CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El fundador de Wikileaks, Julian Assange, pidió a Reino Unido y Suecia respetar la resolución emitida este viernes por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias en favor de su libertad. Desde la embajada de Ecuador, donde permanece desde hace cinco años y medio, Assange afirmó que su detención es ilegal y tanto Reino Unido como Suecia deben respetar la decisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que calificó su arresto como ilegal. “Es ahora tarea de Reino Unido y Suecia implementar el veredicto”, dijo el australiano quien advirtió que ambos países sufrirán consecuencias diplomáticas por haber debilitado el sistema de Derechos Humanos de la ONU signado por ambas naciones. Además afirmó que Suecia y Reino Unido tuvieron la oportunidad de apelar la resolución durante el proceso de indagación del comité de la ONU pero no lo hicieron. “Este es el final del camino para los argumentos legales que fueron presentados por Reino Unido y Suecia. Simplemente esos argumentos perdieron. No hay lugar para la apelación. Ese tiempo ya concluyó”, subrayó. Tras el fallo de la ONU, el ministro de Relaciones Exteriores de Reino Unido, Philip Hammond, aseguró que “es un veredicto francamente ridículo y lo rechazamos”. Assange, sostuvo, es un fugitivo de la justicia y advirtió que si pone un pie fuera será arrestado. Al respecto, el fundador de Wikileaks dijo que las declaraciones de Hammond son “insultantes” y no tienen sustento legal. “Tendrá un efecto diplomático y hará la vida difícil tanto a Suecia como a Reino Unido, al no cumplir con sus obligaciones legales”, consideró el periodista de 44 años. Sin dar oportunidad de preguntas a los periodistas que se dieron cita en el Frontline Club para atender la videoconferencia, Assange agradeció a la ONU por estudiar su caso durante 15 meses para llegar a su veredicto. Se trata, dijo, de una “victoria significativa que ha puesto una sonrisa en mi cara”. Assange ha estado privado de su libertad durante cinco años, un mes y 29 días, sin que a la fecha se le hayan imputado cargos o se le haya cuestionado. Sus abogados argumentan que la detención contraviene la presunción de inocencia, un derecho consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos.