CUERNAVACA, Mor.- La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Morelos confirmó que de las fosas clandestinas ubicadas en Tetelcingo, Morelos, el 28 de marzo de 2014 fueron inhumados 118 cuerpos; de los cuales ya se entregaron dos luego de que fueron identificados por sus familiares. La dependencia confirmó los números en un documento presentado por el fiscal Javier Pérez Durón ante las comisiones unidas de Seguridad Pública y Justicia y Derechos Humanos del Congreso local. El informe señala que no existe ninguna carpeta de investigación respecto a ocho cuerpos, mientras que otros tres fueron donados sin ningún tipo documentación. Con ello, la autoridad confirmó el hallazgo de 11 cuerpos sin ningún expediente, tal como lo adelantó apro el pasado 14 de noviembre. Pérez Durón admitió que hasta el momento no han encontrado 27 carpetas investigación, lo que significaría que 38 cuerpos no tienen ningún tipo de documento que los identifique. De acuerdo con el reporte, del cual apro tiene copia, de los ocho primeros cuerpos inhumados-- “desconocidos” y sin carpeta--, el fiscal exhibió un documento del pasado 25 de noviembre, firmado por el recién llegado coordinador central de Servicios Periciales, Samuel Nava y dirigido a la fiscal regional metropolitano Rosa Isela Pérez Martínez. En él se asegura que dichos cuerpos son de personas que fallecieron en hospitales y que “en su mayoría se trataba de personas indigentes”. Más: Del total de cadáveres inhumados, sólo tienen 44 perfiles genéticos --23 de la zona metropolitana de Cuernavaca y 21 de Cuautla--. No obstante, el funcionario omitió explicar por qué no tienen los estudios del resto de los cuerpos. Sobre la ficha de la policía municipal de Cuautla que estableció que en marzo de 2014 fueron inhumados 150 cuerpos, como lo publicó esta agencia el pasado 22 de noviembre, la Fiscalía llamó a declarar a dos de personas mencionadas en la publicación: Humberto García Cortés, segundo al mando de la policía municipal de Cuautla, y el director de Salud de ese municipio, Gonzalo Sánchez Hernández. En la declaración de éste último, el policía admitió que el día de la diligencia de inhumación nunca contaron los cuerpos ni solicitaron a la Fiscalía documentación oficial para corroborar que fueran 150 cadáveres. En tanto, el encargado del sector salud en el municipio aseguró que estuvo 30 minutos en el lugar. “Y no tuve el cuidado de contar los cuerpos”, dijo. Y aunque a principios de noviembre la autoridad municipal dijo que las carpetas de investigación estaban abiertas al público, ahora advirtió: “No están a disposición del público en general (sino que) están a disposición de los familiares de víctimas desaparecidas de Morelos y de toda la República Mexicana”. Según el fiscal Javier Pérez Durón, la autoridad dará las víctimas el número de carpeta de investigación, la fecha del inicio de la misma, los hechos y circunstancias en los que el cuerpo fue levantado, así como la media filiación, señas particulares, objetos encontrados, ropa y causa de muerte. Finalmente, en el documento se explican las acciones desarrolladas para esclarecer el tema de las fosas clandestinas. Entre ellas se cuentan la elaboración de dos carpetas de investigación para identificar “la probable comisión de algún hecho que pudiera considerarse delictivo, derivado de alguna irregularidad” derivada de las fosas clandestinas, “en contra de los servidores públicos que resulten, por sus actuaciones practicadas llevadas a cabo en el ejercicio de sus funciones, que resultaron en la inhumación del pasado día 28 de marzo de 2014”. La autoridad aseguró que “el área destinada a la fosa común del panteón en cita se encuentra asegurada y resguardada por la autoridad (sin precisar cuál) para evitar una posible alteración o modificación de alguna evidencia, esto con fines de investigación, para el efecto de que los servidores públicos correspondientes practiquen las diligencias necesarias y esclarecer alguna posible irregularidad”. Además, dijo, están en marcha procedimientos administrativos en la Visitaduría General de la Fiscalía, que hace las veces de Órgano de Control, “en contra de servidores públicos” que participaron en la inhumación para verificar si su actuación “se sujetó a los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, eficiencia, eficacia, profesionalismo, honradez, lealtad, probidad y respeto a los derechos humanos recocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Así como al trato de cadáveres con respeto, dignidad y consideración tal como lo establece la ley”. El reporte aseguró también que se “atienden de manera puntual” las quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos relacionadas con las inhumaciones. Éstas fueron interpuestas el 7 de junio de 2014 y el 10 de marzo y 18 de mayo de 2015. La cuarta fue iniciada de oficio el pasado 9 de noviembre. Pérez Durón informó que existe una Agencia Única Investigadora en la Fiscalía Regional Metropolitana, ubicada en las instalaciones de la Fiscalía en Cuernavaca, “que se encargará (sic) única y exclusivamente de desahogar diligencias suficientes y necesarias para lograr identificar aquellos cadáveres que se encuentran en calidad de desconocidos”. Y en el afán de atender a los interesados, reiteró los números telefónicos que difundió el pasado domingo: 3291500 extensión 1360. También recordó los nombres de las agentes del ministerio público encargadas de las investigaciones: Cecilia Peña Camacho, María Guadalupe Domínguez Barona y Jhukensy Nieves Reynoso. Finalmente, dejó abierta la posibilidad de solicitar “la intervención de peritos de la Comisión Estatal y Nacional de Derechos Humanos, incluso de la PGR, para la práctica de pruebas periciales; y sí (sic) el familiar de aquella víctima desaparecida lo autoriza, la intervención también de peritos de la UAEM, previa acreditación de los mismos, como lo marca la normatividad procedimental en la materia penal”. Al final de la comparecencia, Pérez Durón ofreció un mensaje a los medios de comunicación en el que intentó combatir la percepción de que las fosas son ilegales y clandestinas. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, Francisco Santillán Arredondo, sostuvo que "no se puede hablar de la legalidad de una fosa cuando falta un documento. La falta de aprobación del Ayuntamiento de Cuautla implica que no hay plena legalidad en cuanto al estatus de esta fosa para funcionar. Si tiene un permiso, pero le falta uno. No está garantizada la legalidad total de esta fosa".