QUERÉTARO, Qro. (apro).- El procurador Alejandro Echeverría Cornejo aceptó un “rosario de errores” en las investigaciones que realiza la PGJE sobre casos de personas desaparecidas en la entidad. “Se identificó la prevalencia de las siguientes condiciones: Falta de objetividad, orden y claridad en el seguimiento de los casos; inconsistencia en el manejo de las cifras; acciones aisladas en diversas áreas y falta de parámetros homologados para la investigación, así como desatención hacia los familiares de las víctimas”, reconoció. A decir del procurador, “las condiciones identificadas fueron traducidas en áreas de oportunidad y líneas de acción que el día de hoy se materializan en el inicio de operaciones de la unidad especializada en la búsqueda de personas”. El reconocimiento de las deficiencias ocurrió después de que familiares de Yosheline Arenas Heredia, desaparecida el 11 de diciembre pasado, denunciaron de manera pública que la PGJE arruinó una prueba “clave” en ese caso. María de Lourdes Cortés, abuela de Yosheline, denunció que proporcionaron un número de teléfono de un presunto implicado en la desaparición de su hijo, mismo al que el personal de la Procuraduría local llamó para “invitarlo” a declarar. “Sabemos que se le llamó y que lo invitaron a que si quería declarar, pero lógico, hoy ya no tienen ni el nombre de la persona y la dirección (que les proporcionó) fue falsa”, lamentó la abuela de Yosheline, quien detalló que el equívoco les fue confirmado por personal de la PGR, que también conoce del caso. El procurador detalló que la unidad especializada para búsqueda de personas no localizadas, desaparecidas, extraviadas o ausentes en el estado está integrada por un equipo de 37 servidores públicos, entre policías, ministerios públicos y peritos, quienes se dedicarán de manera exclusiva a la búsqueda de personas desaparecidas, extraviadas o ausentes. La unidad operará desde las oficinas centrales y, a diferencia del gobierno anterior, expuso que todas las agencias del MP estarán habilitadas para recibir este tipo de denuncias, y no cómo se hacía anteriormente, donde todos los casos eran canalizados a la Agencia IV. “Para agilizar las acciones de búsqueda y localización de personas se ha instruido también los servicios de Locatel como apoyo directo a la unidad”, anunció Echeverría Cornejo. También confirmó que el 25 de septiembre el anterior procurador, Arsenio Durán Becerra, reportó un total de 270 casos de personas no localizadas. Sin embargo, dijo que al revisar los expedientes hallaron más casos, por lo que será la nueva unidad la que en breve informará el total de casos activos que se tienen. “Lo que estoy diciendo es que el número es superior, porque no coincide, las cifras estadísticas nos reflejan un número diferente, y he instruido a esta unidad para que actualice esa cifra y se las pueda dar a conocer a ustedes”. Además del caso de Yosheline, familiares del menor Leonel González Ruiz, desaparecido el 5 de noviembre en el municipio de Pedro Escobedo, cerraron una vialidad para obligar al gobierno a emitir la Alerta Amber para su búsqueda. De manera adicional, la organización Desaparecidos Justicia AC había revelado que, en el caso de Esaú Ugalde Vega, las autoridades de procuración de justicia no tuvieron la sensibilidad de avisar a la familia de la localización de su cuerpo, sino que prefirieron hacerlo antes ante los medios de comunicación. Sobre el caso específico de Yosheline, donde fue denunciado que la Procuraduría no sólo demoró en las investigaciones, sino que arruinó una prueba clave, Echeverría Cornejo se limitó a decir que tienen abiertas varias líneas de investigación y que respeta la opinión de los familiares. Brenda Rangel Ortiz, de Desaparecidos Justicia AC –con la que autoridades estatales se comprometieron a trabajar en conjunto–, dijo que no fueron avisados de la conformación de dicha unidad de búsqueda. Ante el anuncio, recordó que el miércoles 27 tienen prevista una reunión, en la que las autoridades se comprometieron a darles avances en cada uno de sus casos, por lo que espera que no sólo les informen de la creación de la referida unidad. Rangel agregó que también estarán a la expectativa de los perfiles de los servidores públicos que investigarán la desaparición de sus familiares, de los que esperan tengan sensibilidad hacia estos casos.