MÉXICO, DF (apro).- El fiscal general de Brasil Rodrigo Janot acusó a Eduardo Cunha, portavoz de la mayoría en la Cámara de Diputados de ese país, de recibir sobornos para beneficiar a empresas con contratos para la construcción de obras para los Juegos Olímpicos de Río 2016. Se trata de la primera investigación sobre corrupción en proyectos olímpicos que han costado al país miles de millones de dólares. Según documentos obtenidos por la agencia The Associated Press, Cunha habría recibido 1.9 millones de reales (475 mil dólares) de la compañía de construcción OAS para adecuar la legislación en favor de la empresa. En declaraciones a medios locales Cunha calificó las acusaciones de “ridículas” y OAS no se ha pronunciado al respecto. Esa empresa está involucrada en la construcción de las sedes de BMX, ciclomontañismo y canotaje en Deodoro, norte de Río de Janeiro y es el segundo conjunto más grande de sedes olímpicas. También tiene a su cargo la construcción de carriles expreso para autobuses y el proyecto de remodelación del puerto de Río cuyo costo es de ocho mil millones de reales (dos mil millones de dólares), y obras para limpiar el agua contaminada en Barra da Tijuca, la zona donde se construye el principal parque olímpico. AP solicitó la información al Comité Olímpico Internacional (COI) que a su vea refirió las preguntas sobre el caso a los organizadores locales, mismos que no respondieron de inmediato. La agencia señaló que de acuerdo con el sistema legal brasileño el fiscal sólo es un investigador y dependerá de un tribunal -en este caso la Corte Suprema- si acepta el caso. El informe de 190 páginas que obtuvo AP señala que Janot afirma que Cunha “manejó la cámara de diputados como un centro para intercambiar legislación por sobornos” y que promovió legislación aprobada en 2012 que otorgó exenciones contributivas a todas las obras de construcción relacionadas con los Juegos, además de que eximió de contribuciones a algunos bienes importados necesarios para los Juegos. De acuerdo con la rama ejecutiva del gobierno brasileño las exenciones contributivas sumaron tres mil 800 millones de reales (mil millones de dólares). El fiscal brasileño también dijo que Cunha utilizó su puesto como legislador para redactar legislación “favorable a los negocios que perjudicó el interés público” y describió al legislador y a un ejecutivo de OAS como integrantes de “una organización criminal”. “Al menos desde 2012, Eduardo Cunha ha actuado ilegalmente a nombre de las corporaciones, ‘vendiendo’ legislación para beneficio de ellos. Eso demuestra que no puede seguir en su cargo”, señala el informe del fiscal. No es la primera vez que Cunha se ve envuelto en un escándalo y actualmente encabeza el proceso de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff.