BERLÍN (apro).- Las instituciones mexicanas de gobierno se encuentran vinculadas con el crimen organizado en todos sus niveles, lo que hace que el país atraviese una profunda crisis política y jurídica, con un estado de derecho débil. Tal es la conclusión de las organizaciones no gubernamentales alemanas y mexicanas que participaron en la Conferencia sobre Desaparición Forzada, realizada en la ciudad de Bad Boll, Alemania, en octubre pasado. Esta realidad contradice la apreciación oficial del gobierno alemán -que parte de la idea de que México es una democracia funcional que respeta los derechos humanos- por lo que cualquier tipo de cooperación entre ambas naciones tendría que estar sujeta a un necesario fortalecimiento de la sociedad civil. En una declaración fechada el 1 de diciembre 19 agrupaciones civiles alemanas y mexicanas piden al gobierno alemán redireccionar los alcances y compromisos firmados como resultado de la Comisión Binacional entre ambas naciones, instaurada en junio de este mismo año. “México se encuentra actualmente en una profunda crisis política y jurídica. Todos los niveles institucionales están vinculados con el crimen organizado. Por lo menos 26 mil personas están desaparecidas desde los últimos años sin que se sepa hasta la fecha sobre su paradero. La impunidad en el país es de 98.3%. “Tomando en cuenta estos hechos, no pueden sostenerse las apreciaciones oficiales de la política y economía alemana, que declaran que México es un Estado de Derecho, que dispone de una democracia presidencial funcional y que respeta los derechos humanos”, señala el documento. El caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, exponen los activistas, dejó al descubierto la vinculación entre la clase política mexicana y el crimen organizado. Y exponen un diagnóstico del país poco halagador: “Problemas estructurales como pobreza y polarización social, conflictos de tierra y situaciones de emergencia de la población rural, falta de oportunidades de trabajo y de educación, siguen sin resolverse. La criminalización de los movimientos sociales va en aumento; los líderes sociales son culpados por delitos sin contar con evidencias serias, son detenidos y enviados a prisiones de máxima seguridad; periodistas y defensores de derechos humanos son amenazados, perseguidos, secuestrados y asesinados. “Las desapariciones forzadas de personas en México se extienden en medidas inimaginables. Estos inconvenientes ya son conocidos desde hace tiempo por observadores críticos. El acontecimiento de Ayotzinapa terminó con la imagen de un estado de derecho democrático que el gobierno mexicano había construido”. Por todas esas razones, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México considera en su declaración que el trabajo conjunto acordado entre México y Alemana el pasado junio, cuando el entonces canciller mexicano José Antonio Meade y el ministro del Exterior alemán Frank-Walter Steinmeier constituyeron una Comisión Binacional de trabajo, es erróneo y despierta grandes dudas. Y es que el pasado 9 de junio los dos gobiernos firmaron una Declaración de Intenciones en el marco de la mencionada Comisión Binacional mediante la cual acordaron una colaboración estrecha en materia de seguridad, política exterior, desarrollo, medio ambiente, ciencia, educación y cultura. Uno de los interlocutores del lado mexicano en lo que se refiere al fortalecimiento del estado de derecho mexicano es la Procuraduría General de la República (PGR). Tal actor despierta la suspicacia de las organizaciones civiles mexicana y alemanas. “El Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa evidencia que esta instancia central de investigación (PGR) ha retrasado y ocultado información en vez de facilitar la aclaración de la desaparición forzada de los estudiantes. “De acuerdo con la opinión de la Coordinación y de las organizaciones mexicanas participantes, el gobierno alemán ha elegido el camino erróneo al mantener la política de ‘continuar así’, y así estabilizar las condiciones existentes en México”, señala el documento. Las organizaciones firmantes entre las que destacan Amnistía Internacional y la Oficina Ecuménica para la Paz y Justicia y Procura Misionera de los Jesuitas Alemanes, proponen que antes de cualquier tipo de colaboración el gobierno alemán promueva cambios en México como el fortalecimiento de su sociedad civil y condene la situación de los derechos humanos en el país, además de realizar con anticipación un diagnóstico de las instituciones mexicanas con las que trabajará, así como establecer mecanismos de evaluación de cada proyecto conjunto.