Malecón Tajamar: devastación permitida por el gobierno

CANCÚN Q. Roo (apro).- La tarde del 15 de enero, cuando parecía inminente la incursión de trascabos y camiones al Malecón Tajamar, la activista Katerine Ender Córdova solicitó el apoyo de la Gendarmería de la Policía Federal (PF) para frenar el ecocidio en este predio de 59 hectáreas, propiedad del Fondo de Fomento al Turismo (Fonatur).

La representante de la agrupación Guardianes del Manglar de Cancún confiaba en que los elementos de la Gendarmería, que apenas días antes había intervenido para evitar el ingreso de maquinaria y trabajadores, impedirían la incursión definitiva a Malecón Tajamar. Pero no fue así.

“Estoy fuera, pero le dejo un número. Marque y ahí le van a atender”, respondió un elemento a la activista.


Katerine Ender marcó de inmediato, pero la respuesta no fue la que esperaba.

“No podemos intervenir. Tenemos la orden. No podemos ir, es propiedad privada”, fue la respuesta del mando de la PF que le contestó.

Horas más tarde, alrededor de las 3 de la madrugada, entró un convoy de 150 vehículos, entre buldócer y camiones de volteo.

El ingreso fue resguardado por granaderos de las secretarías municipal y estatal de Seguridad Pública, por lo que la activista concluyó: “Claro que fue una acción concertada”.

Las contradicciones fueron evidentes pues, refiere, en primer lugar Malecón Tajamar es propiedad de Fonatur que es una entidad pública, y segundo, si fuera “algo privado”, no debieron estar policías estatales y municipales.

Además Ender Córdova destaca que Fonatur, el gobierno estatal y el ayuntamiento de Benito Juárez pasaron por alto que hay por lo menos media docena de procesos legales para evitar la afectación a especies protegidas dentro Malecón Tajamar, incluido el mangle.

“Ninguna autoridad intervino en atención a los recursos legales promovidos por organizaciones ciudadanas y ambientalistas para proteger Tajamar”, lamenta.

La incursión del convoy de 150 vehículos con el resguardo de granaderos, fue el capítulo final de la destrucción que inició en julio de 2015, cuando máquinas y trabajadores iniciaron con las obras de desmonte, al devastar cuatro predios de Tajamar.

Desde hace seis meses ciudadanos indignados empezaron las movilizaciones, y desde el 30 de julio instalaron tres plantones en los predios devastados con los nombres: Cocodrilos, Máquinas y Table.

Inmunes

Desde 2005 Fonatur obtuvo los permisos para devastar Malecón Tajamar, ubicado entre lo que hoy es la megaplaza comercial Malecón Cancún y el sistema lagunar Nichupté.

A lo largo de 10 años, Fonatur invirtió 518 millones de pesos para la infraestructura urbana y turística de Tajamar que incluyó precisamente un malecón, paralelo al sistema laguna Nichupté, de mil 100 metros lineales con concreto estampado, así como servicios de agua potable y energía eléctrica con cables subterráneos, además de una rambla de 617 metros de longitud y un camellón de 40 metros de ancho.

El espacio se convirtió en uno de los favoritos de los corredores para trotar entre las “manzanas” cubiertas de vegetación,  y también fue usado para conciertos y bailes del carnaval.

Fue en julio de 2005, en el tramo final del gobierno del panista Vicente Fox, cuando la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó en materia de impacto ambiental a Fonatur el desarrollo del “Anteproyecto Malecón Cancún”, en una superficie de 58.79 hectáreas.

Desde entonces se determinó que en 49.10 hectáreas se llevaría a cabo la remoción de vegetación hidrófila (manglar, sabana y graminoides), selva baja caducifolia y secundaria.

Con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) Fonatur y las empresas inmobiliarias que adquirieran lotes dentro del polígono de Tajamar quedaron protegidas ante las reformas que se hicieron posteriormente para proteger al mangle, lo cual ocurrió dos años después.

El 1 de febrero de 2007 fue expedido el decreto por el que se adicionó un artículo –60 TER– y un segundo párrafo al artículo 99 a la Ley General de Vida Silvestre.

La reforma no tiene margen a interpretación:

“Artículo 60 TER.- Queda prohibida la remoción, relleno, trasplante, poda, o cualquier obra o actividad que afecte la integralidad del flujo hidrológico del manglar; del ecosistema y su zona de influencia; de su productividad natural; de la capacidad de carga natural del ecosistema para los proyectos turísticos; de las zonas de anidación, reproducción, refugio, alimentación y alevinaje; o bien de las interacciones entre el manglar, los ríos, la duna, la zona marítima adyacente y los corales, o que provoque cambios en las características y servicios ecológicos”.

Sin embargo, Fonatur y los desarrolladores ya estaban exentos e inmunes a este decreto.

Contraofensiva legal

La resistencia civil iniciada por la destrucción de los primeros lotes, en julio de 2015, complicó los planes de Fonatur.

Los plantones en los tres lotes fueron reforzados con denuncias que diversas agrupaciones y ciudadanos presentaron ante distintos organismos y  dependencias.

El recurso que cobró mayor resonancia fue el amparo presentado por 113 niños contra las autorizaciones otorgadas por diversas autoridades, incluida la Secretaría de Ecología y Desarrollo Urbano del ayuntamiento de Benito Juárez.

Un juez federal otorgó en noviembre pasado la suspensión provisional en favor de 113 niños que promovieron un amparo contra la devastación del manglar.

El problema fue que al mismo tiempo el juez fijó fianza de 21 millones para ratificar la suspensión de las obras.

El monto de la fianza se fijó con base en la tasa TIIE a 28 días y en proporción al valor de los terrenos de Malecón Tajamar.

Los abogados que apoyan el movimiento en favor de Tajamar promovieron entonces un recurso de revisión sobre la fianza fijada por el juez Miguel Nahim Nicolás Jiménez.

Según los cálculos de los abogados, este recurso incidental tardaría tres meses en resolverse, es decir, hasta febrero, cuando ya no tendría vigencia la autorización de la MIA otorgada por Semarnat a Fonatur.

Fonatur mintió

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) presentó otro recurso de amparo el pasado 31 de julio contra la Autorización de Impacto Ambiental condicionada que la Semarnat otorgó en favor del Fonatur para la construcción del Malecón Tajamar.

En la demanda de amparo, Cemda sostiene que dicha autorización debe invalidarse toda vez que se presentó información falsa para obtenerla, pues se omitió señalar la existencia de manglar en la zona.

En la demanda el grupo ambientalista resaltó: “resulta extraño y hasta contradictorio que en la Autorización se señale que el predio no presenta características naturales relevantes o excepcionales, cuando en la misma se establece que, del total del predio, el 64% (37.61 hectáreas) comprende vegetación hidrófila, entre ellas manglar primario, manglar secundario y manglar de Conocarpus-Rhizophora”, los cuales además sólo se desarrollan en los ecosistemas de humedales costeros.

Activistas dejaron animales muertos del manglar en las oficinas del alcalde de Cancún Paul Carrillo. Foto: Especial

El 4 de agosto, dotada con unas cuatro mil 350 firmas, la activista Araceli Domínguez Rodríguez, presidenta de la asociación civil Grupo Ecologista del Mayab (Gema), presentó una denuncia colectiva ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por la devastación de mangle y una decena de especies silvestres en peligro de extinción en Malecón Tajamar.

Casi de manera simultánea, otro grupo de activistas presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por el desmonte y relleno en el mismo lugar.

El recurso fue presentado por el abogado Gerardo Solís Barreto, que fue admitido por la CNDH con el folio CNDH/6/2015/6584/Q.

El criterio legal para esta queja, precisó el abogado Solís Barreto, se basa en que la CNDH está en condiciones de iniciar las investigaciones para determinar las probables violaciones a los derechos humanos ambientales de los cancunenses.

Y además, un grupo de activistas, especializados en asuntos de derechos humanos, interpuso una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR).

“Hay una denuncia en la PGR desde septiembre del año pasado por daño a especies protegidas, pero no ha caminado”, dijo el activista Leonardo Kumul.

Por si fuera poco, el propio gobierno estatal a través del Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental  (Inira), que autorizó el proyecto del Dragon Mart, recomendó a la Semarnat no otorgar la MIA a Fonatur.

De acuerdo con Alejandra Serrano, representante del Cemda del Sureste, el Inira consideró que “se debería negar la autorización del proyecto, porque pretende afectar el 65% de la cobertura vegetal, constituida principalmente por manglar, especie que se encuentra catalogada con estatus de protección especial”.

Además el pasado 12 de agosto la Profepa clausuró de manera temporal las obras en predios de la empresa Bi & Di en Malecón Tajamar “por incumplimiento en la Manifestación de Impacto Ambiental”.

Sin embargo, no se trató de una clausura definitiva y se estableció un procedimiento resarcitorio, con una multa de cuatro millones de pesos.

Acorralados

Las protestas y los recursos legales empezaron a acorralar a Fonatur pues la MIA dejaría de tener efecto en febrero de 2016.

Frente a esta nueva circunstancia, en octubre de 2015, el departamento legal del Fonatur solicitó una ampliación de la autorización de la MIA para Malecón Tajamar.

El delegado de Fonatur Juan Carlos González Hernández –primo del exgobernador Félix González Canto– advirtió que en el Malecón Tajamar están en juego 900 millones de dólares.

En esta franja, colindante con el Sistema Lagunar Nichupté se prevén más de 30 proyectos en 50 lotes, algunos fusionados con el centro comercial y las inversiones frenadas son por un monto superior a los 900 millones de dólares, refirió.

También, indicó que sólo un grupo empresarial, el consorcio italiano “Bi & Di” incumplió con las condicionantes por Semarnat y afectó a los demás inversionistas.

A pesar de todos los recursos legales en proceso, la madrugada del 16 de enero, con el resguardo de granaderos estatales y municipales, maquinaria y camiones de volteo reingresaron a Malecón Tajamar para desmontar el mangle y rellenar los humedales.

En 48 horas, ante las miradas impotentes de decenas de ciudadanos, atrapados atrás de vallas metálicas y granaderos, fueron devastadas 59 hectáreas con especies protegidas de flora como el chechén, uva de mar, ficus, palma chit, jabín, chacá rojo,  palma y fauna como la chachalaca, el cenzontle, la calandria, el colibrí, la huaca, el Martín pescador y la iguana.

Borge: en defensa del proyecto

A pesar de ello, a través de un comunicado de prensa, el gobernador Roberto Borge dio la cara por Fonatur y los inversionistas.

“Los trabajos de chapeo y desmonte en el Malecón Tajamar se realizan con apego a la ley”, aseguró el mandatario estatal cuando se disponía a viajar a España a la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid.

De acuerdo con Borge, quedó sin efecto la suspensión provisional del amparo presentado por 113 niños, con lo que resultaban efectivos los permisos de “chapeo y desmonte” que había otorgado la Dirección General de Ecología del ayuntamiento de Benito Juárez.

La activista Katerine Ender Córdova no tiene duda:

“Había recursos legales por resolver y actuaron. Fue una acción concertada”.

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