Buenos Aires (apro).- “No tenemos nada que ocultar”, dijo el ministro de Hacienda y Finanzas de Argentina, Adolfo Prat-Gay, durante una conferencia de prensa realizada el 23 de enero en el Foro Económico Mundial de Davos. De esta manera ratificó que Argentina volverá a someter su economía a las revisiones periódicas del Fondo Monetario Internacional (FMI). El país ya no se opondrá a cumplir con el Artículo IV del estatuto del organismo. Éste permite al FMI auditar y presentar recomendaciones en materia de política económica y financiera a sus 188 países miembros. “No cumplir con el Artículo IV en los últimos años fue absolutamente en detrimento de los intereses de Argentina”, ya que así “creció la falta de confianza en el país”, aseguró el presidente Mauricio Macri durante la misma conferencia de prensa. Subrayó que el cumplimiento de ese artículo se limita a “decir la verdad” y no implica “perder independencia”. El acercamiento de Mauricio Macri con el FMI se enmarca en el deshielo de la relación con Washington que impulsa su gobierno. Pretende así allanar el acceso de Argentina a inversiones y créditos estadunidenses y europeos que se paralizaron tras la declaración de cesación de pagos de la deuda externa en 2001. Por lo pronto, el gobierno de Barack Obama levantó su voto negativo sobre los créditos solicitados por Argentina al Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Pero no tiene incidencia concreta en la negociación de Argentina con los fondos buitres, que permanece empantanada. Argentina regularizó en 2005 y 2010 su relación con el 93% de sus acreedores privados. En poder de los fondos buitres está el 7% restante de los bonos de deuda soberana impaga. El acceso de Argentina a los mercados financieros internacionales requiere de un acuerdo previo con estos herdge funds. En la última década Argentina recibió préstamos de China y Rusia. Desde la oposición kirchnerista se sostiene que el acercamiento del gobierno con el FMI coincide con la renovada aplicación de sus recetas clásicas: reducción del gasto público, los salarios y los subsidios, aumento de tarifas. Las revisiones del organismo a la economía argentina fueron interrumpidas hace diez años. El 3 de enero de 2006, el gobierno de Néstor Kirchner canceló en un solo pago la deuda de 9 mil 810 millones de dólares que tenía con el Fondo. En adelante ya no aceptó las presiones en materia de política económica, monetaria, fiscal y financiera, que el FMI realizaba con base en los resultados de su monitoreo. Kirchner atribuía gran responsabilidad al organismo por la crisis terminal de 2001. Y adjudicaba la asombrosa recuperación de Argentina a desestimar sin más el credo ortodoxo de sus técnicos. Argentina abogó internacionalmente por una reestructuración del organismo multilateral. En 2012 el FMI cerró su oficina en Buenos Aires. Se supone que pronto habrá de reabrirla. Pragmatismo Macri dijo estar dispuesto a desarrollar con Washington “una relación pragmática, inteligente y productiva”. Así se lo hizo saber en Davos al vicepresidente estadunidense Joe Biden. El gobierno argentino propuso abrir el sector energético a la inversión de ese país. En la actualidad China financia la construcción de dos represas hidroeléctricas en la Patagonia y tiene acuerdos firmados para construir dos centrales nucleares. Biden se limitó a ofrecer colaboración en la lucha contra el narcotráfico y en materia de seguridad. El vínculo con Estados Unidos sufrió ante la constante crítica de Néstor Kirchner y Cristina Fernández contra el Consenso de Washington, la Alianza de Libre Comercio de las Américas (ALCA), el FMI y la justicia norteamericana que hasta hoy traba los pagos de Argentina a sus acreedores. Desde el kirchnerismo se sostiene que el gobierno de Macri busca reeditar las “relaciones carnales” con Estados Unidos. El gobierno neoliberal de Carlos Menem (1989-1999) publicitó en esos términos su alineamiento con el país del norte. “Si bien en la pasada década el país afianzó vínculos con países como China, Rusia y algunos vecinos latinoamericanos, se descuidaron relaciones estratégicas, que podrían darle a la Argentina un mayor margen de maniobra en un mundo de cambios constantes”, opinó el diario La Nación el 24 de enero. El presidente Macri elogió el hecho de que Estados Unidos haya retirado el voto negativo contra Argentina en los organismos internacionales de crédito. Aseguró, sin embargo, que por ahora “no está previsto pedir préstamos” al FMI aunque sí a otros organismos “que han mostrado mucho interés”, sostuvo. Desde el Fondo, por su parte, comenzaron a llegar elogios y buenos augurios. “En Argentina el nuevo gobierno ha iniciado una importante transición para corregir desequilibrios macroeconómicos y distorsiones microeconómicas”, sostuvo Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI. El 22 de enero, al presentar el informe de Perspectivas Económicas Regionales del organismo, Werner ponderó el levantamiento de restricciones al mercado cambiario, la eliminación de varios controles al comercio internacional, el anuncio de las principales directrices del marco macroeconómico y la supresión parcial de los subsidios a la energía. El FMI estimó un crecimiento económico de 1.5% para 2015 y una recesión de 1% en 2016. Se trataría de un período de transición, según el organismo, cuyos efectos positivos podrían comenzar a verse a fines del presente año. Críticas El ministro de Hacienda y Finanzas, Adolfo Prat-Gay, sostiene que la economía argentina volverá a crecer fuertemente en el orden del 4.5% a partir de 2017, como producto de la “liberación de las fuerzas productivas y creativas”. Sin embargo, la recesión actual opera como un fuerte disciplinador de los reclamos laborales. En febrero comenzarán las negociaciones paritarias entre empresarios y trabajadores, mientras que algunas consultoras privadas estiman para 2016 una inflación de 30% a 40%. La previsión oficial es de 20%. De este modo el gobierno pretende fijar un techo al reclamo de recomposición salarial de los sindicatos. “Cada gremio sabrá hasta qué punto puede arriesgar salarios a cambio de empleos”, dijo tajante Prat Gay en conferencia de prensa el 1 de enero. Los despidos se suceden hoy en el Estado y el sector privado. El salario real se encuentra en retroceso. La aceptación del gobierno al monitoreo del FMI preanuncia que sus recetas fiscales, monetarias, financieras y cambiarias serán escuchadas y ejecutadas. El organismo volverá a observar de cerca las políticas de Estado de Argentina. En la memoria de la sociedad pervive el rol del FMI en los noventa. Sus emisarios llegaban al país como virreyes, exigían que se los llevara en helicóptero a la Casa de Gobierno, exponían ante los funcionarios el listado de medidas económicas que el gobierno tenía que implementar. “Lo cierto es que los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández no se sometieron a las revisiones y auditorías no por tener algo que ocultar, sino porque estimaron –con razón– que aplicar esas recetas había llevado al país al colapso socioeconómico de 2001, y que volver a tenerlas en cuenta repetiría sus nefastas consecuencias sobre el pueblo argentino”, sostuvo el periódico Tiempo argentino en su edición del 25 de enero. “Los más veteranos recordamos la presencia de las misiones del Fondo en nuestro país y cómo los mandatarios nacionales esperaban ansiosos reunirse con ellos para solicitar nuevos créditos al organismo o refinanciar deudas pasadas –continúa–. Además, los ministros de economía utilizaban al organismo para escudarse en que ellos no querían impulsar medidas impopulares, pero que era el Fondo el que se las demandaba, y que no cumplirlas iba a ser mucho peor”. “El Fondo quiere ajuste fiscal, endeudamiento perpetuo y tarifazos”, sostuvo el exministro de Economía kirchnerista Axel Kiciloff, en declaraciones a Radio del Plata, el 21 de enero. “Si Macri quiere gobernar para los ricos, puede que el FMI le preste”, dijo. Aseguró, finalmente, que “en Argentina los ajustes siempre se dieron con represión”.