TOLUCA, Edomex (apro).- Yara, una bebé de 10 meses de edad, murió la mañana del pasado jueves 10 en una guardería del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en esta ciudad, aparentemente por broncoaspiración. La madre, Jalissa Chedid González, exige justicia por la muerte de la pequeña, y denuncia omisión, complicidad y lentitud de la Procuraduría General de Justicia del estado de México (PGJEM). “Era una bebé completamente sana, hiperactiva, alegre, no estaba enferma”, afirma, y recuerda que los únicos avances en la investigación radican en el historial clínico de la menor en el hospital de la 22 Zona Militar, donde era atendida, en el que se reconoce como una bebé sana. Ante el retraso en las indagatorias para hacer justicia a la pequeña, Jalissa Chedid González decidido recorrer las calles de Toluca y apostarse frente a palacio de gobierno porque –dice– “las cuidadoras siguen trabajando como si nada hubiera pasado y ya hasta se fueron de vacaciones, pero nosotros seguimos aquí y vamos a marchar para que el gobernador (Eruviel Ávila) sepa lo que está pasando”. Jarissa admite que el DIF los apoyó con los gastos funerarios, “pero si por eso no se le va a hacer justicia a la niña, se los regreso (el dinero). Hay otros menores que están en riesgo y no quiero que le pase a ninguno la pena que me pasó a mí”, apunta. Nancy Avilés, cuya hija estaba inscrita en la misma guardería, decidió cambiarla porque en varias ocasiones, asegura, se la entregaron con moretones en el cuerpo y luego adquirió una infección que la obligó a hospitalizarla. “Llevábamos a mi hija a esa guardería porque no teníamos otro lugar, somos de escasos recursos, pero cuando comenzamos a observar que llegaba golpeada nos dimos cuenta que no tenían buenos cuidados. Ahora nos unimos para que no pase con más niños”, sostiene la mujer. Yara Gharamy fue inscrita en la estancia infantil “Julieta Lechuga” del Sistema DIF Municipal desde los tres meses de edad, pero al cambiar el ciclo escolar, en agosto pasado, la niña empezó con problemas. “Una vez ya me la habían regresado porque vomitó con sangre, pero en el hospital militar me dijeron que había recibido un golpe contundente en el abdomen y por eso al vomitar arrojó rastros de sangre”, recuerda. Sin embargo, dice, en esa ocasión la enfermera del DIF, de nombre Rosy, aseguró que la niña no se había caído ni pegado. La mañana del jueves 10, Yara fue recibida y revisada por la enfermera Rosy, quien constató que sólo llevaba una rosadura. Minutos después, alrededor de las 11:30, cuando Jarissa se encontraba en una revisión médica en la zona militar, la abuela de la pequeña recibió una llamada y le dijeron que “estaba broncoaspirando”. “El médico que me atendía me dijo que los paramédicos la llevarían en calidad de urgencia al hospital militar de Tenango, pero ya no había tiempo para el traslado. A mamá le comentaron que el hospital más cercano era el del Niño, pero tampoco llegaron”, dice la adolorida madre. Y destaca que hasta ahora, por lo poco que han conocido de la carpeta de investigación, el personal de la guardería reconoce que la niña ya no respiraba desde las 10.30 de la mañana. “A mi mamá le hablaron una hora después, tardó cinco minutos en llegar y evitaron que ingresara a la sala de lactantes 9 (donde se encontraba la menor). La señorita Rosy le pide groseramente que se salga porque los paramédicos estaban tratando de reanimar a la niña. Mi mamá la vio por el cristal, demasiado pálida, y cuando se retiran los paramédicos ya estaba fría, ya había fallecido”, detalla. De inmediato, añade, policías municipales, estatales y personal de la estancia cubrieron los cristales para que nadie se enterara de los hechos y la pequeña fue trasladada al servicio médico forense para la necropsia. “Sólo ha habido negligencia, y lo que me informaron mis familiares es que el procurador (Alejandro Gómez) dijo que no había culpables”. Baruch Delgado, titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), advirtió que independientemente de las responsabilidades administrativas o penales de los servidores públicos encargados del cuidado de la menor, “hay responsabilidad institucional” del ayuntamiento. Por los hechos, la dependencia inició de oficio la queja radicada con el expediente 1345/2015 de la Visitaduría General de Toluca, que ya ha sido ratificada por la madre de Yara. “Vamos a esperar los resultados de las investigaciones, pero es innegable que hubo un fallecimiento y que hay una responsabilidad institucional, con independencia de la responsabilidad penal y administrativa que les resulte a los servidores y servidoras públicas que tenían la responsabilidad directa de esta menor a la que se le prestaba un servicio de guardería, y el ayuntamiento deberá responder por este acontecimiento”, adelantó la Codhem.