CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La llave que cuelga de una cadena oxidada abre la cerradura y deja salir el hedor a orines mezclado con humedad. El ropero tiene una sola puerta, los muebles son viejos y están llenos de polvo, las paredes están descarapeladas y la cama presume sábanas rotas y con manchas de sangre y semen. Ésta es una de las habitaciones del hotel Cozumel, donde la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) aloja a víctimas del delito y a sus familiares como parte del apoyo que, por ley y dentro de su protocolo de atención, está obligada a brindarles mientras se desarrolla el proceso legal correspondiente. Ubicado a tres cuadras de la procuraduría capitalina –en Doctor Barragán 79 esquina con Doctor Navarro–, es un establecimiento donde lo mismo llegan parejas por un par de horas de pasión y turistas con bajo presupuesto, que víctimas de trata y agresión sexual, o parientes de quienes fueron brutalmente asesinados. A uno de esos cuartos fue enviada a principios de agosto de 2015 Mirtha Pérez, madre de Nadia Vera, una de las cinco víctimas del multihomicidio de la colonia Narvarte. De aproximadamente 60 años, la mujer viajó desde Comitán, Chiapas, a la Ciudad de México para reconocer el cuerpo torturado de su hija. La Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGJDF le dio alojamiento en ese hotel mientras se desarrollaban las primeras diligencias. Acompañada de Amalia Cruz, abogada de la Clínica de Interés Público contra la Trata de Personas del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), llegó incrédula a la recepción del lugar. Con temor, ambas subieron a la habitación asignada y en el camino hallaron a una joven ebria que salía con un hombre de otro cuarto. Cuando entraron al suyo, Mirtha exclamó: “¡Aquí nos van a matar a nosotros también!”. Salieron de inmediato. El pasado 9 de noviembre, en la presentación de la Plataforma de Seguimiento del Caso Narvarte, la mujer recordó el momento: “(La PGJDF) aloja a los familiares de las víctimas en el hotel Cozumel de la colonia Doctores, en un ambiente de pánico e inseguridad a propósito para amedrentarlos y hacer que cejen en su empeño de exigir el derecho a una investigación.” Según la Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito para el DF y el reglamento de la Ley para la Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en materia de Trata de Personas en el DF, el Centro de Apoyo Sociojurídico a Víctimas del Delito Violento (Adevi) de la procuraduría capitalina debe ofrecer hospedaje y transporte al lugar de origen a las víctimas directas o indirectas ofendidas, o testigos de feminicidio, como fue el caso de Nadia y las otras tres mujeres asesinadas en la Narvarte. El tipo de ayuda lo decide el Consejo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito, presidido por el titular de la PGJDF –en este caso, Rodolfo Ríos– e integrado por los titulares de la Comisión de Derechos Humanos local, las secretarías de Seguridad Pública y Salud y la Subprocuraduría de Atención a la Víctimas del Delito. Su propósito es “fortalecer y promover” las acciones a favor de los ofendidos. Sin embargo, obtener el apoyo implica un proceso tardado y burocrático que comienza con hallar las oficinas, pues el domicilio impreso en folletos y en la página en internet del Adevi es erróneo: dice Mérida 255, colonia Roma Sur, pero el edificio está en el número 225. Enseguida, la víctima o sus parientes son interrogados en el área de Trabajo Social, donde les hacen un estudio socioeconómico y el caso se envía al consejo para su análisis. No obstante, según Amalia Cruz, la PGJDF decide directamente a quién dar el beneficio, “sobre todo cuando se trata de asuntos mediáticos” como el caso Narvarte. [gallery link="file" columns="2" size="main-block" ids="428884,428885"] Seguridad ante presupuesto La esquina donde está el hotel Cozumel tiene poca iluminación, mientras que tráileres y microbuses estacionados entorpecen el paso de los peatones. No se observa ninguna cámara de videovigilancia del sistema C-4 que grabe lo que sucede alrededor del lugar, aun cuando ahí se hospedan personas en riesgo. El estacionamiento funciona las 24 horas, pero no hay nadie que anote las placas de los autos que entran o salen. La “caseta de vigilancia” está cerrada y dentro sólo hay muebles viejos y basura. Una manta aclara que su funcionamiento no es responsabilidad del hotel. “Asegúrese de cerrar bien su vehículo”, dice. A la entrada no hay policías y el rondín de las patrullas es una incógnita. La recepción tiene al menos dos cámaras, pero su operación queda en duda. Para alquilar un cuarto, el encargado no pide nombres ni identificaciones. Al hotel Cozumel entra y sale cualquier persona. Los precios de las habitaciones van de 200 a 290 pesos, según el tamaño y número de camas. La de jacuzzi cuesta 430 pesos y la “suite Sr.”, 500 pesos y es “para cuatro personas”, según indica el tablero que, con faltas de ortografía, da la “bienvenida” a los huéspedes. De acuerdo con la Ley de Atención a Víctimas y el artículo 41 del Código Penal del DF, existe el Fondo para la Protección y Asistencia a las Víctimas del Delito (Favid) que recibe recursos económicos para la atención de las víctimas de delitos de alto impacto. Sin embargo, en los últimos cinco años dicho fondo redujo su presupuesto 86% y disminuyó el número de casos atendidos. Un estudio de la Clínica de Interés Público contra la Trata de Personas del ITAM, liderado por su coordinador, Héctor Pérez Rivera, asegura –con base en información obtenida vía el sistema de transparencia– que en 2010 dicho fondo tuvo 6 millones 485 mil pesos, con los que apoyó a 201 personas. Miguel Ángel Mancera era el procurador capitalino. Para 2011, el recurso bajó a menos de la mitad, con 2 millones 620 mil pesos (con los que ayudó sólo a 75 personas). En 2012 sumó 4 millones 585 mil pesos para 148 beneficiados. En 2013, ya con Mancera como jefe de Gobierno, y Rodolfo Ríos –su otrora exsecretario particular– como procurador, el fondo volvió a la austeridad con 2 millones 965 mil pesos y sólo apoyó a 54 víctimas, entre ellas, los familiares del caso Heaven. Para 2014 el presupuesto del Favid cayó a su nivel más bajo, con sólo 913 mil pesos, que apenas alcanzaron para apoyar a 22 víctimas o sus familiares. [gallery link="file" columns="2" size="main-block" ids="428888,428887"] “Por los suelos” Según una placa montada en la pared de la recepción, el hotel Cozumel está afiliado a la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles. En una simple búsqueda de referencias vía internet, está catalogado como de “dos estrellas” y los comentarios de los huéspedes son, en su mayoría, quejas. Destacan el ruido del bar que hay abajo, con música toda la noche, y el de las parejas que acuden para tener relaciones sexuales. En una reunión entre autoridades de la PGDJF con los representantes y familiares de las víctimas del caso Narvarte, Amalia Cruz reclamó a la subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito, María de los Ángeles López Peña, que enviaran a Mirtha Pérez a ese hotel, pese al estado emocional en el que estaba tras reconocer el cadáver de su hija. “La respuesta de la subprocuradora fue: ‘Pero ahí se quedó la familia de Yesenia (otra de las víctimas) y no dijo nada’”, relata Cruz a Proceso. El maltrato no paró ahí: “Cuando fuimos a identificar a Nadia, su mamá pidió verla. En el Forense, el personal iba a mover el cuerpo y se les cayó enfrente de ella. Lo pusieron en el suelo de un estacionamiento y le dijeron que sólo podía estar cinco minutos. Mirtha dijo: ‘Yo ya no quería tocarla de sentir que, aún sin vida, la seguían golpeando’”. Al día siguiente, la madre fue sometida a un interrogatorio de tres horas en el área de Trabajo Social del Adevi. “Le preguntaron: ‘¿Cuántos hijos tiene?’. ‘Tantos’. ‘¿Del mismo padre?’. ‘No’. ‘¿Y por qué se divorció del otro?, ¿y por qué no se casó?’. Fue un martirio”. El colmo fue que llevó ropa blanca para que vistieran a su hija en el servicio funerario, pero cuando el cuerpo llegó a Comitán, donde Nadia nació, iba desnudo. De inicio, la reacción de la subprocuradora López Peña ante los reclamos sorprendió a los abogados, pero cuando vieron su perfil profesional entendieron la razón: no tiene experiencia en el trato de víctimas. Según un comunicado de la PGJDF del 20 de marzo de 2015 –cuando fue nombrada por Ríos Garza–, la funcionaria es licenciada en derecho por la UNAM, con maestría en juicios orales por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal. Para Héctor Alberto Pérez Rivera, coordinador de la Clínica contra la Trata de Personas y el Centro de Acceso a la Justicia del ITAM, la atención de la PGJDF hacia las víctimas “está en la calle, por los suelos”. En entrevista, asevera que para la procuraduría “la víctima en el proceso no es una persona. Las pruebas que le hacen no sirven para acreditar la violación a un derecho, sino para acreditar la culpabilidad de un sujeto. Ése es el patrón: mientras les sirve, a la víctima la tratan como una prueba, por eso no le dan un lugar digno, por eso no acceden a la reparación del daño, por eso no acceden a la verdad, por eso las pruebas psicológicas no están orientadas a atender su dolor, sino a probar el delito”. El 14 de enero de 2014, durante la instalación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, acto encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, Mancera aseguró: “El derecho a la justicia se traduce en la posibilidad de contar con recursos judiciales adecuados, efectivos, con autoridades imparciales y, por supuesto, con una tarea de gobierno con visión de derechos humanos. Estaremos sumando esfuerzos con la federación y con las víctimas del delito, a quienes nosotros debemos todo nuestro respeto y todo nuestro compromiso de trabajo.” Desde mediados de diciembre de 2015, la reportera solicitó a la PGJDF una entrevista con la subprocuradora María de los Ángeles López Peña para tener su versión de los hechos y una explicación sobre la atención a las víctimas. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no había respuesta.