MÉXICO, DF (apro).- Organizaciones de familiares denunciaron “desinterés, discriminación y maltrato” por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) con la reasignación de personal de la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas (FEBPD) para investigar la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En un carta enviada a la procuradora Arely Gómez, 35 colectivos integrados en el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México rechazan la integración de agentes ministeriales de la Fiscalía a la Unidad Especial para Ayotzinapa, como parte de los acuerdos firmados el 20 de octubre en Washington por el gobierno de Enrique Peña Nieto con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). En la última conferencia de prensa del GIEI, realizada el pasado viernes 6, Ángela Buitrago informó que la Unidad Especial para Ayotzinapa se creó un día antes y que se le habían asignado “cuatro funcionarios, pero se han proyectado 33”. Al exigir “trato digno y sin discriminación a las familias de las personas desaparecidas y sus representantes, y un plan nacional de búsqueda de manera inmediata”, los integrantes del Movimiento Nacional consideran que la decisión representa “un retroceso en las investigaciones” que se llevaban en la Fiscalía Especializada. Los firmantes reprueban que “la decisión no fue comunicada de manera digna a los familiares, pues no ofrecieron una explicación completa ni alternativa alguna, o medidas para subsanar los impactos negativos de este cambio, lo que este Movimiento califica como desinterés, discriminación y maltrato”. Tras señalar que ante la inconformidad se revocó el cambio de una de las agentes ministeriales, lo que para los familiares es insuficiente, los colectivos que integran el Movimiento reprochan a Gómez “la falta de visión estratégica y de mínima sensibilidad de las autoridades hacia quienes luchan por buscar a sus seres queridos, y empujar a las precarias estructuras del Estado responsables de esta labor”. Al manifestar su respaldo a los padres de los normalistas desaparecidos y al GIEI, los integrantes del movimiento recuerdan a la funcionaria federal que el “Estado tiene la obligación de generar condiciones para que la búsqueda de los estudiantes desparecidos brinde resultados y las investigaciones avancen, al igual que en todos los miles de casos de personas desaparecidas en nuestro país”. Añaden: “No es quitando los pocos recursos de la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas como el Estado mexicano va a cumplir con sus responsabilidades y acuerdos internacionales, por el contrario, las instituciones deben contar con el personal, las capacidades y los recursos necesarios para que la atención de unos casos no vaya en detrimento de otros”. Recuerdan, asimismo, que la primera institución creada por el gobierno de Peña Nieto para atender la crisis de desapariciones, la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, “no ha contado con el personal necesario, policía de investigación, la tecnología ni recursos suficientes, no tiene metodología adecuada ni planes de búsqueda desde una perspectiva contextual, y no ha mostrado un empuje ni liderazgo en la identificación de restos humanos en fosas comunes y clandestinas como parte de la estrategia integral de búsqueda”. Desde su creación, en junio de 2013 –agregan–, “la UEBPD nunca fue una respuesta adecuada frente a la magnitud de la crisis de desapariciones en nuestro país”, situación que se repite en la Fiscalía Especializada, en la que “persisten las mismas deficiencias en esta instancia y, por lo tanto, no está en capacidad para realizar la búsqueda de las personas desaparecidas ni las investigaciones como lo requiere la crisis de desapariciones que vive el país”. Luego de rechazar “cualquier distinción o intento de dividir” las luchas de los desaparecidos y reiterar su solidaridad con los familiares de los normalistas, los integrantes del Movimiento exigen a la procuradora respetar el derecho a la verdad de las víctimas y familiares, “incluyendo el acceso a la información clara y oportuna sobre las investigaciones”, y promover y respetar el “derecho a la consulta y participación en las investigaciones y mecanismos de comunicación, transparencia y rendición de cuentas”. De igual manera piden una respuesta “seria y profesional” a los familiares de las personas desaparecidas, “afectados por el cambio de los ministerios públicos”, respuesta que deberá “incluir un plan de trabajo para cada investigación y los recursos humanos y materiales que garanticen resultados prontos en la búsqueda de las personas desaparecidas”. También demandan fortalecer y reorganizar la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas, “recuperando los estándares y buena prácticas internacionales y dotando a esta instancia de los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios para que la búsqueda e investigación se realice de manera integral, coordinada e inteligente”. El escrito enviado a Arely Gómez está firmado por organizaciones de Baja California, Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Querétaro, Estado de México, Distrito Federal, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Morelos, Nuevo León y Sinaloa, integrantes del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México. Acompañan a los colectivos de familiares Cauce Ciudadano, Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Fundar Centro de Análisis e Investigación, Servicios y Asesoría para la Paz, Taller de Desarrollo Comunitario, Dirección de Atención a Víctimas de la Universidad Autónoma de Morelos e I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, así como María Emma Mora Liberato, J. Guadalupe Téllez Castrejón y Carlos Ríos.