CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revisará el caso del asesinato de un niño de seis años a manos de cinco adolescentes en Chihuahua, ante una denuncia contra el Estado mexicano presentada por la madre de la víctima. La Secretaría Ejecutiva de la CIDH notificó el martes 9 a la defensa de la víctima que el caso “se encuentra actualmente bajo estudio”, con la reserva de que el organismo interamericano se pronunciará después si lo admite o no. El anuncio de la CIDH ocurrió el mismo día en que iniciaron las audiencias intermedias para que la fiscalía de Chihuahua, la defensa y los abogados de los adolescentes presenten sus pruebas, además de los peritajes para determinar los hechos ciertos de la tragedia ocurrida el 14 de mayo de 2015. El homicidio ocurrió en un arroyo que se encuentra de la colonia Las Laderas de San Guillermo II, detrás del Centro de Readaptación Social (Cereso) número 1, en el municipio Aquiles Serdán, en las afueras de la capital del estado. Representada por el abogado Víctor Alonso Tadeo Solano, la madre del menor CRMM acudió en septiembre del año pasado ante la sede de la CIDH, en Washington, para presentar una denuncia en contra del Estado mexicano. La pretensión de la defensa es que se hagan valer la Declaración Universal de los Derechos de los Niños y las reglas mínimas para la administración de la justicia para menores en relación con los principios de excepcionalidad y proporcionalidad. La defensa del menor pide medidas sancionadoras privativas de libertad para los cinco adolescentes que cometieron el crimen, cuyas edades al momento del homicidio oscilaban entre 15 años un mes y 12 años y 7 meses. Entre ellos, hay dos mujeres, una de las cuales ha sido señalada como instigadora. La Fiscalía General de Chihuahua propuso la privación de la libertad para el adolescente de 15 años, internamiento psiquiátrico para otro y libertad asistida con tres años de programas educativos y de orientación para el resto, de acuerdo con lo establecido en el Código de Adolescentes para el estado. Después de la valoración de las pruebas y la determinación de los hechos reales se iniciará el juicio oral, pero en tanto la justicia federal tendrá que pronunciarse respecto a las sanciones propuestas y a la interpretación de la legislación internacional de protección a los menores y los principios de proporcionalidad y excepción. La madre de la víctima se inconformó con las sanciones propuestas por la fiscalía. A través de un juicio de amparo en revisión, el caso está en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Distrito con sede en Chihuahua, Chihuahua. El presidente del tribunal, Ángel Gregorio Vázquez, es el ponente, pero el proyecto de resolución está en manos de su secretario Julio César Montes García. El otro integrante del tribunal es José Octavio Rodarte Ibarra, quien es secretario en funciones de magistrado. Además, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe decidir si ejerce su facultad de atracción para interpretar los derechos nacionales e internacionales del menor en relación con los principios de proporcionalidad y excepción establecidos en el Código estatal para adolescentes, como lo solicitó la defensa de la víctima.