que esta vez vaya a ser diferente”, señala.