BRUSELAS (apro).- Mientras en México el lobby tabacalero opera a sus anchas y en secreto, del otro lado del Atlántico la Comisión Europea acaba de ser acusada de infringir las normas de la Convención marco para el control del tabaco de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al ocultar del escrutinio público los encuentros que sostienen sus funcionaros con cabilderos y representantes legales de las cigarreras. El lunes 5, una investigación de la defensora del pueblo europeo (ómbudsman), Emily O’Reilly, concluyó que la manera en que la Comisión Europea informa al público de esas reuniones es “inadecuada”, “poco fiable” e “insatisfactoria”. “En la mayoría de los casos –señaló la defensoría en un comunicado de prensa—, la Comisión Europea únicamente publica información sobre tales encuentros cuando debe responder a solicitudes de acceso a documentos o a preguntas de eurodiputados. La ómbudsman halló que algunas reuniones con representantes jurídicos de la industria del tabaco no fueron comunicadas por considerar que no tenían propósitos de lobby”. Específicamente, la acusación de “no haber sido suficientemente transparente” respecto al lobby de las tabacaleras corresponde al periodo en que presidió la Comisión Europea el político portugués José Manuel Durao Barroso, entre noviembre de 2004 y octubre de 2014. Pero eso no significa que la situación haya cambiado con su sucesor, el actual presidente de nacionalidad luxemburguesa Jean-Claude Juncker. Por tal motivo, la ómbudsman instó a Juncker “a actuar proactivamente desde ahora para que sean publicadas en línea todas las reuniones con los cabilderos del tabaco, o sus representantes, así como las minutas de las mismas”, específicamente, añadió, cuando están implicados funcionarios del Servicio Legal de la institución. También lo exhortó a reformar el actual registro de cabilderos de la UE, que descansa sobre una base de inscripción voluntaria y no obligatoria. O’Reilly argumentó: “La Comisión Europea tiene una particular responsabilidad al ser la institución de la Unión Europea (UE) que cuenta con la iniciativa para proponer leyes comunitarias, por lo que debe garantizar que el proceso de elaboración de las políticas de salud pública sea lo más transparente posible”. “Esto es aún más cierto –continúa la ómbudsman--, en lo que se refiere al control del tabaco, para el cual existe un marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Este marco aplica a todas las instituciones de la UE, que están obligadas a implementar sus salvaguardas contra el lobby inapropiado del tabaco. Esta es una oportunidad para la Comisión Europea encabezada por Juncker de posicionarse como líder global en la promoción de esta área de la salud pública”. De acuerdo con la investigación, sólo la Dirección General para la Salud y la Seguridad Alimenticia de la Comisión Europea aplicaba correctamente esa convención internacional para el control del consumo del tabaco, lo cual juzgó insuficiente frente a la dimensión de la institución y el impacto del tema en sus múltiples áreas. Un caso que desnudó las oscuras relaciones entre la Comisión Europea y las cigarreras –y que la ómbudsman menciona en su expediente-- fue el llamado “escándalo Dalli”, que tuvo lugar durante la negociación de la Directiva de Productos de Tabaco, que tuvo lugar entre 2012 y 2014. En ese periodo hubo una enorme presión del lobby tabacalero para que la nueva legislación no afectara sus negocios, lo cual derivó en la destitución forzada del comisario de salud John Dalli en octubre de 2013, acusado por Durao Barroso de haber intentado extorsionar a una compañía sueca de tabaco para legislar a su favor. Hasta el momento no se sabe lo que sucedió: si fue como lo planteó Durao Barroso o si la industria forzó la salida de Dalli por sentir amenazados sus intereses. La defensora del pueblo europeo invitó a la Comisión Europea a explicar el próximo 31 de diciembre la forma en que piensa implementar sus recomendaciones. En el origen de la investigación se encuentra una queja de la organización no gubernamental Corporate Europe Observatory (CEO), que desde su sede en Bruselas se dedica a “exhibir los efectos del cabildeo empresarial en las políticas de la UE”. CEO es una de las organizaciones fundadoras de la coalición Alliance for Lobbying Transparency and Ethics Regulation (ALTER-EU), que agrupa a 160 grupos civiles, sindicatos, centros académicos y firmas de relaciones públicas que actúan con el mismo propósito. Tras conocer la resolución de la ómbudsman, el coordinador de Investigaciones y Campañas de CEO, Olivier Hoedeman, calificó esa decisión como “una significativa victoria en la lucha contra el siniestro esquema de esta letal industria (del tabaco)”. “La complacencia y el secretismo de la Comisión Europea sobre sus contactos con la industria del tabaco es sumamente lamentable, pero es parte de un modelo”, opinó Hoederman, quien dijo esperar que “finalmente” la Comisión Europea escuche el mensaje de que tiene que “tomar fuertes medidas para prevenir la indebida influencia” de las tabacaleras, y para que “todos sus departamentos cumplan a cabalidad con la Convención marco para el control del tabaco de la OMS”. “Producto letal” La Convención marco de la OMS para el control del tabaco entró en vigor el 28 de septiembre de 2005 (México la ratificó el 2 de febrero de ese mismo año). En su demanda, CEO acusa a la Comisión Europea de no implementar correctamente el Artículo 5 párrafo 3 de dicho convenio, firmado por 180 países y también por la UE (además de sus Estados miembros). Ese párrafo, correspondiente a las obligaciones generales, estipula: “A la hora de establecer y aplicar sus políticas de salud pública relativas al control del tabaco, las partes actuarán de una manera que proteja dichas políticas contra los intereses comerciales y otros intereses creados de la industria tabacalera, de conformidad con la legislación nacional”. Para implementar esas provisiones en particular, los signatarios de la convención elaboraron cuatro “principios directrices”, aunque no son vinculantes. El primer principio reconoce que “existe un conflicto fundamental e irreconciliable entre los intereses de la industria tabacalera y los intereses de las políticas de salud pública”, ya que aquella “produce y promueve un producto que, tal como se ha demostrado científicamente, es adictivo, provoca enfermedades y muertes y da lugar a una variedad de males sociales, incluido el aumento de la pobreza”. El segundo principio manifiesta que “al tratar con la industria tabacalera o quienes trabajan para promover sus intereses, las partes deberían ser responsables y transparentes”. El tercer principio señala que las partes también deberían exigir a las tabacaleras y sus representantes “que funcionen y actúen de manera responsable y transparente”. Y el cuarto principio declara que, “debido a que sus productos son letales, no se deberían conceder incentivos a la industria del tabaco para que establezcan o lleven a cabo sus negocios”. En el preámbulo del convenio, las partes reconocen incluso “la necesidad de mantener la vigilancia ante cualquier intento de la industria del tabaco de socavar o desvirtuar las actividades de control” de tal producto o que las “afecten negativamente”. El caso se remonta a enero de 2013, cuando CEO y otras cuatro ONG escribieron a la Comisión Europea de Durao Barroso para expresar su preocupación sobre la mala aplicación del artículo quinto de la mencionada convención de la OMS, ya que aparentemente algunos de sus funcionarios habían sostenido juntas con cabilderos del tabaco sin que nunca fueran reveladas. CEO sugirió a la Comisión que publicara una lista y las minutas de todos sus encuentros con los representantes de las cigarreras, y solicitó que adaptara su código de conducta para los comisarios, y las regulaciones de su personal, a los estándares éticos que reglamentan las relaciones de la institución con la citada industria. Así mismo, exhortó a la Comisión Europea a hacer imperativo el Registro de Transparencia de cabilderos de la UE. En esa circunstancia, por ejemplo, se encontraba el francés Michel Petite, quien había trabajado durante años como alto consejero legal dentro de la Comisión Europea. Después pasó a ejercer como abogado de la firma privada de cabildeo Clifford Chance, entre cuyos clientes estaba la multinacional tabacalera Philip Morris. Pero al mismo tiempo actuó como miembro del comité ético de la comisión europea que decidía si existía conflicto de interés en las nuevas actividades profesionales de los excomisarios de esa institución, y aconsejaba si se debía autorizarlas o no. Ese caso fue documentado por CEO, que entregó la evidencia a la investigación de la ómbudsman. El 7 de febrero siguiente a la carta de CEO, la Comisión Europea respondió que sus leyes existentes de transparencia y lobby cumplían con la convención, cuyos principios directrices –recordó-- no eran vinculantes, además de que la ley de acceso a los documentos de la UE (que data de 2001) garantizaba un “alto nivel de transparencia” en la materia. Pero CEO insistió y el 13 de diciembre de ese mismo año volvió a dirigirse a la Comisión Europea, ya que una investigación de la ONG --publicada en diciembre de 2012-- había descubierto que integrantes del propio despacho del presidente Durao Barroso y funcionarios de la Secretaría General de la Comisión Europea se habían reunido en secreto con cabilderos de las compañías tabacaleras. A nombre de la Comisión Europea respondió su vicepresidente, el entonces comisario de Relaciones Institucionales y Administración, Maros Sefcovic (actualmente comisario de la Unión de la Energía). Repitió que la actuación institucional era impecable y agregó que, de hecho, la Dirección General de Salud de la Comisión Europea había desarrollado directrices específicas para su personal porque tenía una responsabilidad especial en el proceso de elaboración de la directiva de productos de tabaco. Sefcovic hasta se jactó de que él mismo había adoptado de buena fe las reglas de la Dirección General de Salud en su área, y que estaba publicando incluso las minutas de sus encuentros con representantes de la industria cigarrera. Ante la cerrazón y la falta de autocrítica, CEO decidió entonces interponer una queja ante la defensoría del pueblo europeo, la cual fue recibida el 20 de junio de 2014. Durante las investigaciones, la Comisión Europea reiteró la compatibilidad de su sistema de transparencia con la convención, y agregó que se habían realizado algunas enmiendas a las regulaciones de comportamiento para su personal en materia de conflicto de intereses, que se aplican desde el 1 de enero de 2014, que siguió a la publicación dos años antes de las nuevas directrices éticas sobre regalos y hospitalidad. La Comisión Europea también subrayó que había emitido una guía práctica para el personal sobre ética y conducta, la cual contiene recomendaciones sobre cómo comportarse al sostener contactos con grupos de interés. CEO celebró esas nuevas medidas introducidas por la Comisión Europea como parte de su programa llamado “Iniciativa Transparencia”, que restringe las reuniones con cabilderos no registrados oficialmente y ofrece una mayor divulgación en Internet de los encuentros con ellos. Sin embargo, señaló la ONG en la investigación de la ómbudsman, “estas medidas necesitarían ser más ampliadas, ya que sólo involucran a un pequeño número de altos funcionarios de la Comisión Europea, como los comisarios, los miembros de su gabinete y directores generales”.