MÉXICO, DF (Proceso).- La ejecución de Gisela Mota y el encarcelamiento de Nestora Salgado son los dos lados de una sola moneda. Ambas mujeres jóvenes se enfrentaron al narco-Estado con gran valentía y han sido víctimas de cobardes represalias desde el poder. El régimen cada vez más despótico que se vive en México no tolera que nadie ponga en cuestión su “mando único” sobre la violencia armada y el flujo de los recursos financieros y naturales. Antes, con el “viejo” PRI, la ley y las instituciones imponían ciertos límites mínimos al ejercicio del poder. Siempre fue una mentira que el partido del Estado fuera realmente “institucional”; sin embargo, había por lo menos un esfuerzo por aparentar que ello era realidad. Hoy el sistema ni siquiera se preocupa por disimular su supuesta institucionalidad, sino que hace gala del ejercicio desnudo de la fuerza bruta. En la actualidad, ni la ley ni las instituciones constituyen obstáculos para la expansión del poder del narco-Estado mexicano. Gisela Mota, de 33 años, era una joven decidida a combatir desde las instituciones a la corrupción, el crimen organizado y el narcotráfico en su municipio. Había servido como diputada federal entre 2012 y 2015, y el 1 de enero de 2016 tomó posesión de la presidencia municipal de Temixco. De acuerdo con el padre de Gisela, la presidenta municipal rechazó la protección policiaca especializada porque no confiaba en la fuerza pública. “¿Usted se sentiría seguro con una patrulla atrás?”, preguntó el señor Gabino Mota al periodista Arturo Cano, de La Jornada. Desde luego que no, sería la respuesta de cualquier ciudadano que conociera un poco el comportamiento de las fuerzas policiacas del país. Y efectivamente los primeros reportes sobre los posibles responsables del asesinato han indicado que probablemente participó en el ataque un agente de la Policía Judicial del estado de Guerrero. Asimismo, las primeras detenciones de los criminales no se realizaron gracias a la astucia de la fuerza pública, sino debido a la increíble valentía del padre y el hermano de Gisela, quienes se subieron a su auto para perseguir en caliente a los delincuentes inmediatamente después del artero asesinato de su familiar. El caso de Nestora Salgado es parecido. En lugar de esperar a que los policías y los políticos corruptos resolvieran el problema de la inseguridad con el que ellos mismos lucran, Nestora decidió participar en la Policía Comunitaria de su pueblo de Olinalá, Guerrero. Ello no constituye ataque alguno a la institucionalidad pública, ya que los usos y costumbres de los pueblos indígenas en materia de seguridad están avalados por la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero. Nestora relata que los problemas empezaron cuando la Policía Comunitaria a su cargo decidió indagar más allá de los crímenes comunes para también seguir la pista de políticos y empresarios corruptos de la localidad. Los comunitarios detuvieron a un comerciante de carne clandestina, investigaban los posibles nexos de la administración municipal de Olinalá a cargo de Eusebio González con el narcotráfico, e incluso tuvieron la osadía de encarcelar al síndico Armando Patrón Jiménez por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos personas en el poblado de Huamuxtitlán. Fue en ese momento cuando inició el contraataque desde el narcopoder, estatal y federal, que llevó al encarcelamiento injusto de Salgado como uno de los presos políticos más importantes de este régimen. Se le acusa de “secuestrar” a un grupo de mujeres detenidas por la Policía Comunitaria, pero hasta la fecha no se ha presentado a declarar ninguna de las presuntas víctimas de los delitos que le ­imputan a Salgado. Tiene razón el New York Times. En su editorial del pasado 4 de enero el importante rotativo señaló que Peña Nieto ya no será recordado por sus supuestas “reformas estructurales”, sino por su fracaso en materia de derechos humanos y rendición de cuentas. Al parecer, el actual ocupante de Los Pinos ha perdido el respaldo incluso de sus más fieles patrocinadores estadunidenses. Simultáneamente, la incontrolable devaluación del peso y la histórica caída en el precio del petróleo han dejado al gobierno en una situación de enorme debilidad. Ello quizás explica por qué el jefe del Ejecutivo ha estado tan ausente. Frente al colapso de legitimidad nacional e internacional, Peña Nieto aparentemente ha decidido tirar la toalla, dejando la operación del Estado en manos de personajes aún más oscuros e ineptos que él, como Miguel Ángel Osorio Chong, Aurelio Nuño, José Antonio Meade y Luis Videgaray. En 2016, los ciudadanos tenemos la gran oportunidad de llenar el creciente vacío de poder con nuevas iniciativas y alianzas. El desbordamiento del cinismo del narco-Estado va generando excelentes condiciones para la construcción desde abajo de una nueva política ciudadana de transformación nacional. www.johnackerman.blogspot.com Twitter: @JohnMAckerman