México, D.F., 13 de octubre (apro).- La empresaria María Asunción Aramburuzabala ratificó y aportó elementos nuevos a la denuncia de hechos por extorsión contra Teresa Adriana Pérez Romo, esposa del periodista Joaquín López Dóriga, Paloma Carrera Baños, el abogado Mario Alberto Becerra Pocoroba y otros involucrados, en el conflicto derivado por la construcción del desarrollo inmobiliario en la calle Rubén Darío 225, de la colonia Polanco. Acompañada por su abogado Javier Coello Trejo, más tres funcionarios de la inmobiliaria Abilia, Aramburuzabala acudió ayer a la fiscalía especial desconcentrada de investigación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, ubicada en la delegación Miguel Hidalgo. La Procuraduría capitalina abrió la averiguación previa FMH/MH-5/T3/517/15-08, tras la divulgación de un video donde el abogado Becerra Pocoroba, a nombre de vecinos del edificio de Rubén Darío 223 y de la esposa de López Dóriga, planteó el pago de 5 millones de dólares, más 600 mil dólares por sus honorarios y una serie de obras de “mitigación” en la colonia Polanco, a cambio de que no se interpusiera el juicio de lesividad en contra de la obra en construcción de Aramburuzabala. La denuncia original precisa que el 16 de junio de este año los abogados Becerra Pocoroba y Erika Mendoza Bergmans, a nombre de un grupo de vecinos, se reunieron con Guillermo Buitano Tirado y Carlos Padilla Fabre, directivos de Abilia, para plantear “de manera directa, cínica y precisa” que “con dinero se podría arreglar todo el asunto, que con el pago de 5 millones de dólares, más 600 mil dólares para su abogado, más la reconstrucción de aproximadamente la mitad de las banquetas de la colonia Polanco y sus luminarias, así como las glorietas de Campos Eliseos, monto adicional que podría ser similar al solicitado por la señora Teresa Adriana Pérez Romo de López Dóriga, a través de su abogado, se podrían terminar los problemas”. La misma propuesta fue presentada el 29 de junio pasado, a través de un correo electrónico con el asunto: “Propuesta Convenio RD 223 y Honorarios”. Al ser negada la propuesta de extorsión el mismo mes de junio, Becerra Pocoroba presentó, a nombre de los vecinos de Rubén Darío 223, un juicio de lesividad en contra de la obra inmobiliaria de la empresa Abilia. Según la demanda, los abogados Becerra Pocoroba y Mendoza Bergmans hicieron siempre alusión “a la fuerza periodística del señor Joaquín López Dóriga” y mencionaron “la estrecha relación que se tenía con diversos funcionarios del Gobierno del Distrito Federal, dando a notar la misma, bajo la forma en como desde enero de 2015 han venido actuando para no permitir que se realice la obra del proyecto denominado Rubén Darío 225”. La demanda de extorsión fue hecha pública por la empresaria desde finales de agosto. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal resolvió a favor de la compañía Abilia el juicio de lesividad, y la Conserjería Jurídica del Distrito Federal afirmó el pasado 24 de septiembre que “acatará el fallo”. Aún están pendientes dos juicios de lesividad interpuestos por la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) del Distrito Federal, y otro promovido por la esposa de López Dóriga y 10 vecinos más que piden la cancelación del proyecto inmobiliario. En otra pista, se desarrolla la demanda por extorsión que se persigue de oficio. El Ministerio Público capitalino está en la etapa de investigación y está citando a declarar a los probables responsables.