MÉXICO, DF (apro).- La defensa de Joaquín El Chapo Guzmán tratará de alargar lo más que pueda su extradición a Estados Unidos. Por lo pronto, logró que una juez federal suspendiera de momento su entrega a la justicia estadunidense, ante la pretensión de los gobiernos de México y Estados Unidos de valerse de una solicitud de extradición que existe desde hace 15 años en una corte de California. La juez Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, María Catalina de la Rosa Ortega, admitió a trámite un juicio de amparo promovido por la defensa de Guzmán en cuanto el capo sinaloense fue recapturado el pasado viernes 8, en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. La defensa contratada por El Chapo para evitar la extradición, que ha sido llevada por el abogado Juan Pablo Badillo Soto, solicitó el amparo ese mismo día con el argumento de que su cliente estaba además expuesto a maltrato físico, deportación, destierro, incomunicación o desaparición forzosa. Badillo ha utilizado esos argumentos ante la justicia federal desde que Guzmán fue detenido en febrero de 2014, luego de 13 años de prófugo. Los recursos tramitados entonces por la defensa fueron sobreseídos por la fuga del narcotraficante sinaloense en julio del año pasado. La nueva demanda de amparo fue tramitada ante el Juzgado Segundo en Materia Administrativa del Distrito Federal, que decretó la suspensión de oficio de la extradición, pero sólo contra la extradición, y desechó los otros alegatos. Sin embargo, ese mismo juzgado declinó el expediente. El caso se radicó entonces en el Juzgado Noveno con el número 47/2016. La titular de ese juzgado, la juez De la Rosa, admitió a trámite el amparo y revalidó la suspensión, por lo que le pidió al gobierno de Enrique Peña Nieto un informe sobre la situación jurídica del jefe más conocido del Cártel de Sinaloa. Además le pidió que le informara en dónde está recluido para que Guzmán ratificara su demanda de amparo. Así ocurrió. El domingo 10, El Chapo la refrendó en una audiencia realizada en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, el Altiplano, en el Estado de México, el mismo de donde se escapó en julio del año pasado. El gobierno de Peña ha declarado públicamente que la extradición podría llevarse por lo menos un año. De momento, tendrá que combatir la suspensión ganada por El Chapo. El gobierno mexicano gestiona su entrega a Estados Unidos a partir de una solicitud de extradición tramitada desde 2001, el mismo año en que Guzmán escapó por primera vez del penal de Puente Grande, Jalisco, también de máxima seguridad. El caso está radicado desde entonces en el juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, con el expediente 3/2001. La extradición se solicitó como parte de la acusación que hay en la Corte Federal para el Distrito Sur de California en contra de Guzmán, acusado de tráfico de cocaína desde 1996 en el expediente acumulado CR 95-0973-B, presentado el 23 de agosto de ese año. El narcotraficante enfrenta cargos también en cortes de Texas, Illinois, Nueva York y New Hampshire. Pero la acusación ante la Corte de California es de la que se quieren valer los gobiernos de México y Estados Unidos para extraditarlo. El 16 de junio de 2015, casi un mes antes de que se fugara del penal del Altiplano, la ministra consejera de la embajada de Estados Unidos en México hizo la petición formal de extradición a la Secretaría de Relaciones Exteriores, la que dio vista a la Procuraduría General de la República (PGR). Ya fugado, el 29 de julio de 2015, el juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales ordenó, a petición de la PGR, su detención formal con fines de extradición. Los agentes de la PGR adscritos a la Interpol México cumplieron formalmente esa detención a las 20:45 del domingo 10 de enero, luego de su reaprehensión la mañana del viernes 8. El juzgado Tercero del DF le pidió por exhorto al juez de Distrito de Procesos Penales en el Estado de México que desahogue la audiencia en la que se le comunique a Guzmán el contenido de la petición formal de extradición. El juez del DF fijó un plazo de tres días para argumentar en contra del pedido de extradición y 20 días para probar sus argumentos, según informó hoy el Consejo de la Judicatura Federal.