CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente sirio Bashar al Assad y altos mandos del ejército incurren en acciones de exterminio contra los presos opositores al gobierno, denunció este lunes la Organización de las Naciones Unidas (ONU). “El gobierno (de Siria) ha cometido los crímenes contra la humanidad de exterminio, asesinato, violación u otras formas de violencia sexual, la tortura, el encarcelamiento, la desaparición forzada y otros actos inhumanos”, subraya el último informe de la Comisión de Investigación de Naciones Unidas para Siria sobre la situación de los presos opositores al régimen. Añade: “En la República Árabe Siria tiene lugar violencia masiva y sistemática –incluyendo la matanza de presos en centros de detención oficiales y provisionales–, lo que ha sucedido fuera de la vista del mundo y ocurre lejos del campo de batalla”. De acuerdo con el informe presentado hoy en Ginebra, algunos grupos armados contrarios al gobierno establecieron lugares improvisados de detención, donde los soldados capturados leales al régimen de Al Assad fueron objeto de malos tratos y ejecutados. Por otra parte, denuncia que el grupo terrorista de Jabhat Al-Nusra ha establecido centros de detención en Idlib, donde la Comisión también ha documentado muertes en detención. “El grupo terrorista también llevó a cabo ejecuciones en masa de soldados gubernamentales capturados. Tanto algunos grupos armados contrarios al gobierno como Jabhat Al-Nusra han cometido crímenes de guerra como asesinatos, tratos crueles y la tortura”, indica. Y denuncia que el denominado Estado Islámico también ha cometido atrocidades contra los presos y abusos graves, incluyendo torturas y ejecuciones sumarias. Los detenidos fueron ejecutados con frecuencia después de tribunales improvisados sin autorización, los cuales emitieron sentencias de muerte, subraya el informe. El Estado Islámico ha cometido crímenes contra la humanidad como asesinato, tortura y crímenes de guerra, añade. Prosigue: “La situación de los detenidos es crítica y representa una crisis urgente y en gran escala, por lo que es imperativa la protección de los derechos humanos”. La Comisión liderada por el jurista brasileño Paulo Pinheiro y la juez suiza Carla del Ponte menciona que las conclusiones del informe se basan en 621 entrevistas, así como en diversos tipos de material documental, incluidas fotografías satelitales de la ubicación de las cárceles oficiales y provisionales. El informe de la Comisión dado a conocer en rueda de prensa examina la muerte de los detenidos entre el 10 de marzo de 2011 y 30 de noviembre de 2015, y describe atrocidades cometidas tanto por el gobierno, grupos de oposición y grupos terroristas contra hombres, mujeres y niños que se encuentran detenidos en condiciones inhumanas. Es por ello que “la rendición de cuentas para estos y otros delitos debe formar parte de cualquier solución política” subraya.