La detención de Iván Cazarín Molina, el miércoles 18 en un salón de fiestas de Tlajomulco de Zúñiga, fue anunciada por la Policía Federal como un éxito porque se trata del “segundo al mando del CJNG” y mano derecha de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho. Sin embargo, salió a la luz que había sido capturado ya otras dos veces, sin que el Ministerio Público pudiera hacer nada para retenerlo en prisión. GUADALAJARA (Proceso Jalisco).- Por tercera ocasión en cinco años fue detenido Iván Cazarín Molina o Víctor Hugo Delgado Rentería, de 31 años, identificado por la Policía Federal (PF) como el segundo al mando del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), que encabeza Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho. El gobierno anunció que en el operativo, realizado la madrugada del miércoles 18 en la colonia Hacienda La Candelaria, de Tlajomulco de Zúñiga, no hubo disparos. Cazarín ingería bebidas alcohólicas y jugaba futbol en un salón que durante el día era centro de operación de la célula delictiva y por la noche se alquilaba para fiestas. De acuerdo con Enrique Galindo Ceballos, comisionado general de la PF, se investiga al cabecilla por ordenar el derribo del helicóptero Cougar EC725 del Ejército el pasado 1 de mayo, en Villa Purificación. En ese ataque murieron ocho militares y una agente de la PF. En esa ocasión el CJNG también llevó a cabo 55 bloqueos carreteros en el estado e incluso algunos en Guanajuato, Michoacán y Colima, e incendió sucursales bancarias, gasolineras y otros negocios. Además se contabilizaron 40 muertos, algunos de ellos inocentes, según testimonios que este semanario recabó de sus familiares y de Javier Díaz, abogado de varios de ellos. Según ellos, decenas de cuerpos fueron amontonados y exhibidos en Villa Purificación por varios días hasta que entraron en descomposición; a mediados de mayo los trasladaron al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Esas víctimas se dedicaban a labores del campo, la minería, o trabajaban en un aserradero presuntamente clandestino, pero eran ajenos a los enfrentamientos entre militares y sicarios (Proceso Jalisco 550). El comisionado Galindo mencionó que Cazarín, quien se reportaba directamente con El Mencho, estableció su centro de operaciones en la zona metropolitana de Guadalajara, donde blanqueaba el dinero ilegal. El grupo no sólo se dedicaba a la distribución de droga, sino también a extorsionar a comerciantes, robar combustibles y cometer homicidios en las regiones del Centro, Valles y la Sierra Occidental de Jalisco, así como en Veracruz. Junto con el lugarteniente del Mencho fueron detenidos Marco Antonio Rocha García, de 19 años; Rafael Ortega Aquino, de 31, y Yahir Martínez Mora, de 19. Se les aseguraron cinco armas largas y cuatro cortas, además de cocaína y cuatro vehículos. Cazarín era uno de los objetivos principales de la Operación Jalisco, que arrancó el 1 de mayo en las regiones de la costa y sur de la entidad para desarticular las bandas del narcotráfico, sobre todo al CJNG. De acuerdo con la versión oficial, los agentes federales localizaron a Cazarín después de seis meses de labores de inteligencia, de gabinete y de campo. El presunto narcotraficante está relacionado con al menos siete averiguaciones previas federales, algunas por delitos contra la salud y homicidio. En reportes policiacos Cazarín es una figura clave en el ascenso y consolidación del CJNG durante la administración del gobernador panista Emilio González Márquez. Se considera que consiguió desplazar a grupos de narcotraficantes como La Resistencia, liderada por Ramiro Pozos, El Molca, y Víctor Torres, El Papirrín. Tales confrontaciones entre bandas fueron sangrientas. En septiembre de 2011 aparecieron 35 cuerpos frente al centro comercial Plaza Américas de Boca del Río, Veracruz. Se le atribuyó el homicidio múltiple a los “Matazetas”. El 24 de noviembre siguiente se hallaron 23 cadáveres en varios vehículos abandonados en las inmediaciones de Los Arcos del Milenio, en Guadalajara. Las autoridades interpretaron este crimen como una respuesta al ataque en Veracruz. El 13 de octubre pasado, la Policía Federal detuvo en Cancún, Quintana Roo, a Daniel Quintero Riestra, Dany Quintero, presunto líder de plaza en Guadalajara a las órdenes del Mencho y uno de los más buscados del país, entre otros motivos por su presunta participación en el asesinato del secretario de Turismo de Jalisco, Jesús Gallegos Álvarez, el 8 de marzo de 2013. Detenciones y dudas El 21 de marzo de 2010, soldados de la Novena Región Militar capturaron a Cazarín con su escolta, Domingo Medina Moguel, Rigoberto Ortega Nardo o Domingo Medina Díaz, El Mingo o El Brother o El Tío y otras 12 personas en un narcolaboratorio en el municipio de Cocula, pero meses después lo dejaron libre. El 10 de julio de 2013, al desplegar operativos en Tlajomulco de Zúñiga y Zapopan, aprehendieron a Cazarín en el fraccionamiento Bugambilias. El entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, informó de la detención de un sujeto identificado sólo como “Víctor Hugo Delgado Rentería, El Tornado, El Comandante Tormenta y/o El Frijol”, lugarteniente del Mencho. También esa vez cayó Medina Moguel. Ambos fueron recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno, Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, pero otra vez fueron liberados. Como parte de su defensa, dentro del expediente 963/2013 del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal Federal, el 7 de noviembre de 2013 su abogado Hugo Dionisio Guadalupe presentó un acta de nacimiento certificada en el ayuntamiento de Veracruz para demostrar que su nombre es César Cazarín Molina (esta vez fue presentado como Iván): “Y no así como en la causa penal se han referido con nombres diversos como son Víctor Hugo Delgado Rentería, Víctor Hugo Delgado Moreno, José Luis Cazarín, Víctor Hugo Rentería, Eduardo Ávila Alcántara, Víctor Tornado Moreno, alias El Tornado, El Compadre, El Matazetas, Moreno, El Frijol, El Comandante o El Apá.” El litigante solicitó que el juez, Raúl Valerio Ramírez, dentro del proceso penal llamara a su defendido “por su nombre, y no así como con nombres diversos y alias que aparecen mencionados. Mi petición se fundamenta en los tratados internacionales que nuestro país tiene celebrados con otros países (sic), en donde la identidad es un derecho humano irrenunciable, máxime que las constancias que integran la presente causa no hay dato o persona que señale a mi representado César Cazarín Molina con los otros nombres y apodos que se han mencionado”. El defensor de Cazarín también presentó el exhorto 690/2013, derivado de la causa penal 244/2013 del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en Jalisco, en el cual el juez aceptó dejar de llamar a Cazarín Molina por los nombres y alias que se mencionan en la consignación. “La conducencia y pertinencia en dicho medio de prueba radica en demostrar que mi representado en todo momento ha referido que su nombre correcto es César Cazarín Molina y nunca haber utilizado otros nombres o alias”, asentó el abogado. El juez respondió que a los indiciados en su declaración preparatoria se les informó sobre los delitos por los cuales ordenó aprehenderlos el titular del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en la entidad. “Incluso ante su cuestionamiento se les informó que los mismos se encuentran considerados como graves por el numeral 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, motivo por el cual no tienen derecho a disfrutar del beneficio a la libertad provisional bajo caución (…) mayormente cuando antes de firmar el acta respectiva, le dieron lectura íntegra y ratificaron su contenido”, dice el juez. Consultado por este semanario, el maestro en derecho con especialidad en administración de justicia y seguridad pública de la Universidad Panamericana, Gerardo De la Cruz Tovar, considera que Cazarín Molina pudo aprovechar fallas en el sistema de procuración de justicia para obtener su libertad: “Si bien han sido jueces quienes lo han liberado, esto se debe a que la Agencia del Ministerio Público, la PGR y la SEIDO en su momento, no han podido acreditar que la persona es responsable de los delitos que se le atribuyen. Si tenemos una acusación endeble, que no esté bien soportada con las pruebas necesarias para emitir en contra de él una sentencia condenatoria, el juez se ve obligado a absolverlo.” Recuerda que en los ochenta se buscaban los datos en fichas de cartón, por lo que “eventualmente una persona podría utilizar alias, y con sólo cambiarse el nombre entorpecía la investigación, pero ahora, con los sistemas de cómputo que tienen PGR y todas las fiscalías estatales, se pueden realizar búsquedas de huellas digitales y antropométricas en segundos”. Añade que “en este supuesto no importaría que el sujeto se cambiara el nombre, puesto que el sistema diría cuál es su nombre verdadero y además los antecedentes. Entonces, quien ha fallado aquí tendría que ser necesariamente el Ministerio Público, porque algunos de los delitos que le han atribuido a este señor en ocasiones anteriores, como pudiera ser narcotráfico, delincuencia organizada, son delitos graves y no le permitirían salir bajo caución”. Señala que si una persona es puesta a disposición de un juez de distrito por un delito no grave, como la portación de arma, la autoridad puede negar la libertad bajo caución, siempre y cuando el Ministerio Público (MP) lo solicite. Por ejemplo, explica el académico, si el MP aporta elementos para establecer que, por su conducta o precedentes, liberar al inculpado representa un riesgo para víctimas, ofendidos, testigos, o “en este caso que nos ocupa para la sociedad”, se le niega. En su opinión, “habría que ver si (Cazarín) obtuvo su libertad anteriormente por una deficiencia en la integración de la averiguación previa (…) Aquí es la SEIDO o la PGR la que no está haciendo bien su labor”. No cree que se trate de un caso fuera de lo común. “Estas son situaciones que las vemos de manera reiterada, particularmente con personas que tienen una trascendencia dentro de los grupos delictivos. Esto no pasa normalmente con los simples peones o con los delincuentes de barrio”. Señala que nunca se va a detener a los verdaderos líderes realizando una operación de narcotráfico o secuestro: “Ellos por lo general están atrás, son otros los que llevan a cabo la parte operativa; entonces tiene que ser en más de una labor de inteligencia que se le pueden atribuir los delitos. Por otra parte, dada la capacidad económica que tienen, cuentan también con mejores abogados que pueden destruir fácilmente las pruebas que pudiera haber integrado medianamente la fiscalía”. –¿Sus recursos económicos podrían comprar la justicia? –se le plantea al especialista. –Efectivamente, pero aquí tendríamos que dividir el sistema de justicia en procuración y administración, porque las fallas que se advierten están en procuración. Con esa capacidad económica, poseen un gran poder corruptor que pudiera generar una mala integración porque falta una firma o un testigo no declaró en forma completa o se olvidó agregar alguna prueba, y esto genera que el juez se vea obligado a dar la libertad. Sin embargo, la fiscalía tiene siempre la opción de interponer recursos de apelación, de revocación e incluso la facultad de investigar al juez. De la Cruz concluye que si Cazarín fue detenido dos veces antes, una de ellas en un narcolaboratorio, “no necesariamente nos habla de que sea uno de los principales operadores, porque también es una cuestión mediática a la que cada vez más se recurre, que es presentar las detenciones magnificándolas y haciéndolas ver como si el aprehendido fuera el más efectivo de tal o cual organización, pero vemos que al grupo delictivo no se le afecta, las cosas siguen funcionando como si nada”.