CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El alcalde priista Marco Antonio Leyva Mena acudió esta tarde a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) para denunciar amenazas de muerte en su contra. El funcionario municipal detalló que ha recibido presiones vía telefónica para que ceda espacios estratégicos de la administración pública a la delincuencia organizada, pero él –dijo– no está dispuesto a negociar con narcotraficantes. “No hay reclamo, hay exigencias en el sentido económico y para que la autoridad afloje sus modelos institucionales para penetrar y (que el narco) forme parte de la administración”, expresó al término de su declaración ministerial en las oficinas de la dependencia federal ubicadas al sur de esta ciudad. Explicó que en septiembre pasado, 15 días después de haber asumido el cargo, comenzó a recibir llamadas telefónicas en las que personeros de la delincuencia organizada lo amenazaron de muerte para que entregara recursos de partidas presupuestales y espacios estratégicos de la administración pública. Señaló que en los últimos meses las advertencias han aumentado y por ello tomó la decisión de presentar la denuncia ante las autoridades federales para que investiguen el hecho. No obstante, se negó a identificar a la banda que supuestamente lo ha presionado. Asimismo, exhortó a los ciudadanos a denunciar los crímenes cometidos por los delincuentes que operan impunemente en la capital, y anunció que reforzará su seguridad para evitar un atentado. Luego de interponer su denuncia, el alcalde priista reprochó la actitud asumida por los comerciantes capitalinos, quienes por temor se han negado a denunciar formalmente a los criminales que les exigieron cerrar sus negocios con el propósito de beneficiar al comercio que se estableció en la feria al amparo del narcotráfico. La administración de Leyva Mena se ha caracterizado por su omisión frente a la inseguridad y violencia que prevalece en esta capital, y también ha sido criticado porque incluyó en su gabinete al dirigente transportista Inocente Mojica como director de Tránsito, pese a que éste ha sido denunciado públicamente por sus presuntos nexos con el narcotráfico. De acuerdo con reportes oficiales, dos bandas criminales afincadas en la zona de la Sierra disputan el control del trasiego y venta de droga en esta capital, así como el negocio de la piratería, secuestros y extorsiones contra ciudadanos y miembros del sector productivo. Una de las bandas es dirigida por Isaac Navarrete Celis y los hermanos Onésino y Mario Guevara Rodríguez, quienes tienen su bastión en los poblados de Chichihualco, Jaleaca y Yextla, municipio de Leonardo Bravo. El grupo antagónico lo encabezan los hermanos Ángel y Efraín Villalobos Arellano, originarios de la comunidad serrana de Polixtepec, además de Juan Castillo Gómez, El Teniente, y Onésimo Castillo Adame, El Bombón. Onésimo Castillo es hijo del dirigente perredista Luis Castillo, quien se desplaza en esta capital escoltado por elementos de la Policía Estatal, medida que –según reportes oficiales– fue autorizada por el gobierno de Héctor Astudillo Flores.