MÉXICO, DF (apro-cimac).- Expertas internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Organización de Naciones Unidas (ONU) llamaron al Estado mexicano a tomar acciones con perspectiva de género para prevenir, sancionar y erradicar la tortura sexual contra las mujeres. Durante el foro internacional “Hacia la erradicación de la tortura sexual a mujeres en México. Propuestas y perspectivas nacionales e internacionales”, realizado hoy en esta capital, las especialistas recordaron que en marzo pasado el relator especial para la Tortura de la ONU, Juan E. Méndez, concluyó en su informe sobre México que la tortura –muchas veces de índole sexual– es generalizada en el país y se comete durante la detención y la consignación de las personas. En ese sentido, Tracy Robinson, relatora sobre los Derechos de las Mujeres de la CIDH; Rashida Manjoo, relatora de la ONU sobre la Violencia contra la Mujer de 2009 a julio de 2015, y Roxana Arroyo, presidenta de la Fundación Justicia y Género de Ecuador, coincidieron en la necesidad de que el Estado mexicano enfrente el problema. Al foro internacional también acudieron 19 sobrevivientes de tortura sexual, quienes denunciaron el patrón de violaciones a sus derechos humanos que padecieron. Junto con organizaciones civiles, las víctimas convocaron al encuentro para dar seguimiento al informe del relator Juan E. Méndez y a la audiencia temática que se realizó en marzo en la sede de la CIDH en Washington, y en la que México se comprometió a tomar cartas en el asunto. De acuerdo con Tracy Robinson, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos reconoció la violencia sexual como tortura en 1996, cuando analizó el caso de una mujer peruana agredida por miembros del Ejército, y destacó las dos sentencias contra México por la tortura sexual cometida por militares contra dos indígenas (Inés Fernández y Valentina Rosendo). A decir de la comisionada, estas violaciones a los derechos humanos están inmersas en estereotipos de género; subrayó que hay tratados y convenciones internacionales que reconocen este flagelo, y por ello los Estados deben trabajar para prevenirlo. Robinson sostuvo que violaciones de esa naturaleza provocan diversas consecuencias en las mujeres, inclusive entre las indígenas se considera como “la pérdida del espíritu”, mientras que en otros casos se ve como una lección correctiva contra aquellas “que no cumplen con la feminidad”. En las sentencias contra México por los casos de Inés y Valentina, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado garantizar medidas para que casos similares no se vuelvan a repetir. Rashida Manjoo, exrelatora de la ONU sobre la Violencia contra la Mujer, consideró que la cultura de discriminación es un factor que ayuda a que haya tortura, y aseguró que uno de los retos es transformar el sistema de justicia para que las y los funcionarios cambien la actitud hacia las víctimas. A su vez, Roxana Arroyo, presidenta de la Fundación Justicia y Género de Ecuador, expresó que la protección contra la tortura requiere una visión de género, por lo que recomendó dejar de lado la interpretación clásica de este delito y ampliar el concepto, porque también se puede dar la tortura en el ámbito familiar. Señaló que en los casos de tortura sexual se debe enjuiciar a los culpables y reparar a las víctimas, aunque reconoció que no es tarea fácil porque los cuerpos de las mujeres siguen siendo espacios en constante pugna, dado que los administradores de justicia no dan un trato diferenciado a las víctimas porque piensan que discriminan a otros. Puntualizó que en el caso mexicano preocupa la impunidad, y es evidente que se requiere profundizar en las líneas de investigación porque hay una falta de comprensión de la igualdad en la administración de justicia y en las instancias que ni siquiera aplican el Protocolo de Estambul (peritajes médicos y psicológicos para comprobar el delito), subrayó. En el foro también participó el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, quien recordó que los tratados internacionales prevén el derecho de las personas a no ser torturadas, por tanto –declaró– esta práctica no se justifica y debe ser investigada. Al ser cuestionado sobre el número de denuncias, quejas o recomendaciones al respecto, el ombudsman nacional manifestó que no tenía el dato, pero señaló que podrían ser “unas 86 quejas a lo largo de los años” sin precisar cuántas correspondían a mujeres. Por ley y en concordancia con la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la CNDH opera el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que de acuerdo con González ha servido para que el organismo haga visitas a los centros penitenciarios y emita reportes periódicos. Ante las críticas de activistas sobre el casi nulo impacto de ese mecanismo, el ombudsman expresó que la intención de la CNDH es fortalecer esa herramienta para erradicar condiciones que provocan tortura. También respondió a las víctimas que se quejaron de la falta de atención a sus casos y atajó: “Estaba trabajando al respecto”. En julio pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 73 constitucional que faculta al Congreso de la Unión a expedir leyes generales en diversas materias, entre ellas tortura, por lo que el Legislativo federal trabaja en una propuesta y el Ejecutivo debe enviar otra. Al respecto, la senadora perredista Angélica de la Peña dijo que presentó su iniciativa de ley general, pero aún deben esperar la propuesta del Ejecutivo para que con la nueva legislación no haya pretextos para no investigar y sancionar ese delito. La senadora aclaró que no hace falta una ley para hacer frente a este fenómeno, toda vez que en cada entidad ya hay un tipo penal, además de que existen la Ley Federal Para Prevenir y Sancionar la Tortura y el Protocolo de Estambul.