CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la ignorancia del gobierno federal a sus reclamos, familiares de víctimas de desaparición protestaron hoy frente al Senado de la República para reiterar su exigencia que los legisladores los incluyan en el proceso de elaboración y aprobación de la futura ley general contra la desaparición en México. “Venimos a pedirles que nos abran la puerta a la participación. No se puede promulgar una ley sin las víctimas que conocen las herramientas necesarias”, urgió Grace Fernández, integrante de Fuerzas Unidas por nuestros Desaparecidos en México. Los senadores aún no empezaban la primera sesión del año y la veintena de familiares ya había cubierto las rejas del recinto legislativo con fotografías, mantas y avisos de búsqueda de sus cercanos, desaparecidos en el estado de México, Veracruz o Tamaulipas, entre otros. “Ya son más de 27.000 desaparecidos/as ¿Cuántos se necesitan para aprobar una ley?”, preguntaba una manta de cartón colgada en las rejas de blanco, rojo y verde. En conferencia de prensa, los familiares de desaparecidos se indignaron que el gobierno federal se quedó sordo a sus solicitudes de participar a la elaboración de la iniciativa de ley contra la desaparición, misma que entregó al Senado a finales de diciembre pasado. Advirtieron a los legisladores que vigilarán “de cerca” el proceso de elaboración de la ley para que el texto no quede como “un papelito bonito” sino que desemboque en una herramienta efectiva para buscar  e identificar a los desaparecidos, así como sancionar a los responsables y descubrir la verdad “Si no lo hacen les cobrarán muy caro la falta de acción a los senadores. En un futuro muy cercano habrá repercusiones”, aseveró Lucía de los Ángeles Díaz, integrante de la organización Solecito de Veracruz. “No estamos esperando, como en otros países, 30 o 40 años. Hoy los tiempos son rápidos, hay redes sociales, la gente es muy alerta. Son tantos miles que se puede decir que todo el mundo conoce una familia con desaparecido”, sostuvo en entrevista con Apro. Fernández señaló que detrás del grupo conformado por una veintena de desaparecidos se encuentran más de 40 organizaciones, “pero sobre todo somos una pequeñísima parte de los más de 27 mil desaparecidos que hay en este país, en este México donde se reconocen únicamente 43, donde las víctimas desaparecen dos veces: cuando se los llevan y cuando el gobierno dice que no existen”, expuso Y abundó: “A estos 27 mil hay que sumarle todos los que no levantan una denuncia. Hay que sumarle los miles de restos humanos que no han sido identificados; estos no se restan, se suman porque no se sabe de quiénes son. Hay que sumarle los miles de migrantes cuyas familias no tienen idea que desaparecieron”. Entre las exigencias de los familiares destacan la creación de un centro nacional de búsqueda, que centralice toda la información útil a la identificación de los desaparecidos, ya sea con los datos de los Semefos, de las fosas, los penales o los datos de análisis genéticos recabados en el país. El pasado 9 de septiembre, los familiares de desaparecidos se reunieron frente a la Secretaría de Gobernación (Segob) y entregaron una lista de elementos básicos que debería contener iniciativa de Enrique Peña Nieto. En esa ocasión, exigieron que el gobierno los consulte para elaborar el texto. Roberto Campa Cifrán entonces subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana –y ahora subsecretario de Derechos Humanos—de la Segob, se comprometió a atender su petición. Sin embargo, según Grace, el gobierno sólo realizó consultas ciudadanas por Internet, pero hizo caso omiso a las exigencias de los familiares que consistían en participar a foros o integrar comisiones para coadyuvar en la redacción de la iniciativa. “Campa está en un papel de relacionista público. Él promete cosas y no cumple”, lamentó Díaz, al recordar que en el caso de Veracruz, Campa se comprometió a agendar una reunión entre familiares de desaparecidos y Javier Duarte Ochoa, el gobernador de la entidad. “Nunca hizo nada. Él no está encarando el problema, no busca el acceso a la justicia, a soluciones, ni a nada. Está esperando su quincena, su pago, y es todo”, deploró. Por lo mismo, la iniciativa de ley del Ejecutivo resultó ser un “monumento a la simulación”, según Díaz, “hecho sobre las rodillas, que no enfoca en absoluto la temática”. “En la propuesta del ejecutivo, los estados se hacen responsables. Pero regresar las investigaciones a los estados, dónde hay mucha impunidad, corrupción e incluso colusión con el crimen organizado nos deja en el abandono”, lamentaron los familiares en conferencia de prensa. En Veracruz, señaló Díaz, “está la delincuencia organizada y la uniformada; la mayoría de las veces es uniformada y organizada. Hay delincuencia por todos lados y el gobernador es omiso”. Los familiares de desaparecidos observan como mal presagio que el paquete presupuestario para el año 2016 no contemple modificaciones con perspectiva de la entrada en vigor de ley contra la desaparición. Según las familias, para ser efectivo el mecanismo de búsqueda y las reformas que consideran necesarias para que la ley se aplique, requiere de fondos adicionales, sobre todo en materia de personal competente para la búsqueda. De acuerdo con Martín Villalobos Valencia, “pocas personas en el gobierno federal y estatal muestran una buena actitud, y están rebasados. Hay ministerios públicos que tienen 150 o 200 averiguaciones previas. Es imposible que siquiera las pueda leer. Y además sabemos que no tienen los suficientes policías ministeriales”. “No es una disculpa, es un señalamiento, que al gobierno federal, que así como invierte millones y millones de dólares en actividades que no son tan preponderantes para nuestro pueblo, porque estamos hablando aquí de seres humanos, por qué no destinar el número suficiente de presupuesto para desahogar esto”, subrayó en entrevista con Apro. Díaz lleva dos años y medio buscando a Luis Guillermo Lagunes Díaz, su hijo, quien desapareció en Veracruz el 28 de junio de 2013. En las rejas del Senado aparece su fotografía, la de un hombre de 30 años vestido con un traje negro sobre una camiseta blanca. Tras recurrir a todas las agencias competentes para investigar, se percató que las autoridades llevan a cabo “una búsqueda de escritorio, burocrática”, explicó a esta agencia. Precisó: “Lo que hacen los ministerios públicos es llenar formularios, oficios”, al añadir: “Estamos en un absurdo, porque están sucediendo miles, decenas de miles de desapariciones y sin embargo no hay una infraestructura que pueda encarar el problema”. Y Villalobos explicó que la desaparición de alguien cercano desencadena una serie de problemas para la familia, por ejemplo si el desaparecido iba a ser padre, tenía una vivienda registrada a su nombre en el Infonavit o cuentas bancarias nominales. Otra dimensión del problema “entre muchas”, recae en los niños. En muchos casos, los hijos de los desaparecidos atestiguaron la violencia con la que personas armadas llevaron a su genitor. Al quedarse traumados, estos niños no pueden poner tanta atención a las clases como los demás alumnos, y a veces pierden las becas por lo mismo, sostuvo el hombre. “Hoy en día no se están tocando los temas vinculados con la desaparición, y no hay presupuesto. México no se preparó, no está preparado ni pensó en prepararse para el futuro”, resumió Díaz.