¿Qué ha pasado con Israel Vallarta, expareja de Florence Cassez y presunto líder de la banda de secuestradores de Los Zodiaco? El show mediático de la detención de la pareja cumplirá 10 años en diciembre. El escarnio judicial contra Vallarta, sus dos hermanos y tres sobrinos igualmente detenidos no ha cesado. A pesar de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de liberar a Cassez a causa del montaje, la PGR no ha reconocido la amplitud del simulacro orquestado para engañar a la opinión pública; por el contrario, recurre a una serie de maniobras para encubrir la tortura y la fabricación de cargos. El teatro del engaño, libro de Emmanuelle Steels puesto en circulación por Grijalbo, ofrece una investigación detallada del caso y concluye: la sociedad mexicana es la principal agraviada por este montaje. Aquí se publican fragmentos sustanciales de la obra. MÉXICO, D.F. (Proceso).- La voz de Israel no es la voz de Florence: ella siempre la alzó, cuando él, durante mucho tiempo, tuvo que quedarse callado. Mientras estaba arraigado, a merced de los agentes que amenazaban con matar a su familia y de sus aliados en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO, ahora SEIDO), Israel no quiso ni pudo denunciar el montaje. Florence lo hizo. Convencida de que se trataba de un malentendido, la francesa pensó que sería liberada en un lapso de tiempo breve. Israel tomó rápidamente conciencia, al ser torturado, que no se trataba de un error judicial, sino de una maquinación. Cuando las autoridades reforzaron las acusaciones y voltearon a las víctimas en su contra, se hizo evidente que no podrían evitar ni la cárcel ni un largo juicio. Lejos de los focos mediáticos, Israel Vallarta denunció formalmente la tortura y aportó, como prueba, el dictamen médico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) del 12 de diciembre de 2005, que dejaba constancia de las quemaduras por toques eléctricos. El 30 de agosto de 2006 se abrió una averiguación previa por los delitos de abuso de autoridad y lesiones en la Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la PGR1. En esa averiguación se vertió la investigación interna abierta por la Agencia Federal de Investigación después de la revelación pública del montaje2. Israel abrió dos frentes: quería demostrar la tortura y su inocencia. El 2 de febrero de 2007, Vallarta fue atacado por un perro en el módulo de máxima seguridad del Reclusorio Oriente. El ataque, que le ocasionó graves lesiones en una pierna, ocurrió durante un operativo de revisión del Grupo Especial Táctico Tiburón, conocido por sus actos recurrentes de tortura contra reos, al más puro estilo de Abu Ghraib, la cárcel donde militares estadunidenses torturaban a sus detenidos en Irak y donde los reos eran aterrorizados con perros agresivos. Después de la denuncia de la familia Vallarta, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal abrió una investigación3, recabando la narración de Israel sobre el ataque: “…dirigiéndose directamente a mi celda, el comandante me ordenó que me desnudara y que me parara con las piernas separadas y agarrando los barrotes, cuando de repente escuché y observé que el comandante Miguel Ángel Vargas Campos silbó, y sentí una mordedura…”. La herida empezó a sangrar profusamente y el dolor se volvió insoportable. Los guardias se burlaron: “¿No que eres de la Cruz Roja? Tú bríndate los auxilios, hazte la curación tú mismo”. Vallarta era voluntario de la Cruz Roja e impartía capacitación a los internos. Al día siguiente, cuando un médico pudo finalmente constatar la gravedad de la lesión en el músculo femoral, el comandante habría irrumpido en la enfermería: “…ordenando se me regrese a mi estancia ya que no tenía nada grave, a la vez que me manifestaba que si lo denunciaba, me iba a hacer la vida imposible, mandándome a golpear o en el peor de los casos me iba a mandar a matar”. Tres días después, Israel fue finalmente atendido y hospitalizado durante un mes. La mordedura del perro sirvió de dolorosa señal de intimidación para que dejara de denunciar a los servidores públicos por el montaje y la tortura. Las amenazas de atentar contra sus familiares nunca cesaron. Se cumplieron, con las detenciones de 2009 y 2012, precedidas por vigilancia y acoso policial alrededor de los domicilios de los Vallarta. En julio de 2011, Mario, uno de los hermanos de Israel, fue víctima de un operativo de terror, cuando policías federales vestidos de civil saquearon su casa y lo mantuvieron privado de su libertad durante varias horas, avisándole de su próxima detención. “La ‘nueva policía inteligente’ continúa prostituyendo la ley. Ésa es la verdadera delincuencia organizada con placa, que en los últimos años ha dañado tanto a México”, dice la carta de Israel Vallarta a los medios de comunicación, del 26 de marzo de 2012, un mes antes de la captura de Mario y de su sobrino Sergio. Israel ya no quería callarse. Pero alzar la voz siempre tenía un precio. El 20 de abril de 2012 un expolicía federal encarcelado, un hombre cercano a Luis Cárdenas Palomino y Javier Garza Palacios, los artífices del montaje mediático de la detención de Vallarta y Cassez4, se habría acercado a Israel en un pasillo del reclusorio y le habría dicho: “Me mandan decir que retires la demanda. Y que no se te vuelva a ocurrir pedir que comparezca Garza Palacios. Tú ya sabes que con testigos falsos podemos hacerte todo y podemos involucrar a tu familia…”. Israel dio aviso a su hermana Guadalupe durante la visita del 27 de abril y le pidió que denunciara los hechos. Pero era demasiado tarde. El mismo 27 de abril, a las 20:00 horas aproximadamente, Mario y Sergio fueron detenidos. En la noche del 27 al 28, sus familiares, muertos de angustia, habían acudido a la CNDH para dejar constancia de su desaparición y, con base en sus experiencias anteriores, expresar sus temores de que estuvieran siendo torturados en algún lugar por la Policía Federal5. Evidentemente, lo que temían estaba ocurriendo en ese preciso instante. El personal de la CNDH les comunicó que tendrían que esperar 72 horas porque hasta entonces no eran hechos consumados, sin entender que eran los mismos hechos que llevaban siete años consumándose. Como en el caso previo de René, Juan Carlos y Alejandro, el 7 de mayo de 2009, las denuncias de la familia ante la CNDH6 permiten comprobar formalmente el retraso en la puesta a disposición del Ministerio Público. El 28 de abril de 2012 por la tarde, 20 horas después de su captura, los familiares de Mario y Sergio supieron que la Policía Federal los había finalmente entregado a la SIEDO, donde habían llegado en condiciones de salud calamitosas. Una vez llegados los familiares a ese lugar, se abrió una puerta y Guadalupe vio a su hermano convulsionándose en una cama, con la espalda en carne viva. El agente del Ministerio Público le dijo que los federales los habían entregado en ese estado. La CNDH tardó 28 días en enviar a su personal a entrevistarlos. Firmaron confesiones bajo tortura, ignorando el contenido de sus declaraciones. Mario y Sergio fueron acusados de secuestros cometidos poco antes de su detención, en 2012, cuando la Suprema Corte estaba estudiando la posible liberación de Florence Cassez. El acoso, las detenciones y las torturas formaban el círculo de terror alrededor de los Vallarta: amenazas que nunca se quedaban en amenazas y siempre se cumplían. En el caso de René, Juan Carlos y Alejandro, hubo señales indicando que la investigación de su detención por parte de la PGR7 estaba siendo saboteada internamente. El Ministerio Público informó a la familia que el perito que firmó los protocolos de Estambul demostrando la tortura8 había retirado su dictamen. Según la PGR, había “mucha presión” y los responsables no iban a ser detenidos. A los Vallarta se les quiere quitar lo poco que habían conseguido: el reconocimiento de su tortura. David Orozco ya no puede defenderse. Este comerciante de ropa fue detenido el 5 de mayo de 2009, torturado y obligado a filmar un video para acusar a Vallarta y Cassez. Murió el 5 de enero de 2015 en el penal de alta seguridad de Tepic, después de que le diagnosticaran en junio de 2014 un tumor en el riñón. El juez rechazó el incidente de libertad por enfermedad terminal que había solicitado, impidiendo a su esposa acompañarlo durante su agonía. Durante cinco años su familia estuvo alertando de la degradación de su estado de salud, manifestando, entre otros síntomas, dolores y orina en la sangre. El urólogo lo vio solamente en 2014. Entonces, los médicos le preguntaron por los golpes y los toques eléctricos que le habían dado en los testículos. Inmediatamente relacionaron la tortura, demostrada por el protocolo de Estambul9, con su padecimiento, pero no dejaron constancia de la relación en sus informes, para no crear evidencia que pudiera ser utilizada en contra de las autoridades, según su esposa, Silvia Velásquez. La muerte de David Orozco, consecuencia probable de eventos que ocurrieron varios años antes, podría ser considerada como un asesinato de efectos retardados. El 17 de abril de 2015 Antonio Fernando Bernal Gutiérrez, el agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero de Procesos Penales Federales en el estado de Nayarit, entregó al juez conclusiones acusatorias por los delitos de “delincuencia organizada y otros” en contra de Juan Carlos y Alejandro. El documento es un nuevo capítulo de la arbitrariedad ciega en la que se mueve la PGR: los acusa de posesión de narcóticos con fines de venta, “lo que demuestra la conducta típica consistente en organizarse”. El funcionario inventó un delito por el cual no aportó pruebas, ni fabricadas ni sembradas, y por el cual jamás fueron procesados los sobrinos de Israel. El cúmulo de burlas, simulaciones y violencias culmina con estas acusaciones, ejemplo de la enajenación que se apoderó de la PGR en su proyecto de destruir a la familia Vallarta, todo para validar la legitimidad del montaje inicial y la existencia de la banda de los Zodiaco. (Juan Carlos y Alejandro Cortez Vallarta fueron sentenciados el 22 de septiembre de 2015 a 33 años de prisión por delincuencia organizada, portación de arma y por el secuestro de Ezequiel Elizalde, por el juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Nayarit. Ambos habían demostrado que no podían haber cometido ese plagio al encontrarse en sus lugares de trabajo, uno en el DF y el otro en Akumal, Quintana Roo.) “Yo soy el primero de todos que quiere que se sepa la verdad”. Dos ojos negros, una mirada fija que traspasa la rejilla cerrada de la sala de audiencia delatan la obsesión de un hombre. Israel Vallarta tiene ahora 45 años, los 10 últimos con su vida en suspenso. El 24 de junio de 2015, en el penal de máxima seguridad del Altiplano, dispone de 20 minutos para condensar 10 años de lucha y 33 tomos de expediente en un torrente de palabras. Nuevamente ese día, se espera el testimonio de una víctima que no llega. “¡Yo quiero que ese señor comparezca! Quiero que el juez vea que yo no tengo nada que ver con su secuestro”, dice Vallarta. Se refiere a Shlomo Segal, un hombre secuestrado en 2003, hecho por el cual Israel fue acusado en 2011. Segal nunca identificó al procesado; manifestó a la PGR que “no tenía ningún interés en continuar con el asunto” y solicitó “que no se le molestará para nada”10. Después de amenazarlo con imponerle multas y una pena de cárcel por su desacato, el juez de Toluca envió policías ministeriales a casa de su hermano en diciembre de 2014 para buscarlo por la fuerza. Bajo amenaza de aprehensión, Segal se comprometió a acudir a declarar. Pero nunca lo hizo. Un mes antes, Vallarta se había mostrado agitado cuando llegaron a comparecer algunos de los agentes que lo habían torturado. Con lágrimas en los ojos, Israel había solicitado la intervención del juez por videoconferencia. “Después de tanto tiempo, no te creas, voy a cumplir 10 años y me siento desesperado, ¡me siento impotente! De tanto que he intentado defenderme. Todo, siempre, ha estado en mi contra. ¡Somos inocentes! Pero así va la justicia en México”, dice Israel. Está convencido de que llegar a la verdad de los hechos es la única protección de la que podrá gozar su familia. l ___________________________________________ Notas 1. Averiguación previa núm.147/DGDCSPI/06. 2. Expediente DII/113/DF/06, abierto en febrero de 2006 por la Dirección General de Supervisión e Inspección Interna para la AFI. 3. Denuncia del 3 de julio de 2007. Averiguación previa FSP/B/T2/00529/07-03. 4. Respectivamente director general de Investigación Policial y director general de Operaciones Especiales de la desaparecida Agencia Federal de Investigación. 5. Oficialía de partes, folio núm. 42738, 28 de abril de 2012 a las 5:13. 6. Oficialía de partes, folio núm. 29273, 7 de mayo de 2009 a las 19:19 horas. Se abrió el expediente CNDH/1/2009/1859/1/OD. 7. Averiguación previa PGR/SIEDO/UEIS/097/2009. 8. Por el perito en psicología licenciado Luis Alberto Soto Jacinto, 29 de mayo de 2009. Causa penal 71/2009-VII, tomo I, pp.611-656. 9. Realizado por Manrom & Asociados, peritos en psicología, criminología y victimología, el 5 de abril de 2010. Causa penal 71/2009-VI. 10. Constancia de llamada telefónica a Shlomo Segal Mizdrahi por la lic. Denisse Romero Navarro, agente del Ministerio Público de la SIEDO. Causa penal 100/2010, tomo 21, p. 563.