CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A una semana de la visita del Papa Francisco a Chiapas, Magaly del Carmen Cruz Pérez, esposa del activista asesinado Toni Reynaldo Gutiérrez López, y pobladores del ejido Nueva Esperanza, en el ayuntamiento de Tila, denunciaron la existencia de “un clima de preocupante violencia y conflictividad social” en el estado. A través de una carta, agregaron que en el estado gobernado por Manuel Velasco “se criminaliza la protesta social y el gobierno de Chiapas violenta los derechos humanos, además de que se alienta y han reactivado grupos de corte paramilitar y delincuencial los cuales operan con total impunidad”. Con este panorama, acusaron que “el gobierno pretende invisibilizar esta grave situación y aparenta atender a marchas forzadas las distintas protestas que se presentan con el objetivo de liberar la plaza catedral de San Cristóbal de las Casas”. Cruz Pérez denunció que a una semana de cumplirse siete meses de la desaparición forzada, tortura y ejecución sumaria de su esposo Toni Reynaldo Gutiérrez López, ha recibido llamadas de los regidores Ezequiel Gómez Pérez del PRI y Alejandro Díaz Martínez del PVEM del ejido Nueva Esperanza para que cese sus reclamos públicos de justicia y acepte la indemnización que le ofrecen. La mujer agregó que Edgar Leopoldo Gutiérrez Gómez, hermano del expresidente Limber Gregorio Gutiérrez Gómez, “quien ha sido señalado de promover la violencia en Tila y de encabezar a grupos de corte paramilitar del PVEM” convocó a una reunión el pasado 8 de febrero en la delegación de la Secretaría de Gobierno de Yajalón para supuestamente tratar el problema de la falta de autoridades del agente municipal en el ejido Nueva Esperanza. Según la denunciante, Gómez Pérez y Díaz Martínez condicionaron a ejidatarios y pobladores a abrir el diálogo sólo si Magaly del Carmen Cruz Pérez estuviera presente y que previamente aceptara los recursos que le daría el ayuntamiento de Tila por la desaparición forzada, tortura y ejecución de su esposo, además de comprometerse a ya no hacer ninguna acción legal ni de denuncia pública o en instancias de derechos humanos. “De no aceptar esta condición –dijo en la carta– ellos como ayuntamiento nombrarán al agente municipal y que tomarán por la fuerza y con su gente las oficinas y que tomarán acciones contra quien se oponga o siga manifestándose”. Cruz Pérez y los ejidatarios denunciaron también al jefe de Residencia de la Procuraduría de la Agraria David Torres Zetina, “ya que violando la ley agraria y la asamblea ha autorizado al grupo del PVEM para que funjan como autoridades del Comisariado Ejidal en una casa particular, lo que ha generado mayor enojo de los ejidatarios de Nueva Esperanza que exigen se nombre nuevas autoridades ejidales”. Según la acusación, esta “no es la primera vez que sujetos ligados a grupos paramilitares del PVEM realizan amenazas en contra de Magaly del Carmen Cruz Pérez y su familia, así como a mujeres y ejidatarios de Nueva Esperanza, para que desistan de exigir justicia por la desaparición, tortura y ejecución sumaria de Toni Reynaldo y de luchar por su derecho a elegir a sus autoridades”. Por ello, responsabilizaron al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, “de la vida, seguridad e integridad personal de Magaly del Carmen y su familia, de los pobladores de Nueva Esperanza y de quienes realizamos el acompañamiento como defensores de Derechos Humanos”.