CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En México, la norma es que las víctimas y algunos medios de comunicación denuncien la barbarie, y que los gobernantes la burocraticen y trivialicen. La frustración y parálisis resultantes están provocando la incorporación de nuevos actores. En mi colaboración anterior escribí acerca del despertar católico. Ahora me referiré al de las universidades. La trivialización y la burocratización del horror consisten en crear leyes e instituciones que atienden a las víctimas, pero sin solucionar sus casos. En lugar de una Comisión de la Verdad independiente, Vicente Fox entregó una Fiscalía Especial desabrida, cara y al final inútil; Felipe Calderón creó dependencias, promovió leyes y protocolos, pero ocultó la información sobre los desaparecidos; Enrique Peña Nieto emula a ambos y crea burocracias que nacen atrofiadas por el peso del cuatismo y el cuotismo. Hay, por supuesto, una que otra excepción. Un fenómeno similar acontece en la mayor parte de las entidades, independientemente del partido que las gobierne. Lo ejemplifico con Morelos, un estado azotado por la violencia, criminal y urbanística, y por la pobreza. En noviembre de 2015 Proceso hizo públicos los resultados de una investigación –iniciada por denuncia de los agraviados– acerca de lo sucedido al joven Oliver Wenceslao Navarrete Hernández. Pese a que aún se ignora quién lo secuestró y asesinó, se sabe que la Fiscalía General de Morelos recogió el cuerpo pero, en lugar de entregarlo a la familia, lo aventó a un hoyo en Tetelcingo, poblado donde fueron encontrados, según versiones iniciales, 150 cuerpos embalados con plástico, como si se tratara de paquetes. El agravio a la dignidad de las víctimas y sus familias desencadenó un escándalo. La burocracia morelense reaccionó apegándose al manual del encubridor. El presidente municipal de Tetelcingo, el perredista Jesús González Otero, se amparó en un clásico: (Yo) “no tenía conocimiento ni oficial ni extraoficial” de los entierros. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos (CEDHM) rechazó que fueran “fosas clandestinas”; eran “fosas comunes” ubicadas dentro de un panteón, y recomendó lo acostumbrado: crear una “fiscalía especial”. Un alto funcionario del gobierno estatal se justificó, en conversación privada, con las cifras: no eran 150, sino sólo 105. El broche de oro corrió a cargo del responsable del agravio, el fiscal general de Morelos, Rodrigo Dorantes Salgado, quien dejó el puesto y fue nombrado ¡delegado de la Procuraduría General de República en Durango! (hasta hace unos días seguía en el cargo). Todos ellos apostaron por capotear el escándalo para invocar el olvido. No estamos ante un hecho aislado, sino frente a un patrón que hace crisis, pues desatiende la tragedia humanitaria que padecemos. La falta de resultados ha provocado el interés de instituciones que se habían mantenido al margen. Es el caso de una porción de católicos y universidades. Por ejemplo, el sistema educativo jesuita tiene muchos años haciéndolo, pero lo novedoso es el acercamiento de otros organismos, como ya lo hizo la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Jesús Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM, decidió aproximarla a la sociedad, y con ello ha levantado varias tolvaneras y una que otra tempestad. Entre las medidas que tomó estuvo el nombramiento de Javier Sicilia –poeta y víctima– como secretario de Extensión Universitaria, por lo que ha provocado reacciones de apoyo y condena. En un diario de Morelos, un inconforme descalificó a ambos: El compromiso de Vera –escribió– nace de sus “aspiraciones y ambiciones políticas”, mientras que a Sicilia le reprocha “¡USAR! a la UAEM para servirse de ella y ponerla al alcance de (los) intereses de sus jefes y manipuladores”. El activismo del rector y su círculo ha llevado, lógicamente, a choques frontales con Graco Ramírez, gobernador del estado. Sería un error analítico y político reducir los espasmos morelenses a un enfrentamiento entre personas o a las “ambiciones” de un rector y de un poeta reconvertido en extensionista. En la entidad hay miedo e inconformidad, pero también la búsqueda desesperada de socorro ante los desmanes de la delincuencia organizada. Es altamente positivo que una parte de la UAEM explore formas de atender las necesidades de las y los agraviados. Al descubrirse las fosas, el rector estableció inmediatamente una Comisión Científica de Identificación Humana para tener claridad acerca de lo que pasaba, pues hasta ese momento ni siquiera había “certeza sobre el número de cadáveres en dicha fosa”. Para ello, nombró coordinador de esa comisión al doctor Iván Martínez Duncker, un joven científico con formación de excelencia. Me llamó la atención que un científico duro decidiera meterse en un tema tan áspero en una entidad tan alebrestada, y le pregunté por medio de un correo electrónico: “¿Por qué aceptaste investigar un asunto tan espinoso?”. Me respondió lo obvio: Hasta ese momento “no había tenido la oportunidad de hacer algo” a través de una institución. La carta con la respuesta de Martínez Duncker confirma las inquietudes que he observado en profesionistas bien entrenados en México y en el extranjero. Ese deseo de “hacer algo” se apuntaló en la indignación que causa el viacrucis recorrido por las y los afectados: “La gente lo estaba pidiendo, y cuando me senté en reuniones con ellos y escuché sus vivencias, me di cuenta de lo mal que los han tratado”. Con ello reforzó una tesis general: “Lo que pasa en esta fosa es lo mismo que seguramente ocurre a lo largo de la República: se apuesta a equiparar al desaparecido con el olvido”. Por tanto, tiene claro que él puede hacer algo concreto: “Empoderar con conocimientos a las víctimas”. Por lo pronto, ya sacó una conclusión que hizo pública en su primer boletín: “Las versiones de la Fiscalía (de Morelos) carecen de rigor científico y ético”. La crisis causada por la violencia podrá resolverse cuando confluyan en acciones concretas sociedad y Estado. Las universidades pueden jugar un papel enormemente provechoso porque acumulan una gran reserva de institucionalidad positiva y porque pueden transitar con mayor rapidez de la protesta a la propuesta. Afortunadamente, en buena parte de las burocracias hay sectores que entienden lo saludable de un acercamiento a la sociedad preocupada por las víctimas. Esta convergencia llevará tiempo y será difícil, pero puede empezar a remover esa ofensiva de burocratización y trivialización de la barbarie. l Colaboró con información e ideas Rodrigo Peña González. Comentarios: www.sergioaguayo.org