Morelos: corrupción judicial

sábado, 6 de febrero de 2016 · 22:04
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Hace poco más de dos años me ocupé aquí de un caso de tráfico de influencias y corrupción que tuvo como protagonistas al exgobernador Sergio Estrada Cajigal y al actual gobernador, Graco Ramírez, en lo relativo a la sustracción por parte del cuñado de Estrada, Gerardo Gómez Borbolla, de la pequeña Regina, hoy de cuatro años, de su madre, Fernanda Alió (“Graco vs. Fernanda y Regina” http://www.proceso.com.mx/?p=363096). Las cosas van de mal en peor. Veamos. Primero. La violencia intrafamiliar y la sustracción de menores (delito consistente en el “secuestro” de niños o niñas por el padre o la madre que, entre otros supuestos, por resolución judicial no ejerza la guarda y custodia) se ha vuelto una práctica común en el país. Este caso, empero, tiene una relevancia que lo hace de interés público por las personas que intervienen y por los indicios de corrupción de las autoridades que deberían administrar justicia. En efecto, la pequeña Regina se encuentra ya con su madre Fernanda, pero impedida de salir del país porque el juicio familiar que lleva en Morelos no se ha resuelto en los términos de ley y hay un “extraño” retraso judicial, por decir lo menos. Después de la recuperación de Regina, Fernanda, ciudadana española, debió salir del estado de Morelos por la intimidación de que ha sido objeto desde el gobierno de Graco Ramírez. Se trata del caso del cuñado del exgobernador Estrada Cajigal quien sigue teniendo una presencia significativa en la entidad. Custodiadas ahora por agentes federales y de la Ciudad de México por intervención de la embajada española, Fernanda y Regina han sufrido en carne propia la impotencia de vivir en un país donde la ley es sólo un fetiche para casi todos. El asunto sería una estadística más si no concurrieran los delitos de lesiones y agresiones perpetradas por el exgobernador Estrada Cajigal y su cuñado, Gerardo Gómez Borbolla, contra Fernanda. El propio Gómez Borbolla le reclamó públicamente a la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, Nadia Luz María Lara Chávez, no haber cumplido el presumible acuerdo existente entre la magistrada Lara Chávez y Gómez Borbolla: “Es usted una descarada –le espetó textualmente Gómez Borbolla a la magistrada Lara Chávez en un video del que tengo copia–; usted me sentó en su escritorio con un abogado y me ‘bajaron’ 150 mil pesos. Me extorsionaron diciendo que yo ya iba a ver a mi hija y llevo un año sin verla”. Segundo. El servidor público en general no sólo debe ser honesto, sino parecerlo. Por esta razón, si fuera falsa la acusación que se le hizo, la magistrada presidenta del máximo órgano judicial de Morelos debió haber interpuesto un recurso legal para evitar cualquier suspicacia. El que calla otorga, dice el viejo adagio. Quizás la magistrada no quiso hacer más grande el asunto y decidió que lo mejor era guardar un prudencial silencio. Esta postura, sin embargo, se viene abajo por la acuciosa intervención de la embajada de España. El propio cónsul general de España en el país, Fernando Valderrama, le ha dado marcaje personal al asunto pidiendo que se cumpla la ley. Es lamentable que en México se deba recurrir al dinero, a relaciones o a una nación extranjera para que pueda cumplirse con el mandato de la ley. Y a veces ni eso da resultados, como en este caso. El 30 de octubre de 2015 el mismo cónsul español envió una misiva a la magistrada presidenta del órgano judicial morelense (cuya copia poseo), que entre cosas dice: “El pasado lunes viajé a Cuernavaca para entrevistarme con la juez titular del juzgado 10º de lo Civil en Materia Familiar, la licenciada María de Jesús López Chávez. Me pareció descortés visitar la sede judicial sin señalarle a usted mi presencia, por tanto subí a saludarla, pero sus colaboradores me dijeron que había tenido que salir… El motivo de mi presencia en Cuernavaca fue poner de manifiesto el gran interés de este Consulado (explicitado anteriormente en cartas que les dirigí tanto a usted como a la juez María de Jesús López Chávez) por el caso de la ciudadana española Fernanda Alió Llovera… En el asunto de la señora. Alió concurren circunstancias singulares y llamativas… la acusación también pública por parte del padre de la niña de haber sobornado… lo cual, por más que sea presumiblemente falso, constituye como mínimo un desacato a la judicatura. Lo excepcional del caso no sólo suscita la preocupación de este Consulado General, sino que lo ha hecho objeto de seguimiento por parte de la Secretaría de Estado de Asuntos Sociales del Gobierno Español y del Instituto de la Mujer. Por esas razones, este caso va a ser el primero que trataré con la Procuraduría General de la República en la entrevista que voy a mantener con la titular de la misma, dado el interés que distintas autoridades españolas tenemos”. Tercero. A dos meses y medio de la última comunicación enviada por el cónsul español a la titular del Poder Judicial morelense, la respuesta hasta ahora ha sido un oprobioso silencio tanto de la magistrada presidenta como de la juez que lleva el caso de la patria potestad de la pequeña Regina. El gobernador Graco Ramírez tampoco ha intervenido en el ámbito de sus atribuciones para ejecutar la ley a que está obligado; pareciera tenerle un desafecto personal a Fernanda porque ella acudió a distintos mecanismos de presión, entre ellos el juez Baltasar Garzón, razón por la cual sus policías “encontraron” a Regina milagrosamente después de que el mandatario recibió peticiones para que respetara los derechos humanos de una menor indefensa. Estos hechos permiten albergar la presunción fundada de que la corrupción no está alejada de las autoridades de Morelos. Peor aún, en las propias diligencias que Fernanda ha tenido que desahogar en Cuernavaca ha sido objeto de agresiones físicas en las inmediaciones de la sede del Poder Judicial sin que haya pasado nada. Tierra de nadie es ese estado. De ahí la protección de que gozan Fernanda y su hija frente a la impunidad y corrupción que se advierte en la entidad. Si todo esto le pasa a una ciudadana que cuenta con el apoyo total de su gobierno, ¿alguien se podrá imaginar lo que a diario sucede con las personas de a pie que se atrevan a defender sus derechos ahí? El mínimo estado de derecho se perdió en Morelos. Hay que encontrarlo ya. @evillanuevamx ernestovillanueva@hushmail.com ernestovillanueva.blogspot.mx

Comentarios