CUERNAVACA, Mor. (apro).- En una ríspida reunión realizada en palacio de gobierno, representantes de colectivos de familiares de víctimas de desaparición forzada exigieron al secretario de Gobierno Matías Quiroz Medina y al fiscal Javier Pérez Durón que se abran las fosas clandestinas de Tetelcingo, en las que se colocaron más de 100 cadáveres “no identificados”. Acompañados por el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos Jesús Alejandro Vera Jiménez y del líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Javier Sicilia Zardaín, las víctimas exigieron que sea un equipo independiente de la UAEM el que realice los estudios técnicos genéticos de los cuerpos depositados en las fosas ilegales. La reunión comenzó pasadas las cinco de la tarde, con representantes de colectivos de víctimas de al menos 10 estados del país, entre ellos Morelos, Guerrero, Coahuila y Tamaulipas. Sin embargo, por parte del gobierno sólo estaba Matías Quiroz. Luego de guardar un minuto de silencio y de hacer las presentaciones correspondientes, el rector Vera Jiménez preguntó al colaborador del gobernador Graco Ramírez por qué no estaba presente el fiscal. Al cuestionamiento se sumó Sicilia, la señora Amalia Hernández, tía de Oliver Wenceslao, joven que fue recuperado de esas fosas clandestinas en diciembre de 2014 y cuya investigación hizo públicas las ilegales inhumaciones. “Nos quedaremos aquí el tiempo que sea necesario, el que sea, hasta que llegue el fiscal”, advirtió indignada Amalia Hernández, quien fue secundada por los 60 representantes de colectivos presentes en la reunión. “Es una grosería que el fiscal no esté en esta mesa, exigimos respuesta”, señaló Omar Maldonado, quien tiene un familiar desaparecido en Morelos. La reunión se interrumpió por más de 40 minutos hasta que llegó Pérez Durón. Se reinició el encuentro y el fiscal dio respuestas genéricas a los cuestionamientos de los familiares, hechos públicos en una carta dirigida al presidente Enrique Peña Nieto y a Graco Ramírez, pero aquéllas no dejaron satisfechos a los presentes. Vino entonces un intercambio de reclamos contra las autoridades. El fiscal intentó evadir el asunto al señalar que “viene llegando” a la dependencia. Sin embargo, la tía de Oliver Wenceslao señaló que debería citarse a comparecer al exfiscal estatal Rodrigo Dorantes Salgado, actual delegado de la PGR en Durango. El fiscal admitió que no tiene toda la información y que la indagación va lenta, pero se comprometió a acelerar los procesos para la integración de las carpetas de investigación para deslindar responsabilidades de los delitos que existan derivados de las fosas clandestinas de Tetelcingo y las demás que existan en el estado. Al final, alrededor de las diez de la noche, las organizaciones lograron que la Fiscalía y la Secretaría de Gobierno aceptaron firmar una minuta con 15 acuerdos, en los que se establece que la autoridad se obliga a aceptar la coadyuvancia de la UAEM, en relación con los exámenes forenses, la exhumación, los estudios genéticos y la determinación del número de cuerpos. Además, exigieron que el grupo de trabajo de la UAEM no tenga personas que estén relacionadas con las autoridades, así como hacer públicas a los interesados, en este caso los familiares de las víctimas, las carpetas de investigación. Asimismo, contar con elementos gráficos de video y fotografía de la necropsia, así como archivos de accesorios de identificación, el registro odontológico y las muestras genéticas, aparte de imágenes del levantamiento del cuerpo y archivos de identidad. También los dictámenes de los procesamientos químicos de todo lo encontrado en las necropsias. Incluso, hacer público el registro de los servicios médicos forenses de los últimos 20 años que estén operando o que hayan dejado de operar, donde se incluyan registros de entradas y salidas de cuerpos de seres humanos, así como la ubicación de las personas no identificadas y la carpeta de investigación correspondiente. Pero sobre que se deslinden las responsabilidades, lo que incluye que se cite a comparecer a todos los responsables, entre ellos el exfiscal Rodrigo Dorantes Salgado, para que explique por qué se realizaron esas inhumaciones en las fosas clandestinas de Tetelcingo. Javier Sicilia y Valentina Peralta, del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, también demandaron al gobierno de Graco Ramírez garantizar la seguridad de la familia de Oliver Wenceslao, y que se deje de criminalizar a las víctimas. El gobierno del estado se comprometió a dar una respuesta en las próximas horas respecto de estos acuerdos, aunque los colectivos, al cierre de la edición, aguardaban en palacio de gobierno a la espera de la respuesta de las autoridades.