Reprueba CEAV que gobierno de Duarte criminalice a la reportera Anabel Flores

XALAPA, Ver. (apro).- Con la vigilancia de elementos de la Policía Estatal y de la Fuerza Civil se realizó el cortejo fúnebre de la reportera Anabel Flores Salazar.

En el traslado de los restos de la funeraria a la iglesia y luego al panteón de Orizaba, familiares y amigos de la reportera fueron fuertemente custodiados por cuerpos policiacos.

La criminalización que hizo la Fiscalía General del Estado (FGE) al vincularla con el presunto delincuente Víctor Osorio Santacruz El Pantera, horas después de que Anabel fuera “levantada” por un comando vestido con uniformes tipo militar, inhibió la asistencia de la prensa local y regional.

Sin embargo, medios de comunicación nacionales e internacionales asistieron a dar cobertura al hecho.

La vinculación del crimen organizado con la periodista también fue alimentada por la oficina de prensa del gobierno de Javier Duarte, quien incluso manipuló varias notas periodísticas para boletinar la supuesta relación de Anabel Flores con El Pantera.

En la funeraria y en la iglesia donde se celebró una misa de cuerpo presente, los familiares de Anabel Flores pidieron a los medios que asistieron respetar el duelo, razón por la que no se pudieron obtener impresiones de este nuevo homicidio doloso que enluta a la prensa veracruzana.

El secretario ejecutivo de la Comisión Estatal de Atención para la Protección de Periodistas (CEAPP), Geiser Manuel Molinari, lamentó la criminalización que hizo la FGE de la reportera, pero reparó en que ahora la Fiscalía estará obligada a demostrar el supuesto vínculo delincuencial.

La madrugada del pasado lunes 8 Anabel Flores, reportera de El Sol de Orizaba y experiodista de El Buen Tono y de El Mundo de Córdoba, fue levantada por un comando en el interior de su casa en el municipio de Mariano Escobedo y llevada a bordo de un vehículo con rumbo desconocido.

Un día después su cuerpo fue encontrado tirado en la carretera de Tehuacán, Puebla, maniatado, con una bolsa en la cabeza y atado de manos.

Hoy, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) reprobó “categóricamente” el homicidio de la periodista veracruzana.

En un comunicado indicó que las personas que han sido víctimas de algún delito o violación de sus derechos humanos tienen la prerrogativa a no ser objeto de especulaciones públicas sobre su pertenencia al crimen organizado o su vinculación a alguna actividad delictiva, tal como lo establece la Ley General de Víctimas.

“La CEAV llama a los medios de comunicación a que, en un necesario ambiente de sensibilidad y respeto, no reproduzcan las versiones que criminalizan a Anabel Flores ni a ninguna otra persona que ejerza el periodismo o haya sido víctima de delito”.

La Comisión exhortó a las autoridades para que se realice una investigación seria, profunda y sensible, que determine las causas del homicidio y dé con los culpables para que se les aplique la ley.

Un día después del asesinato de Anabel Flores, reporteros de la región Córdoba-Orizaba manifestaron su preocupación por las amenazas recibidas de presuntos integrantes de Los Zetas, quienes han llamado a sus teléfonos móviles o la redacción de los periódicos donde trabajan.

Dos de los periodistas, quienes pidieron el anonimato, señalaron a Apro que al parecer se trata de supuestos delincuentes que fueron capturados junto con José Márquez Balderas, El Chichi, o Josele Márquez Balderas, El Chichis, los cuales obtuvieron su libertad tres días después.

Destacaron que las amenazas van dirigidas a quienes cubren la fuente policiaca o a quienes trabajan en El Buen Tono, que el pasado viernes 5 tituló en su portada de la nota roja: “Juez libera al Chichi, otra vez la corrupción”.

“Ayer nos reunimos con Rene Álvarez, de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en Contra de la Libertad de Expresión; creemos que las amenazas son serias y que la autoridad no las está tomando con la debida seriedad”, afirmaron los periodistas.

Al día de hoy, seis comunicadores han acudido a la Fiscalía Regional con sede en Córdoba y presentaron denuncia formal por las amenazas que han recibido de la delincuencia organizada.

Con Anabel son ya 17 periodistas asesinados en lo que va de la administración de Javier Duarte de Ochoa.

 

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