BRUSELAS (apro).- A pesar de los cuestionamientos de la Unión Europea (UE), el jueves 7 el presidente polaco Andrzej Duda aprobó una nueva ley de medios que somete el sistema público de radio y televisión al control del actual gobierno de derecha ultraconservadora. La reacción de la Comisión Europea se concretó días después, el miércoles 13, en medio de un duro intercambio de mensajes con el gobierno de Varsovia que dirige el partido también euroescéptico y nacionalista Ley y Justicia, encabezado por la primera ministra Beata Szydlo. La institución que resguarda las leyes comunes decidió activar por primera ocasión el llamado Mecanismo del estado de derecho. Vigente desde marzo de 2014 (y creado para poder enfrentar legalmente nuevos casos de atentados contra la democracia de algún Estado miembro como sucedió con Hungría hace cuatro años), ese procedimiento permitirá a la Comisión Europea –siempre en una relación de diálogo con Polonia— evaluar si el país infringe las normas democráticas de la UE con la nueva ley de medios y otras recientes reformas. Si este acercamiento no soluciona la situación, la Comisión Europea podrá emitir recomendaciones y, de ser ignoradas, podría entonces invocar el artículo 7 del Tratado de la UE, que quitaría a Polonia su derecho a voto en las instituciones comunitarias. Tal medida jamás se ha tomado y Mark Rutte, el primer ministro de Holanda (país que ostenta la presidencia semestral de la UE), ya sugirió que muy probablemente tampoco en este caso se llegará al extremo al declarar que hacerlo significaría “casi (lanzar) una bomba nuclear, políticamente hablando”. En ese mismo tono se expresó Jean-Claude Juncker, el presidente de la Comisión Europea, quien aclaró que al poner en marcha el mecanismo no hay la intención de “apalear” a Polonia; por el contrario, dijo, se quiere privilegiar “una buena y amistosa relación” a través de un enfoque “muy constructivo”. En entrevista con Apro, Ricardo Gutiérrez, el secretario general de la Federación Europea de Periodistas (FEP), con sede en la capital belga, afirma que la ley de medios polaca es “antidemocrática y antieuropea”, ya que contraviene en materia de libertad de expresión y de acceso a la información tanto la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, como la Convención Europea de Derechos Humanos. La FEP, junto con otras importantes asociaciones europeas de periodistas, ha sido de las organizaciones que más firmemente ha protestado contra la reforma de medios impuesta por Ley y Justicia. Gutiérrez subraya que la Corte Europea de Derechos Humanos –guardiana del cumplimiento de la citada convención, ratificada por Polonia en 1993— estipula que los servicios públicos de radio y televisión deben ser independientes y estar exentos de la interferencia gubernamental en su funcionamiento. En la mayoría de los países europeos –explica Gutiérrez-- los consejos directivos de los medios públicos están compuestos de manera plural y sus miembros provienen de diferentes partidos, incluso si no están en el gobierno como en Bélgica, en donde los ecologistas tienen un representante en la dirección de la radiotelevisión pública. La vocera del gobierno polaco, Malgorzata Sadurska, afirmó el jueves 7 a la prensa internacional que el presidente Andrzej Duda –también miembro de Ley y Justicia— acababa de firmar la ley porque para él era importante garantizar que los medios del Estado fueran “imparciales, objetivos y creíbles”. La FEP opina lo contrario. “Con la nueva ley –asegura su secretario general-- el país está dando un paso atrás de 25 años y volviendo a la difusión de propaganda de Estado, como se conocía durante la dictadura comunista”. Con la legislación anterior, el gobierno sólo podía nombrar a dos de los cinco miembros del consejo directivo de los medios públicos: uno, el ministro de Hacienda, y el otro el de Cultura. El gobierno no tenía mayoría. “Con la nueva ley –expone Gutiérrez-- el ministro de Hacienda los nombra a todos y, además, los puede correr cuando quiera y sin discutirlo con el Parlamento. El consejo queda controlado directamente por el gobierno”. Control absoluto Otra diferencia significativa: antes los directivos eran nombrados a través de un concurso del que se ocupaba un organismo regulador independiente; hoy, el gobierno toma por completo esa decisión. Así ya lo hizo: el mismo día quedaron despedidos los directivos y miembros del consejo supervisor y nombró directores afines en la radio y televisión pública. El director de esta última es un polémico exeurodiputado del partido Ley y Justicia, Jacek Kurski, quien fue alguna vez periodista. En septiembre de 2010, cuando era eurodiputado, Kurski votó en contra de una resolución del Parlamento Europeo que condenó la sentencia de ejecución a pedradas de una mujer iraní acusada de haber cometido adulterio. Kurski alegó que se había equivocado al manipular el sistema de voto. Kurski declaró en mayo de 2014 que la victoria en el festival musical de Eurovisión de la cantante Conchita Wurst (el personaje de drag queen barbuda del artista austriaco Thomas Neuwirth) es “un ejemplo de la agresión cultural que se sufre por favorecer el modelo social de elección de género”. “(Conchita Wurst) es un hombre indefinido que ganó un concurso que ataca el buen gusto y los valores elementales de la familia polaca”, dijo. Con la misma intolerancia mostrada por el ahora director de la televisión pública polaca reaccionaron en aquel momento otros prominentes líderes de Ley y Justicia, empezando por el presidente del partido y exprimer ministro, Jaroslaz Kaczynski, quien observó en el triunfo de la austriaca “una muestra de la decadencia y el colapso de Europa”. La Unión Europea de Radiodifusión, el organismo que agrupa a las televisoras públicas de la región y que organiza Eurovisión, es otra de las instancias que también se ha manifestado contra la ley de medios. El 12 de enero su director Jean-Paul Philippot declaró al periódico británico Financial Times que Polonia corría el riesgo de ser expulsada de tal certamen si el gobierno persistía en controlar los medios, pero al día siguiente la EBU corrigió: su dirigente no había querido decir eso. Gutiérrez –que trabajó en el periódico belga Le Soir y actualmente también es profesor de periodismo en la Universidad Libre de Bruselas-- expone que la regla en los países europeos es que los parlamentos aprueben la designación de los cargos directivos de los medios públicos, y que lo hagan por mayoría. En España, pone de ejemplo, se requiere que dos tercios estén de acuerdo. Refiere que “lo chocante” en el caso de la nueva ley de medios es que Polonia contaba con regulaciones muy avanzadas en materia de independencia y en línea con los estándares europeos, “sin querer decir que todo era perfecto”. Muchos periodistas locales, señala el entrevistado, argumentan que la nueva regulación es mala pero necesaria para “limpiar” el servicio público audiovisual y deshacerse de los numerosos simpatizantes del antiguo gobierno liberal de centro-derecha (Plataforma Cívica), principal opositor de Ley y Justicia. Sin embargo, observa Gutiérrez, “estudios de la Comisión Europea o del Instituto Universitario Europeo de Florencia indican que el nivel de pluralidad e independencia en Polonia no era malo”. Y el nivel de mercado de su televisión pública es de 30% cuando en los países de Europa central y del este ronda 5%. “La gente sí ve la televisión pública en Polonia. Y tienen una estructura de 17 redes de radio pública locales: es un servicio importante. Y eso que el gobierno liberal decidió que el impuesto para el financiamiento de los medios públicos se pagara voluntariamente y ya no de forma obligatoria, con lo que perdieron muchos recursos”, agrega el entrevistado. El periódico Rzeczpospolita publicó el lunes 18 que, de acuerdo con una investigación de la Oficina de Asuntos Internos, el anterior gobierno creó en 2014 una unidad secreta para espiar e infiltrar a periodistas y a sus contactos. Lo anterior a raíz del escándalo que había suscitado la publicación de varias conversaciones secretas entre líderes políticos en un restaurante de Varsovia. Depuración periodística La nueva ley de medios estará vigente hasta el próximo 30 de junio, según el gobierno polaco. El secretario general de la FEP asegura que, de cualquier forma, Ley y Justicia habrá entonces implantado su control. “Todos los periodistas que ahí trabajan serán despedidos y sólo regresarán quienes estén en línea con el gobierno: habrá una depuración”, denuncia Gutiérrez, quien admite que una de las dos asociaciones de periodistas afiliadas a la FEP está a favor del nuevo sistema. En todo caso, confiesa que los colegas empleados en los medios de comunicación públicos “están callados porque temen perder su trabajo”. Remata: “Los directivos y periodistas conocidos renunciaron, pero ellos consiguen empleo fácilmente. El periodista de base no, y por eso guarda silencio”. Insiste en que el gobierno polaco, “electo de manera democrática, está usando métodos que no lo son. Tomó primero el control del Tribunal Constitucional y ahora el de los medios. Está atacando los contrapoderes. Y eso es lo que hacen las dictaduras”. Gutiérrez reconoce que es “muy pesimista” sobre el desarrollo futuro de la situación ya que, observa, “el gobierno de Varsovia no tiene interés en dar marcha atrás y el único factor que podría cambiar su forma de actuar es la reacción interna de la sociedad civil, más que por presiones de la Comisión Europea o de organizaciones de periodistas como la nuestra. Quizás el gobierno cambie de dirección si llegan a crecer notablemente las movilizaciones que se organizan cada sábado para protestar contra las reformas del gobierno”, dice. Precisamente, este martes 19 el segundo partido más grande del Parlamento Europeo, la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas Europeos, manifestó su apoyo a las manifestaciones callejeras contra el gobierno de Ley y Justicia. "Estamos con los miles de polacos que toman las calles para expresar preocupación por la amenaza de que Polonia camine marcha atrás alejándose de la UE", dijo el líder de esa bancada, Gianni Pittella. Hasta ahora el gobierno de Polonia no ha cedido a los reclamos ciudadanos ni a los de la Comisión Europea, cuyo vicepresidente Frans Timmermans le ha dirigido dos cartas de preocupación. El ministro de Justicia, Zbigniew Ziobro, respondió el martes 12 que sus señalamientos son “injustificados”, e instó a la Comisión Europea a evitar “en el futuro instruir o advertir al Parlamento o el gobierno de un Estado soberano y democrático, a pesar de las diferencias ideológicas que pudieran existir entre nosotros”. También acusó que esa institución está cuestionando al gobierno de su país porque está influenciada por la izquierda. El subsecretario de Relaciones Exteriores, Aleksander St?pkowski, también calificó como “parciales, tendenciosas y políticamente motivadas” las críticas de la UE, y amenazó que éstas podrían provocar “efectos indeseables” si continuaban. El funcionario se jactó de que la nueva ley de medios no representa peligro alguno, puesto que, aseguró, “la libertad de información y de expresión son absolutamente respetadas por el gobierno polaco”. El ministro del Tesoro, Dawid Jackiewicz, llegó a presumir que la reforma “es un buen cambio porque --según él, quien ahora detenta el poder de designar a los directivos de la radio y televisión públicas--, garantiza que regrese el equilibrio en los medios de comunicación del Estado”. Las reacciones del gobierno polaco incluso ya rebasaron los límites de la diplomacia luego de que el comisario Günther Oettinger, de nacionalidad alemana, mencionara la posibilidad de que la Comisión Europea aplicara sanciones a Polonia. Ziobro replicó: “Quieren vigilar a Polonia. Ese tipo de palabras, pronunciadas por un político alemán, provocan las peores asociaciones entre los polacos, y en mí también. Soy nieto de un oficial polaco que combatió durante la Segunda Guerra Mundial a la ‘vigilancia alemana’” (a los nazis). La primera ministra precisó el jueves 14 que “el riesgo de sanciones no existe porque la Comisión Europea no está facultada para imponer castigo”.