Ante impunidad en México, ONG llevan a la ONU tres casos de desaparición forzada

MÉXICO, DF (apro).- Convencidos de que “no existía posibilidad de obtener justicia” en México, los abogados de las organizaciones Litigio Estratégico en Derechos Humanos I(dh)eas y Comisión de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) presentaron tres casos de desaparición forzada ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

Directo en la sede del organismo en Ginebra, los representantes de esas organizaciones también llevaron los casos por tener deficiencias en el acceso a la justicia para los expedientes de “desaparición en contexto sistemáticos y generalizados de impunidad”.

Las comunicaciones enviadas por I(dh)eas y la CMDPDH se refieren a Christian Téllez, estudiante detenido en 2010 por la Policía Intermunicipal de Poza Rica, Veracruz, de quien no se sabe nada “a pesar de que existen testigos de los hechos que reconocieron a los agentes”. El segundo caso es el de Jesús Israel Moreno, visto por última vez en 2011 en Chacahua, Oaxaca, y cuya investigación por parte de la Procuraduría estatal está plagada de irregularidades.

El último es el caso de Víctor Manuel Guardado, desaparecido en 2013 después de que integrantes del Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE) de Coahuila allanó su domicilio, lo golpeó, torturó delante de su familia y se lo llevó a instalaciones de la corporación sin que hasta ahora se conozca su destino.

Al presentar estos casos ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, las organizaciones consideraron que el organismo internacional tiene competencia para atenderlos, toda vez que en nuestro país no existe “posibilidad de obtener justicia”.

Para el coordinador de I(dh)eas, Juan Carlos Gutiérrez, recurrir al litigio internacional “abre una esperanza a las víctimas de desaparición forzada de personas”.

De acuerdo con el abogado, la ONU “tiene competencia para juzgar a México por violaciones a los derechos humanos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Tratado Internacional más importante en el Sistema Universal y además envía un mensaje al Estado mexicano sobre la existencia de vías diferentes al Sistema Interamericano de la OEA, que también son obligatorias y sus decisiones deben ser cumplidas”.

Gutiérrez consideró legítimo que los familiares de las víctimas de desaparición forzada ejerzan su derecho a “explorar vías que les permitan continuar en la lucha contra la impunidad y buscar caminos de justicia que han sido cerrados en el país”.

El defensor retomó las observaciones que hizo el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, en su reciente visita al país, en el sentido de que “98% de los crímenes cometidos en México queda sin resolver y la mayoría de ellos no son nunca propiamente investigados”.

Asimismo, recordó que en las observaciones finales de febrero de 2015, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU señaló que en México hay “un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del Estado, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas”.

Según las organizaciones, el objetivo del litigio ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU es “el reconocimiento de las violaciones de los derechos humanos, la búsqueda y localización de las personas desparecidas, la determinación de la responsabilidad y con ello la reparación integral del daño a las familias y la reforma de las instituciones”.

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