CIUDAD DE MÉXICO, (Proceso).- A siete meses de la segunda fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, la PGR va perdiendo en los juzgados el caso contra los imputados por el escandaloso escape. Por un lado, los peritos de la procuraduría cuestionan las pruebas de cargo contra los supuestos funcionarios cómplices, todos de niveles bajos; por otro, esa instancia debió abrir, por órdenes de un juez, una averiguación previa por la presunta tortura que sufrió al ser capturado uno de los acusados, Édgar Coronel Aispuro, cuñado del capo. A la Procuraduría General de la República (PGR) se le desbarata el caso contra los acusados por la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán del Centro Federal de Readaptacion Social (Cefereso) número 1, El Altiplano, el 11 de julio de 2015. En el Juzgado Cuarto de Procesos Penales Federales de Toluca, donde se llevan las causas penales 48/2015, 55/2015 y 58/2015 relacionadas con la fuga, las acusaciones hechas por la PGR están debilitadas por fallas e ineficiencias durante la investigación y por los abusos cometidos durante la captura de algunos de los presuntos responsables. Los pasados lunes 1 y martes 2, los peritos José Abel Núñez e Inti García Salgado, expertos de la PGR, rindieron ante el juzgado testimonios clave que favorecen a los 20 exservidores públicos acusados de permitir que El Chapo huyera. En sus testimonios, los peritos evidenciaron que el video con audio de la fuga del Chapo, usado como una de las principales pruebas contra los 12 policías federales y los dos agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) detenidos, no puede tomarse en cuenta para responsabilizar a los funcionarios, pues el audio es de mala calidad, además de que la PGR no preservó las evidencias ni la escena del crimen. Así lo señala en entrevista con Proceso Alberto de la Cruz, abogado de 11 de los policías federales detenidos por la fuga. “No proteger la escena del crimen es una violación grave al debido proceso. La PGR no cuidó las pruebas en un caso tan delicado –afirma De la Cruz–. Podemos sostener la teoría que tenemos desde el principio: que la acusación fue hecha al vapor por parte de la Procuraduría para tener un culpable y no llegar a la verdad de los hechos.” A su vez, la defensa de Óscar Manuel Gómez Núñez, abogado del Chapo detenido en octubre último, acusado de ser el cerebro de la fuga, señala a este semanario que las pruebas contra éste y contra Lázaro Araujo Burgos son débiles. A Araujo se le acusa de dirigir la construcción del túnel por donde presuntamente escapó Guzmán; pero, según se afirma, no sabe leer ni escribir. De acuerdo con la información obtenida y que forma parte de la causa penal 58/2015, Édgar Coronel Aispuro, cuñado de Guzmán Loera detenido el 19 de agosto en Culiacán, fue torturado por efectivos de la Policía Federal (PF) y la Marina; por orden del juzgado, la PGR tuvo que abrir una averiguación previa para indagar esa presunta tortura. La fuga de Guzmán Loera sigue sin ser esclarecida. Hasta ahora sólo hay detenidos funcionarios de medio y bajo nivel, y presuntos colaboradores externos del capo, también de bajo nivel. El supuesto caso sólido anunciado por la procuradora Arely Gómez el 21 de octubre pasado se resquebraja. PGR contra PGR El 12 de julio de 2015 –un día después del escape– un grupo de peritos de la PGR llegó poco antes de las 09:00 horas al Cefereso El Altiplano para recolectar evidencias e investigar la fuga de Guzmán Loera. Uno de ellos fue el perito en video José Abel Núnez, según consta en la averiguación previa. Los peritos extrajeron del Departamento de Informática del penal –bajo control del Cisen– un video con audio de la cámara de seguridad que vigilaba exclusivamente la celda 20, la de Guzmán Loera; pero nunca se etiquetaron las computadoras que grabaron el video. Según el expediente, en el video se escuchan golpes de metal contra cemento minutos antes de que Guzmán Loera desapareciera de su celda ante la vista de los efectivos del Cisen asignados exclusivamente para monitorear al capo las 24 horas (Proceso 2022). La declaración de los agentes del Cisen que estaban a cargo ese día indica que el video “se pasmó” y por eso no pudieron escuchar los golpes ni vieron cuando El Chapo se esfumó. Sin embargo, según la averiguación previa en ese video no había ninguna interrupción. Ese mismo día se revisó el Centro de Monitoreo del Altiplano, controlado por la PF y también se extrajo el video de la celda 20. Los policías federales acusados señalaron ante el juez que no habían alcanzado a escuchar los golpes mientras se perforaba el piso de la celda y por eso no habían notado que el capo estaba a punto de fugarse. Acusados de omisión están detenidos los policías federales Jaime Galindo, Erick Sorcia, Herminio González, Miguel Ángel Cortés, Emmanuel García, Luis Alberto Aguilar, Vicente Flores, Arturo Hernández, Agustín Jiménez, Reyes Amir Mota, Oswaldo Gastón Veytia y Miguel Ángel Flores. Los primeros once son representados por De la Cruz. Por el mismo cargo están detendios los agentes del Cisen Juan Carlos Sánchez y José Daniel Aureoles. Como parte del desahogo de pruebas solicitadas por De la Cruz y los abogados de defensa de los agentes del Cisen, el lunes 1 José Abel Núñez, quien analizó el audio del video de la fuga, declaró ante el juez que no se escuchaban claramente los golpes; que a él le tomó mucho tiempo poder distinguirlos. Los policías federales habían argumentado en su defensa que sí tenían acceso al audio, pero no habían distinguido los golpes; en su comparecencia, el perito de la PGR les dio la razón, aunque en un video de la fuga con audio filtrado a Televisa en octubre pasado sí se escucha el golpeteo de metal contra cemento. “En el momento de desahogar el testimonio señala (el perito) que para llegar a la conclusión de que había golpes contra el cemento tuvo que escuchar muchas veces los audios, porque en muchos casos eran inaudibles. Si él como perito especialista en audio no pudo escuchar a la primera los ruidos, mucho menos personas ordinarias como los policías federales al momento de la fuga”, afirmó De la Cruz. “(Los ruidos) no eran claramente un signo de que el señor estaba a punto de fugarse porque había otros ruidos dentro de la celda”, recalcó. El perito Inti García Salgado determinó ante el juez, el martes 2, que cuando hizo las extracciones del Centro de Monitoreo y del Departamento de Informática del video de la fuga, el 12 de julio, las computadoras que lo grabaron y eran parte de las pruebas del escape: “No estaban embaladas, no estaban señaladas como indicio de una averiguación previa, ni el área estaba resguardada sino era un área contaminada”, señala De la Cruz. “Ahí tenía la obligación la PGR de seguir sus protocolos para resguardar el área del crimen y no lo hizo; es un área contaminada totalmente y no podemos saber si los videos que él (el perito) extrajo fueron manipulados antes de su extracción”, dice De la Cruz. En agosto de 2015 García Salgado regresó al Altiplano con la orden del Ministerio Público de hacer unas pruebas para saber si el video “se pasmó”, como declararon inicialmente los agentes del Cisen. Pero las computadoras no estaban resguardadas; siguieron siendo utilizadas por el personal del penal. “La procuradora nos quiere vender pruebas que han sido viciadas”, acusa el abogado. “La PGR debió haber resguardado esa información para que pudiera ser materia de prueba. Eso no es capricho de la defensa, está establecido en los manuales de la Procuraduría tanto en cadena de custodia como en el resguardo de la zonas del crimen”. De la Cruz señala que hasta este momento, siete meses después de la fuga, la PGR no ha acusado a los policías federales de haber recibido algún pago por permitir la fuga; el único señalamiento es la omisión por no haber emitido a tiempo el código rojo. Aseguró que los testimonios de los peritos son muy importantes para la puesta en libertad de sus once clientes, pero también benefician a los otros nueve detenidos, como los agentes del Cisen; custodios; Valentín Cárdenas, director del penal; Leonor García; directora jurídica; y Celina Oceguera, excoordinadora nacional de Ceferesos, quienes fueron detenidos en septiembre de 2015 como los funcionarios de más alto nivel responsables de la fuga. En una entrevista anterior con esta reportera, el abogado ya había señalado que los policías federales reportaron puntualmente a sus superiores todas las anomalías dentro del penal antes de la fuga. Lo hicieron con tarjetas que entregaban a Mauricio Enríquez, director del Centro de Monitoreo Técnico, quien despachaba en las oficinas centrales de Constituyentes y en la cadena de mando llegaban hasta Ramón Pequeño, jefe de la División de Inteligencia de la PF. Los policías federales informaron que los sensores geofísicos de la cárcel no funcionaban, que algunas cámaras no operaban adecuadamente, de los extraños trabajos de impermeabilización que se hicieron en época de lluvias en el área de Tratamientos Especiales y el cambio de azulejos precisamente dos meses antes de la fuga. En el expediente de la fuga, del cual se tiene copia, los agentes del Cisen declararon a la PGR que de todas las irregularidades, conversaciones e indicios obtenidos de la vigilancia de Guzmán Loera fue informado su jefe, José Luis Colín, director de Seguridad Institucional. Entre esa información estuvo el reporte que hicieron de que entre marzo y abril de 2015 “la gente” del Chapo buscaba los planos del penal, y también alertaron sobre la visita –amparada en papeles falsos– que le hizo la diputada local Lucero Guadalupe Sánchez. Pero entonces nadie quiso investigarla. Pequeño, Enríquez y Colín no han sido indiciados o sancionados administrativamente por la Secretaría de la Función Pública. “Hay cosas que no están muy claras por parte de la PGR… no queda claro cuál fue el criterio, hubo personas que estuvieron trabajando en la misma área en el mismo momento y hay personas que están detenidas y hay quienes no lo están”, afirma De la Cruz. Tortura El pasado 21 de octubre la procuradora Gómez anunció en conferencia de prensa la detención de cuatro personas que ayudaron a Guzmán Loera a construir el túnel, escapar del penal y transportarse al Triángulo Dorado en avioneta. Con eso dio por desmantelada la red de cómplices del capo. Entre los cuatro detenidos están Édgar Coronel Aispuro, Lázaro Araujo Burgos –a quien los medios apodaron El Señor de los Túneles– y el abogado de la defensa del Chapo, Óscar Manuel Gómez Núñez. A Coronel, de unos 20 años y cuñado de Guzmán Loera, la procuradora lo acusó de organizar y supervisar la construcción del túnel. “Además fue el responsable de organizar la salida y traslado del evadido, hasta uno de los sitios donde se ha refugiado”. La defensa del cuñado del Chapo le indica a este semanario que Coronel fue arrestado junto con Héctor Ernesto Carrasco Ruiz, por policías federales, el 19 de agosto de 2015. Supuestamente los detuvieron con dos armas y un paquete de cocaína y fueron entregados a efectivos de la Marina. “Fueron golpeados y torturados. Édgar está detenido con base a pruebas donde se violaron sus derechos humanos”, dice la defensa. También afirma que les sembraron las armas y la droga. Cuando el joven fue presentado ante el Juzgado Cuarto de Procesos Penales Federales de Toluca, el juez consideró que había elementos suficientes y ordenó a la PGR que se iniciara una averiguación previa por la tortura. Araujo fue acusado por la titular de la PGR de ser “el responsable de organizar y dirigir la construcción del túnel…” la cual requirió geólogos, ingenieros, topógrafos y expertos en mecánica de suelo. La defensa de Gómez Núñez afirma que cuando se detuvo al supuesto Señor de los Túneles no se le informaron de las razones de su captura, cuáles eran los cargos ni quién lo acusaba, como lo ordenan las leyes nacionales e internacionales. Lo que se reconoce es que sí estuvo presente un abogado de oficio. “Únicamente se le mostró un parte informativo, pero no sabe leer”, señala la fuente consultada. Araujo declaró a su vez contra Gómez Núñez, pero presuntamente esa prueba es “ilícita” por la forma en la cual fue obtenida. Respecto a la situación de Andrés Granados, otro de los abogados del capo, se afirmó que pese a las imputaciones que hicieron en sus declaraciones los agentes del Cisen –de ser quien metió al penal a la diputada Sánchez y de ser quien le conseguía al Chapo los contactos con jueces, magistrados y hasta con Kate del Castillo–, la PGR no ha podido fincarle ningún cargo pese a que ha sido presentado para declarar al menos dos veces. El día de la fuga fue retenido 24 horas, y el día de la reaprehensión de Guzmán Loera también fue interrogado muchas horas. “Guzmán logró escapar de la prisión, pero ni él ni quienes lo ayudaron escaparán de la justicia” sentenció la titular de la PGR el 21 de octubre pasado, cuando dio a conocer los avances de la investigación. Tres meses después esa frase se desmorona.