MÉXICO, DF (apro).- Con siete averiguaciones previas abiertas en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), el gobierno capitalino comenzó este lunes los trabajos para la demolición de la casa de Altavista 111 en Santa Fe, en cuyo predio hubo al menos tres deslaves a principios de mes. El procurador Rodolfo Ríos informó que la dependencia a su cargo mantiene dos investigaciones promovidas por particulares: tres de la delegación Cuajimalpa, una de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y una más del representante legal de la empresa Matc Digital. “Se ha dado intervención a peritos, en materia de arquitectura, de ingeniería civil, hidrosanitaria, documentoscopia, grafoscopia, criminalística y fotografía. Ya hubo una intervención de todos estos peritos, ya hicieron presencia en el lugar, se está en espera de los dictámenes”, explicó. Además, dijo, se ha practicado la instrucción ministerial y se ha solicitado información a la delegación Cuajimalpa, la Secretaría de Protección Civil capitalina, la Procuraduría del Medio Ambiente y Reordenamiento Territorial del Distrito Federal, así como al titular del Instituto para la Seguridad de las Construcciones local, entre otras dependencias. Ríos Garza detalló que los principales delitos que se investigan son daño a la propiedad así como falsificación y uso de documentos falsos. Agregó que para continuar con la investigación, la PGJDF está en espera del resultado de los peritajes realizados por los particulares y el gobierno capitalino para determinar responsabilidades. Inicia proceso de demolición Este lunes, trabajadores de la empresa TGC –rodeados de decenas de policías–, comenzaron el retiro de ventanas y estructuras desarmables, así como instalaciones de gas, tuberías y sistemas eléctricos de la casa ubicada en Altavista 111, propiedad de Arturo Rosette. En ese terreno había instaladas dos antenas de telecomunicaciones, pero desde el pasado 27 de octubre comenzaron los deslaves –presuntamente por reblandecimiento de la tierra a causa de filtración de agua–, mismos que obligaron al desalojo de habitantes de tres de las cinco torres del fraccionamiento Vistas del Campo como medida de prevención. En un comunicado, el gobierno capitalino informó que la Consejería Jurídica emitió la orden de demolición de la casa propiedad de Rosette, ya que los temas administrativos sobre el hecho “ya concluyeron”. A Arturo Rosette, explicó el titular de la dependencia, Manuel Granados, “le fue negada una suspensión de juicio de amparo por la jefatura delegacional en Cuajimalpa, solicitó la intervención del gobierno de la ciudad, pero también le fue negado. Necesitamos la intervención correspondiente para generar las condiciones e iniciar las obras”. Según la Consejería, los costos de la demolición los deberá pagar Rosette, quien además tiene un adeudo del impuesto predial de más de un millón 200 mil pesos. El secretario de Protección Civil, Fausto Lugo, informó que los trabajos de demolición y la estabilización del talud durarán seis meses.