MÉXICO, DF (apro).- El nuevo avión presidencial “José María Morelos y Pavón” llegará al país en los próximos días, luego de que un supuesto peritaje encargado por el gobierno determinó que en caso de vender la aeronave se tendría una pérdida de 58% de su valor. El Boeing 787-8 ha causado polémica por su elevado costo de 218.7 millones de dólares, así como por la asignación de un contrato por mil millones de dólares para que una empresa de Juan Armando Hinojosa Cantú –el constructor y financiero de la “Casa Blanca” de la primera dama, Angélica Rivera– construya el nuevo hangar presidencial en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La compra de la aeronave fue sometida a un dictamen que concluyó que debía ser integrada a la flota presidencial. Con un tipo de cambio de 13.5 pesos por dólar, según la Presidencia, el costo total de la nave y su equipamiento fue de 2 mil 952.7 millones de pesos. La información difundida este jueves aclara que la llegada del avión está condicionada a diferentes pruebas que practica la Federal Aviation Administration de Estados Unidos, y una vez que haga su arribo a México entrará en operación hasta dos semanas después, tiempo en el que se capacitará a la tripulación y al personal de tierra. A través de un extenso comunicado, la Presidencia de la República reitera que la aeronave fue encargada por la anterior administración (en 2012), luego del accidente aéreo en el que murió el entonces secretario de Gobernación José Francisco Blake Mora y sus colaboradores, en noviembre de 2011. La compra del Boeing 787-8 derivó de una evaluación técnica y operativa realizada por la Secretaría de la Defensa Nacional, así como de las condiciones económicas valoradas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por Banobras. Y precisamente Banobras contrató en meses pasados –según el comunicado difundido por instrucción del presidente Peña Nieto– a la consultora británica Ascend Flightglobal Consultancy, especializada en valuación de aviones, la cual recomendó conservar la aeronave con base en un análisis técnico, financiero y de seguridad nacional. Entre los diferentes aspectos dictaminados por la mencionada empresa valuadora destaca que de venderse la aeronave a una aerolínea comercial, se tendría una pérdida significativa en el valor de compra, en virtud de los tiempos y costos de reconversión interna, que implicarían la pérdida del equipamiento actual del avión, estimada en 128.2 millones de dólares (58% de su valor actual). También considera que si el avión se vendiera en el mercado privado, una serie de variables advierten que ello tardaría de 12 a 24 meses, de manera que la pérdida por 24 meses podría ser hasta de unos 65.9 millones de dólares. El otro factor dictaminado –siempre de acuerdo con el comunicado de Presidencia– es que la aeronave fue adquirida a un precio muy atractivo, por tratarse de uno de los primeros aviones B 787-8 en fabricarse y adquirirse a precio de flotilla. La aeronave sin equipamiento tuvo un costo de 114.6 millones de dólares, cuando su precio en el mercado –al momento de la compra– era de aproximadamente 200 millones de dólares. Es decir que se adquirió con un descuento de 42.7%. Además se informó que el costo de las adecuaciones, que incluye ingeniería, instalación de sistemas, adecuaciones de estructura, equipamiento de cabina y certificaciones, fue de 81 millones de dólares y se encuentra en el rango bajo de los equipamientos estándar de aviones privados de esta dimensión, que oscila entre los 75 y los 125 millones de dólares. Por lo anterior, ese tipo de avión sería el más adecuado, y al prevalecer la necesidad de sustituir el avión “Presidente Juárez”, actualmente en uso, sería difícil que se consiguiera uno con mejores condiciones. “En virtud de la pérdida que ocasionaría la venta al erario público y a que prevalecería la necesidad de renovar el avión presidencial a un tipo de cambio mayor, se determinó conservar la propiedad de la citada aeronave”, cita el texto. La Presidencia explica que Peña y sus colaboradores requieren de un transporte seguro y confiable, e inclusive describe las horas vuelo y los viajes que ha realizado el avión “Presidente Juárez”, un Boeing 757-225, que ya “presenta signos de añejamiento y obsolescencia”. También menciona que la aeronave actualmente en uso se dejó de fabricar hace años, de manera que cada vez es más difícil encontrar refacciones, y por otra parte está impedido para aterrizar en diferentes aeropuertos del mundo por su alta contaminación sonora. Entre otras consideraciones, precisa que el nuevo Boeing 787-8 tiene capacidad para más pasajeros y un alcance de 13 mil 900 kilómetros, por lo que puede realizar vuelos sin escala a diferentes partes del mundo, además de que consume 20% menos combustible que el “Presidente Juárez, y cuenta con sofisticados sistemas de seguridad y de comunicaciones. Así, con base en el mencionado estudio de la consultora británica y el balance realizado por la Sedena, la Presidencia de la República determinó quedarse con el Boeing 787, que será entregado en las próximas semanas al Estado Mayor Presidencial, y el avión “Presidente Juárez” quedará de respaldo cuando el nuevo vaya a mantenimiento.