TENANCINGO, Edomex. (apro).- Con la finalidad de efectuar un nuevo peritaje para establecer las causas de su muerte, esta tarde fueron exhumados los restos de Julio César Mondragón Fontes, estudiante de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa. La acción fue solicitada por la familia del normalista, luego de manifestar sus dudas en torno de los resultados de la autopsia practicada a Julio César, donde se concluyó que el rostro le fue arrancado por fauna del lugar. Los trabajos de exhumación fueron presenciados por la viuda y la madre de la víctima, Marisa Mendoza y Afrodita Mondragón, respectivamente, quienes estuvieron acompañadas de una decena de activistas de la organización denominada “El rostro de Julio”. Todos se dieron cita en el panteón de San Miguel Tecomatlán, comunidad del municipio de Tenancingo, donde el estudiante fue sepultado. La exhumación no fue una iniciativa de la Procuraduría General de la República (PGR) ni de instancia oficial alguna, “es un logro de la lucha de la familia Mondragón y de todas las personas que la han apoyado”, apuntaron los parientes de Julio César. Detallaron, asimismo, que los nuevos estudios al cadáver del joven serán realizados por siete integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). “Exigimos a todas las instituciones del Estado no entorpecer ni obstaculizar el trabajo”, subrayaron en un comunicado. De igual manera, recordaron que el estudiante de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa “fue torturado y ejecutado extrajudicialmente, y al día de hoy se desconoce quiénes son sus victimarios y por qué hubo tanta saña contra él”. El cuerpo del normalista fue encontrado por militares el 27 de septiembre de 2014. “Ellos fueron quienes dieron aviso al Ministerio Público en Iguala, Guerrero, e incluso estuvieron presentes durante la diligencia de levantamiento de cadáver. La autopsia realizada en Iguala se hizo sin profesionalismo ni rigor alguno”, precisa el texto. Sostiene que las autoridades del estado de Guerrero hicieron caso omiso de las señales de tortura que presentaba el cuerpo, además de que la investigación de la Procuraduría General de Justicia del estado está llena de errores, omisiones y carencias, como lo ha documentado el Grupo de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI). De acuerdo con los familiares del normalista, en marzo de 2015 emprendieron la lucha legal para esclarecer lo sucedido a Julio César y exigir que se finquen responsabilidades, pero el camino “ha estado lleno de obstáculos, contratiempos y trabas burocráticas”. Señalaron que el 26 de febrero la PGR anunció la detención del supuesto homicida –un asesino solitario– para dar carpetazo al asunto, pero un mes después lo exoneraron. Y el 27 de agosto pasado solicitaron formalmente la exhumación. “La decisión fue dolorosa y difícil, pero indispensable para conocer la verdad”, por lo que se realizaron decenas de diligencias en Iguala, Toluca, Tecomatlán y el Distrito Federal. “La justicia tampoco ha sido pronta ni expedita. El común denominador de todo este proceso legal ha sido la dilación, indolencia e inacción de las y los operadores de justicia que tienen en sus manos el fragmentado expediente”, acusaron. A mediados de septiembre se fijó el 30 de ese mismo mes como fecha para la exhumación, pero siete días antes las autoridades del Estado de México, entidad donde yacen los restos de Julio César, solicitaron postergarla, con el argumento de que la fragmentación de los expedientes obligó a realizar diversas notificaciones. “Este cambio provocó, además de la revictimización de la familia, un costo económico para las y los expertos internacionales que ya habían comprado su boleto para viajar a México”, recordaron. En octubre pasado la procuradora Arely Gómez anunció públicamente la fecha de la exhumación, pero “no nos consultó si queríamos que eso se difundiera”, lamentaron los deudos. Y advirtieron: “No permitiremos que se entorpezca el trabajo del EAAF, denunciaremos de inmediato cualquier obstáculo o mal manejo de la situación por parte del Estado mexicano. Al Estado le exigimos confidencialidad sobre los resultados de los peritajes. Una vez que nosotros los conozcamos, tomaremos posición al respecto”. Las diligencias se realizaron con la observación de integrantes del GIEI, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), y los Poderes Judiciales de Guerrero, Estado de México y Distrito Federal. La PGR, en tanto, proporcionará las instalaciones de su Coordinación General de Servicios Periciales para realizar los estudios necesarios. “Abrazamos a las familias de los 43, de los otros caídos esa trágica noche, y también a los heridos y sus familias. Su dolor es el nuestro y su lucha también”, concluyeron los familiares. En el documento redactado por Diana del Ángel se describen como señas particulares de Julio César Mondagón: “Normalista, irreverente, libre”. Julio César fue hallado muerto la madrugada de 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, horas después de la agresión que habría sufrido un grupo de estudiantes de la Normal Isidro Burgos, dentro de los cuales se encuentran los 43 desaparecidos. El cadáver de Mondragón fue localizado desollado.