BRUSELAS, (apro).- El gobierno polaco de derecha emula las mismas reformas antidemocráticas que el régimen del primer ministro húngaro Viktor Orban, quien desde que llegó al poder, en 2010, implementó una serie de iniciativas constitucionales que desmontaron los avances democráticos conseguidos por el país tras la caída del comunismo. Orban –cuyo partido Fidesz-Unión Cívica Húngara ganó las elecciones de aquel año con casi 53% de los votos– instauró en el país mecanismos de poder que las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos califican de “autoritarios” al haber debilitado los contrapesos a su gobierno, deteriorado profundamente la protección de las libertades individuales y de sus defensores, e incitado y consentido una violenta progresión de los sentimientos xenófobos y antiinmigrantes. Algo parecido está ocurriendo en Polonia, donde el partido que dirige el gobierno, Ley y Justicia (PiS, por sus siglas en polaco), aprobó en los últimos días dos reformas para obtener el control del Tribunal Constitucional y el de los medios públicos de comunicación. Lo anterior sin importar las advertencias de la Comisión Europea –la institución que vela por el cumplimiento de los tratados fundacionales de la UE— y las críticas internacionales. Libertad de expresión en riesgo En el caso de la ley de medios, Ley y Justicia –un partido euroescéptico, pro-estadunidense, anti-alemán y muy conservador que triunfó en las elecciones legislativas de octubre pasado– pretende nombrar directamente a los directivos del sistema público de radio y televisión y limitar el número de miembros del consejo supervisor independiente, siguiendo la misma línea que el gobierno húngaro. El 30 de diciembre –horas antes de que la reforma fuera votada por los diputados polacos, que la aprobaron por 232 votos a favor, 152 en contra y 34 abstenciones–, el vicepresidente de la Comisión Europea Frans Timmermans envió una carta a los ministros de Relaciones Exteriores y de Justicia de ese país. En ella, Timmermans solicitó a los altos funcionarios que le explicaran cómo podía cumplir esa reforma con los estándares de libertad de expresión de la UE consagrados en el artículo 2 del tratado fundacional de la UE, el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y la directiva de 2010 sobre servicios audiovisuales, también de la Unión Europea. Advirtió que “la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación son cruciales para la sociedad en un Estado miembro (de la UE) respetuoso de los valores comunes en los cuales la Unión está fundada”. Witold Waszczykowkski, el jefe de la diplomacia polaca, declaró que esa carta nunca había llegado a su oficina. De cualquier forma, también expresaron su desacuerdo la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, que advirtió del “peligro que supone tal reforma a la independencia, la objetividad e imparcialidad” de los medios públicos polacos. Por su lado, la Federación Europea de Periodistas, la Asociación Europea de Periodistas, Reporteros Sin Fronteras, el Comité para la Protección de los Periodistas y la Unión Europea de Radiodifusión publicaron una carta en la que aseguran que con tal reforma Polonia “creará un régimen regresivo sin precedente en ningún otro país de la UE”. La ley debe aún ser aprobada por la Cámara alta y por el presidente de Polonia, Andrzej Duda, que también controlan miembros de Ley y Justicia. Jueces bajo control De hecho, el pasado 28 de diciembre Duda firmó la controvertida reforma al Tribunal Constitucional que propusieron los diputados de esa misma fuerza política, a la que también pertenece la primera ministra Beata Szydlo. Duda, quien fue electo sorpresivamente en mayo último con 51% de los votos en segunda vuelta, es un devoto católico de 43 años que en el pasado se ha opuesto a que su país firme el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención de la Violencia Contra las Mujeres y la Violencia Doméstica. Asimismo, cuando era funcionario en el Ministerio de Justicia apoyó un borrador de ley que castigaba a los médicos y padres que participaran en procedimientos de fertilización in-vitro. Duda prometió en su campaña retirar el plan del anterior gobierno de elevar la edad de jubilación a 67 años y extender los beneficios fiscales a más segmentos de la población. Ley y Justicia también se comprometió en los comicios legislativos de octubre a frenar la inmigración (por eso en noviembre, ya en el poder, rechazó cumplir con el compromiso de acoger 7 mil refugiados), recuperar para el Estado el sistema bancario y aplicar medidas de proteccionismo comercial y económico. Para realizar todas sus reformas, el gobierno ha optado por anular los contrapesos a su programa político, y uno muy importante: el del Tribunal Constitucional. Actualmente ese tribunal puede tomar una decisión si está de acuerdo con ella una mayoría simple, y si están presentes nueve de los 15 jueces que lo componen. Con la reforma será necesaria la aprobación de dos terceras partes del tribunal y un quórum mínimo de 13 jueces, además de que se alarga a seis meses el periodo que debe transcurrir antes de que esa instancia pueda revisar la constitucionalidad de una ley. El detonador de dicha reforma constitucional, y el comienzo de la actual crisis política, fue el nombramiento de cinco jueces en octubre pasado, cuando gobernaba el partido de centro derecha Plataforma Cívica. El Tribunal Constitucional consideró legales tres de esos nombramientos. Sin embargo, en noviembre, un mes después de haber ganado las elecciones legislativas, Ley y Justicia aprobó la mencionada reforma que invalidó los nombramientos de su rival político y designó cinco jueces afines sin esperar a que finalizara todo el procedimiento legislativo. A principios de diciembre el Tribunal Constitucional declaró ilegales tres de esas nuevas designaciones, al igual que varias enmiendas de la reforma de Ley y Justicia que le hubieran permitido elegir al presidente de esa corte, un puesto estratégico porque es quien determina los casos que deben revisar ciertos jueces. Ley y Justicia hizo caso omiso al fallo del Tribunal Constitucional, en el sentido de que los tres jueces designados por el anterior gobierno tenían que tomar juramento. Protestas Tal como ha sucedido también en Hungría, los segmentos más nacionalistas y católicos de la población, incluyendo grupos de la extrema derecha y antimigración, se han movilizado para demostrar apoyo a su gobierno. Sin embargo, otra parte de la sociedad polaca ha salido a las calles a protestar contra el régimen de Ley y Justicia. Al grito de “Aquí es Varsovia, no Budapest (la capital húngara)”, el pasado domingo 13 de diciembre se manifestaron 50 mil personas en esa ciudad polaca (y más en otras ciudades del país) en una marcha organizada por una nueva plataforma bautizada como Comité por la Defensa de la Democracia, que agrupa a partidos de la oposición y organizaciones de la sociedad civil. Según un sondeo de la televisión pública polaca que cita el servicio alemán de noticias Deutsche Welle, la mitad de los encuestados declaró que los cambios constitucionales del régimen no representan una amenaza a la democracia nacional. A los cuestionamientos también se ha unido el gobierno del presidente estadunidense Barak Obama, que ha expresado su “preocupación” sobre “la calidad de la democracia en Polonia”. La antigua ministra polaca de Asuntos Exteriores, Grzegorz Schetyna, afirmó en una radiodifusora que tenía información indicando que la Casa Blanca estaba pensando cancelar la cumbre bianual de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que tendrá lugar en Varsovia en julio próximo, como una manera de sancionar al gobierno de Ley y Justicia. Pese a lo anterior, el presidente polaco Duda garantiza que las reformas “ayudarán a fortalecer la posición del Tribunal Constitucional”. “Si el tribunal tiene que tomar decisiones sobre leyes adoptadas por el Parlamento, debe hacerlo con la más alta mayoría. (Los jueces) son juristas que tienen diferentes puntos de vista legales e ideológicos”, justificó Duda respecto de la necesidad de la reforma, de acuerdo con el sitio de noticias Euobserver. Menos diplomáticos han sido otros altos dirigentes del partido, que de plano acusan a los miembros del tribunal de ser “colaboradores” de la oposición y obstáculo para la realización de las polémicas reformas que pretende implementar el gobierno bajo su dirección. El presidente del partido, Jaroslaw Kaczynski --quien fue primer ministro entre 2006 y 2007, cuando su fallecido hermano gemelo Lech era presidente del país--, ha afirmado que el actual tribunal “es un bastión de todo lo malo en Polonia”. Kaczynski despertó polémica hace poco cuando dijo durante la campaña a las legislativas de octubre que los migrantes traían enfermedades a Europa. Para la oposición, Kaszynski, quien fuera miembro del sindicato católico Solidaridad y luego jefe de gabinete del presidente Lech Walesa entre 1990 y 1991, es quien está detrás de las decisiones de gobierno. Mateusz Kijowski, el presidente de la Plataforma Cívica –al que pertenece el exprimer ministro y actual presidente del Consejo de la UE, Donald Tusk– se ha referido a Duda como un político “dependiente” de Kaszynski. La primera ministra Szydlo merece el mismo trato entre sus opositores. En 2006 Kaszynski formó su gobierno en coalición con un partido conservador nacionalista (Autodefensa de la República de Polonia) y otro de extrema derecha ultracatólico (la Liga de las familias polacas). Debido a la inestabilidad política, la mala gestión, la permanente confrontación con la UE y el conservadurismo ramplón de su gobierno, Kaczynski presentó su dimisión en agosto de 2007 y convocó a elecciones anticipadas en las que triunfó el partido Plataforma Cívica. En las elecciones presidenciales de 2010 (resultado de la muerte de su hermano Lech en un accidente de avión), Kaczynski fue derrotado por su adversario de la Plataforma Cívica. Él fue quien eligió como líder del partido en las elecciones legislativas de octubre pasado a la ahora primera ministra Beata Szydlo, tesorera del partido y quien fue directora de campaña de Duda en las presidenciales. El conflicto persistirá, y quizás con mayor intensidad, en los próximos días. El 13 de enero la UE sostendrá un debate sobre el caso específico de las reformas en Polonia. Un día antes, según anunció el propio presidente del Tribunal Constitucional de ese país, Andrzej Rzeplinski, esa instancia emitirá una “opinión” acerca de la legalidad de las reformas. Para Kaczynski, esa acción equivale a la renuncia del presidente del tribunal.