La diabetes, que padecen 10 millones de mexicanos, evidencia la debilidad del sistema de salud pública del país. Un estudio presentado el miércoles 6 por José Ángel Gurría, presidente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, establece que México destina al sector insuficientes recursos y que sus instituciones no se coordinan, lo que eleva el costo de la atención a enfermos crónicos. El resultado, explican especialistas, es que dicho mal provoca una cadena de secuelas en la salud de las familias y agrava su pobreza. MÉXICO, DF (Proceso).- La cajita de madera que guarda las cenizas de José Natividad Barrera Simón está en un altar, siempre con su veladora prendida y que da luz a esa esquina de la sala donde pasaba las horas con su esposa María Petra y sus dos hijos: Rodrigo, que ahora tiene 33 años, y Yésica, de 34. El señor Barrera Simón murió a los 57 años. En sus últimos días requirió de respiración artificial, el corazón le trabajaba a medias y no le funcionaban los riñones, el hígado ni los ojos. Tenía diabetes pero ingresó por un edema pulmonar (acumulación anormal de líquido en los pulmones) a la Clínica 32 del Instituto Mexicano del Seguro Social ubicada en Villa Coapa, y nunca se recuperó de la tos y asfixia que lo desesperaban. Rodrigo Barrera suspendió su carrera de ingeniería mecánica en la Universidad Nacional Autónoma de México para atender a su padre de esa enfermedad crónica que padecen 10 millones de mexicanos, sin contar a los más de 7 millones que tienen elevados niveles de glucosa en la sangre. Con todo, considera que se trató de un caso “afortunado” porque en los 12 años que la diabetes fue minando a don Natividad su familia consiguió que fuera atendido en las instituciones públicas de salud. Eso sí, a costa de decenas de trámites burocráticos, meses de espera para consultas, semanas para saber el resultado de los estudios –cada vez que el paciente recaía– horas en la sala de urgencias. “Lo tienen que ver a uno casi muerto para que lo atiendan”, dice Rodrigo. El sobrepeso, la obesidad y la diabetes no son atendidos de manera integral en las instituciones públicas de salud. Ni siquiera se cuenta con un diagnóstico exacto de la pandemia: su origen, evolución y alternativas para combatirla. Tampoco se destinan los recursos suficientes para contrarrestarla. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) colocan a México como un foco rojo en la incidencia de este tipo de enfermedades crónicas, que desgastan la salud y la economía de los pacientes y sus familias. En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 (PEF) no se ven esfuerzos gubernamentales para atender de manera integral esta “emergencia sanitaria”, como la considera la Secretaría de Salud. Especialistas consultados por Proceso indican que la asignación de recursos para el sector raya en la inercia y los programas no se evalúan por su impacto ni se transparentan. Alejandra Macías Sánchez, investigadora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), afirma que “al sector le hace falta transparencia. No sabemos exactamente la incidencia de las enfermedades, a cuánta gente está atendiendo, a quiénes está diagnosticando como diabéticos, a cuántos les está dando el tratamiento pertinente y, sobre todo, cuánto cuesta. No es tan sencillo obtener esa información para elaborar una verdadera estrategia integral”. Maestra en economía y políticas públicas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Macías Sánchez señala que es evidente la falta de infraestructura, personal e investigación en salud, y no se ve que haya una política pública para mejorar los servicios. Añade que no puede existir un sistema de salud universal si no va acompañado de medios para aplicarlo. El presupuesto aprobado en el sector salud para este año se redujo 2%, respecto a 2015, es decir, consta de 132 mil 216 millones de pesos, 2 mil 631 millones menos. Y eso que los diputados lograron reducir el recorte planteado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que alcanzaba prácticamente el 4%. Fátima Masse, investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) y coordinadora del reporte Kilos de más, pesos de menos: los costos de la obesidad en México”, explica: “El grandísimo problema es que tenemos la estrategia y directrices, pero no hay forma de hacer una liga clara entre los programas que contribuyen a esta estrategia. Como investigadora puedo rastrear los padecimientos, pero estamos hablando de que es una emergencia sanitaria tan grave que la Secretaría de Salud advirtió que podría reducir la esperanza de vida de las generaciones futuras.” También es un problema de transparencia, dice, porque no se le explica al ciudadano cuáles son los objetivos que están contribuyendo a la estrategia. “Existen muchos de estos programas pero no tienen reglas de operación. Entender lo que están haciendo es muy difícil, y más aún saber qué recursos se les destinaron”. Para 2016 el gobierno federal proyecta recaudar alrededor de 21 mil millones de pesos por el impuesto a las bebidas azucaradas con alto contenido calórico. Parte de ese monto se destinará a las participaciones que se otorgan a los estados y el resto se canalizará a programas de prevención, detección temprana, control y tratamiento de sobrepeso, obesidad y las enfermedades crónicas asociadas con ella, como la diabetes. También se pretende aumentar los servicios de agua potable, incluidos bebederos. “El problema –reitera Masse– es saber cuánto de los 21 mil millones se va a ejecutar para prevenir la diabetes. El primer problema es que no sabemos el porcentaje exacto que se descuenta de las participaciones, y el otro es que la infraestructura en bebederos está muy rezagada.” Pero esa discrecionalidad alcanza también a la proporción de las participaciones federales que los estados destinan a la salud: En 2016 el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), perteneciente al Ramo 33, tendrá un presupuesto de 82 mil 446 millones de pesos, de los cuales 56 mil 325 millones se erogarán en “servicios personales”, 25 mil 686 millones en “otros gastos” y quedarán sólo 434 millones para inversión. De cada 100 pesos, prácticamente 70 se canalizarán a sueldos, honorarios y prestaciones. La OCDE confirma el rezago De acuerdo con el informe Estudio sobre el Sistema Mexicano de Salud 2016 presentado el pasado miércoles 6, el mayor obstáculo para el sector radica en que varios institutos de seguridad social prestan servicios sin coordinarse entre sí. “Esto interrumpe la continuidad de la atención médica, que es fundamental para proveer servicios de alta calidad, en especial para quienes tienen padecimientos crónicos… También conduce a un mal uso de los recursos, ya que una misma persona tiene que ser atendida en múltiples sistemas a lo largo de su vida e incluso a lo largo de un mismo tratamiento”, dijo el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría. De hecho el gasto en salud es de apenas 6.2% del Producto Interno Bruto, cuando el promedio que asignan las 34 naciones del organismo es de 8.9%. Además, México es el último lugar en el número de camas de hospital por persona, pues cuenta con 1.6 y 2.2 médicos por cada mil habitantes. En el país existen apenas 2.1 aparatos de imagen por resonancia magnética (IRM) por cada millón de mexicanos, contra 14.1 de promedio en la OCDE, y 5.3 escáneres de tomografía computarizada por cada millón, en tanto que el organismo internacional promedia 24.4. Respecto al combate a la obesidad y sobrepeso, así como la prevención de la diabetes, el Imco reporta en su minucioso análisis Kilos de más, pesos de menos: los costos de la obesidad en México que el país tiene reglas para listar el contenido de las bebidas y los alimentos pre-envasados, pero el diseño de este etiquetado no es autoexplicativo y hace falta homogeneizar los valores de referencia oficiales. Sobre los bebederos, establece que falta capacitar al personal educativo y fortalecer los mecanismos para garantizar su funcionamiento. Además, no existen estándares similares para otras instituciones públicas. Agrega que el impuesto sobre bebidas azucaradas y alimentos de alto contenido calórico no se complementa con estímulos al consumo de alimentos más nutritivos, como frutas, verduras y agua. El Imco evaluó también la campaña publicitaria “Chécate, mídete, muévete” a cargo de la Secretaría de Salud, y dice que no alerta sobre los riesgos asociados a estilos de vida poco saludables ni destaca los beneficios de cambiar esos hábitos. En realidad, se detectaron varias iniciativas para estimular la actividad física, pero no cumplen los estándares internacionales ni corrigen las prácticas que fomentan el sedentarismo en la población. Pero además el estudio del Imco establece que las enfermedades crónicas no transmisibles derivadas del sobrepeso y la obesidad requieren de un monitoreo constante y especializado, así como de tratamientos de largo plazo. No obstante, el sistema de salud mexicano no fue diseñado para este fin, como lo prueba la insuficiencia de sus servicios. Gasto catastrófico A don José Natividad le diagnosticaron la diabetes en 1988, pero inició su tratamiento en 1996 con pastillas de glibenclamida. Su salud siguió deteriorándose. En 2002 ya tenía hipertensión, que a su vez provocó un infarto y cataratas que terminaron por dejarlo ciego en 2011. Para entonces los riñones también sufrieron daños y hubo que administrarle cuatro dosis de diálisis por día. Sus últimos seis años padeció las complicaciones derivadas del tratamiento, como la descompensación de nutrientes, náuseas, problemas intestinales y, en ocasiones, exceso de líquido en los pulmones por la presión arterial alta. De acuerdo con estimaciones del Imco, los costos por sesión de diálisis fluctúan entre 2 mil 500 y 5 mil pesos, incluido el tiempo de máquina, los medicamentos y las pruebas en laboratorios privados. Por eso Rodrigo Barrera se considera “afortunado”. Su familia no tuvo que pagar esas cantidades. Después de meses de gestiones en el IMSS, a su casa llegaban cada mes 16 cajas con ocho bolsas de diálisis cada una. Eso sí, había que gastar en estudios, taxis, medicamentos que no había en la farmacia de la clínica, aparatos para medir la presión arterial, pruebas de azúcar en la sangre, adaptar el lugar donde dormía el enfermo y procurarle alimentación especial. Pero la mayoría de los mexicanos no tiene esa suerte. El 60% carece de salario fijo y prestaciones, además de servicios de salud de calidad. Si padecen enfermedades crónicas, resienten en carne propia las deficiencias estructurales del sistema de salud. De hecho, la OCDE estima que del gasto total en salud, el 45% sale de los bolsillos de los mexicanos y sólo 29% del IMSS. El otro 22% proviene de otros programas o instituciones de salud gubernamentales. La investigadora Macías Sánchez, del CIEP, quien tiene experiencia en evaluación de programas y de impacto, seguimiento y monitoreo en el Programa Oportunidades y en la Secretaría de la Función Pública, enlista algunas consecuencias de esta situación: “El gasto que realizan los mexicanos en salud se considera catastrófico. Cuando un miembro de las familias vulnerables económicamente se enferma, lo más probable es que caiga en pobreza. Además, si no tiene un trabajo formal, tendrá que ir al Seguro Popular. Y si no tiene cómo atenderlo, pues a la farmacia de la esquina”. Según el último informe de la OCDE, las tasas de sobrepeso u obesidad en la población adulta aumentaron de 62% en 2000 a 71% en 2012, y en la actualidad uno de cada tres niños de México tiene sobrepeso o sufre de obesidad. Es decir, esos infantes corren el riesgo de contraer una enfermedad crónica a edad más temprana. Igualmente, más del 15% de los adultos mexicanos tiene diabetes, en tanto que el promedio en la OCDE es de 6.9%, y las muertes por padecimientos cardiacos en el país bajaron 1% desde 1990, cuando en otras naciones de la organización se redujo en 48%. Esto indica que las acciones del gobierno sobre el presupuesto y la transparencia en el uso de los recursos no contrarrestan estas deficiencias, que cobrarán factura en términos de salud, finanzas y productividad, ya sea en el corto o en el largo plazo. La especialista del CIEP advierte que la salud pública “es un tema que están dejando de lado tanto el gobierno como los diputados y las personas involucradas en decidir cómo se gasta el presupuesto. A pesar de que (la diabetes) es un foco rojo, están viendo más cercano y peligroso el gasto en pensiones, que tuvo un incremento real de 9%, mientras en salud lo redujeron”. Concluye Macías Sánchez: “Ambos son importantes, porque la transición demográfica los define a los dos. Vamos a ver más viejos en pocos años y más enfermos; además, vamos a vivir más años enfermos”.