CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La iniciativa de Enrique Peña Nieto sobre la Ley General contra la Tortura, presentada el pasado 10 de diciembre, auspicia ese delito de lesa humanidad y garantiza la impunidad de los perpetradores, denunciaron defensores de derechos humanos. En conferencia de prensa, a nombre de decenas de organizaciones integradas en su mayoría en la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), con presencia en 22 estados de la República, los activistas expusieron que la propuesta presidencial “no refleja lo necesario para una verdadera erradicación de esa práctica”, ni mucho menos incorpora recomendaciones que la sociedad civil hizo a la Procuraduría General de la República (PGR). Ante las fallas evidentes, los defensores exhortaron a las comisiones de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales del Senado de la República a hacer valer su soberanía y abrir la discusión de la Ley General a la sociedad civil, a las víctimas y a sus familias, para alcanzar una legislación apegada a los principios internacionales. Al insistir en que la iniciativa no cumple con los estándares internacionales de derechos humanos, los representantes de la sociedad civil narraron que en octubre de 2015 miembros de las organizaciones tuvieron encuentros con funcionarios de la PGR para diseñar el proyecto de ley, pero el 10 de diciembre, de forma sorpresiva, Peña Nieto presentó su iniciativa sin tomar en cuenta las recomendaciones. Mario Patrón Sánchez, director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), recordó que la persistencia de la tortura en México es un tema recurrente de preocupación de organismos internacionales de derechos humanos, “por ser práctica generalizada en la que incurren todas las corporaciones policiacas y fuerzas de seguridad del país”. José Antonio Guevara, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), dio cifras que evidencian la gravedad del problema: de 2006 a 2014, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) registró 100 quejas por tortura y más de cuatro mil quejas por tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos por corporaciones federales, el Ejército y la Marina, mientras que 30 comisione de derechos humanos estatales reportaron cuatro mil 405 quejas por tortura. En ese mismo periodo, apuntó, la PGR recibió más de cuatro mil denuncias por tortura, de las cuales mil corresponden a casos relacionados con el Ejército y la Marina; de esos cuatro mil sólo se abrieron mil averiguaciones previas y se consignaron 11 casos, y únicamente existen cinco sentencias por ese delito de lesa humanidad. Guevara destacó que en respuesta a solicitudes de información, 17 procuradurías estatales registraron mil 283 denuncias por tortura. El defensor agregó que entre las deficiencias de la iniciativa presidencial está la “garantía de impunidad” para la cadena de mando, ya que “sólo se sanciona al superior inmediato del presunto autor material, dejando fuera a quienes desde los altos mandos ordenan torturar a detenidos para obtener confesiones incriminatorias”. Javier Enríquez Sam, del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), destacó que entre las entidades con mayores índices de tortura están: Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango y Tamaulipas. Y recriminó que se mantenga a la CNDH como el único ente encargado del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, facultad que tiene el organismo público desde 2007, “sin que haya logrado revertir las prácticas de tortura”. Enríquez Sam criticó que el proyecto de Ley General contra la Tortura del Ejecutivo “reduce la confirmación de la tortura a un mero análisis médico y psicológico de la víctima, que se realizará sólo por la PGR, que ni siquiera responde a los estándares del Protocolo de Estambul, además de que se niega la aportación de un peritaje independiente como prueba”. En su oportunidad Javier Carrasco, del Instituto de Justicia Procesal Penal, refirió que mientras el Poder Judicial “ha tomado medidas como rechazar pruebas y confesionales obtenidas bajo tortura, la iniciativa del Presidente deja la puerta abierta para que sean admitidas, siendo una invitación para los agentes aprehensores e investigadores a seguir torturando”. José López Portillo, director del Instituto para la Seguridad y Democracia (Insyde), alertó que aunque se atendieran los reclamos de las organizaciones, “lo cierto es que las instituciones no están preparadas para aplicar la ley”. Explicó que de acuerdo con una encuesta realizada entre policías se demostró que 50% “no creen que realmente se aplique el sistema de sanciones administrativas y penales” que los órganos de control y confianza de las corporaciones estarían obligadas a ejecutar. Para el investigador, “más allá de la disputa con el relator Juan Méndez sobre si es generalizada o no la tortura, lo que la iniciativa presidencial demuestra es una negación de la realidad, y detrás de ello una intención de no comprometerse con la instrumentación de los estándares internacionales”. El exintegrante del Subcomité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Miguel Sarre, resaltó que además de la legislación en la materia está en riesgo la Ley Nacional de Ejecución Penal, ya que ésta no contempla que los jueces de control de penas también garanticen la seguridad de los reos dentro de los centros de detención. Sarre responsabilizó al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de poner obstáculos a esa ley, trabajada por la sociedad civil y el Congreso, sobre temas relacionados con “dotar de amplias facultades a las y los jueces de ejecución para garantizar condiciones de reclusión que favorezcan recursos legales eficaces para toda persona detenida, sus visitantes y defensores, así como el ingreso de organizaciones de la sociedad civil y periodistas a las prisiones”. Rocío Culebro, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, así como la madre Consuelo Morales, de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, se sumaron a la exigencia de discutir ampliamente la legislación, llamado que fue secundado por familiares y víctimas de tortura que estuvieron presentes en la conferencia de prensa.